Las empresas podrán reclamar a Competencia si ven vulnerada la unidad de mercado

• No tendrán que esperar a una resolución judicial para ejercer su actividad
• Con una licencia única podrán operar en todo el territorio español

La ley de unidad de mercado pretende asegurar la libre circulación de bienes y servicios en toda España

Las empresas que ofrezcan sus servicios y productos en España podrán acudir a la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia si consideran que los actos o sanciones de las Administraciones Públicas vulneran la unidad de mercado.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley de unidad de mercado que pretende asegurar la libre circulación de bienes y servicios en todo el territorio español. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que se trata de la reforma "de mayor calado en apoyo a las empresas y para la creación de empleo".

La ley está inspirada en el principio de licencia única, lo que significa que si una empresa cumple la normativa de una comunidad autónoma no se le pueden exigir requisitos adicionales para comercializar sus productos y servicios en otra autonomía. Así, se elimina en la práctica el coste de tener que someterse a 17 regulaciones distintas para vender en toda España.

De Guindos: el proyecto de ley de unidad de mercado afecta de forma positiva a las pymes

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado que la norma beneficia "especialmente a las empresas de menor capacidad económica" que no tienen departamentos jurídicos para liidar con la fragmentación del mercado desde el punto de vista legal.

Decisión en cinco días

El texto contempla que el nuevo organismo de Competencia deberá decidir en un plazo de cinco días sobre las reclamaciones de las empresas. Una vez admitida a trámite, la CNMC recurrirá ante la Audiencia Nacional que podría suspender de forma automática la decisión o sanción administrativa.

Con esta vía de resolución de conflictos, las empresas y profesionales no tienen que esperar a una resolución judicial para ejercer su actividad lo que evita costes de tiempo y dinero. Las administraciones tendrán tres meses para hacer alegaciones.

La ley incluye el principio de no discriminación y además garantiza la igualdad de condiciones en toda España. Es decir, evita requisitos de autorización como que los empleados de una empresa hayan tenido que recibir formación en una comunidad autónoma determinada.

De Guindos ha subrayado que "facilita la vida empresarial en España" y ha recordado que la norma ha incluido 15 informes de los municipios, las CC.AA. y del Consejo de Estado. Ahora la ley tiene que cumplir con su trámite parlamentario.

Base de datos común

La norma establece la integración, en una base de datos común, de los registros sectoriales de las Administraciones Públicas. Además se fija un procedimiento de intercambio de información especial y abreviado para ejercer la supervisión entre autoridades de origen y destino.

Las AA.PP.  deberán cooperar a la hora de elaborar proyectos normativos y las memorias de nuevas leyes tendrán que evaluar su impacto en la unidad de mercado.

La normativa incluye un procedimiento mediante el cual los operadores podrán exponer ante un "órgano de Estado", el denominado Consejo Nacional de Unidad de Mercado (CNUM), las dificultades económicas o jurídicas que les provoca la dispersión normativa. El CNUM intentará que converjan las diferentes regulaciones autonómicas basándose en un principio de colaboración y en la búsqueda de elementos de control y supervisión entre administraciones.

Además se limitan los supuestos en los que las AA.PP. pueden someter a autorización el ejercicio de actividades económicas y se prohíbe exigir requisitos basados directa o indirectamente en el lugar de residencia del operador.

Impacto económico

La norma busca reducir la "maraña administrativa" de España y podría elevar 1,52 puntos el PIB en diez años, según un estudio del Ministerio de Economía y Competitividad. Sáenz de Santamaría ha explicado que, según estos cálculos, la norma podría elevar el PIB un 0,15% lineal al año, unos 1.500 millones de euros en cada ejercicio.

El Gobierno considera que la dispersión normativa supone “un claro desincentivo a la inversión extranjera” e impide a las empresas beneficiarse de las economías de escala.

La medida “permitirá a España mejorar en los ránkings internacionales de competitividad”, según el Ejecutivo.