La Junta de Andalucía pagará la defensa de los altos cargos imputados en el caso de los ERE

• La decisión requerirá la aprobación de los servicios técnicos
• La juez imputó la semana pasada a 20 altos y ex altos cargos de la Junta
• La Fiscalía pide un calendario "razonable" de declaraciones para avanzar

El Gobierno andaluz pagará los abogados de los altos cargos de la Junta que están en activo y de los funcionarios públicos imputados en el caso de los ERE por la juez Mercedes Alaya, si así lo aprueban sus servicios técnicos.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que el pago de esta defensa se recoge en el reglamento del servicio jurídico de la Junta, y ha aclarado que solo afecta a los altos cargos en activo y a los funcionarios públicos.

La juez Mercedes Alaya imputó la semana pasada a una veintena de altos cargos de la Junta, entre ellos al viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, junto a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido este mismo martes que la juez Mercedes Alaya fije un "calendario razonable" para la declaración de los veinte nuevos imputados.

En un escrito presentado ante el juzgado de Alaya, la Fiscalía exige "la fijación de un calendario razonable para la declaración de todas estas personas imputadas, de forma que se pueda proceder a la concreción de los hechos delictivos que se imputan conforme el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Obligación de la Junta

El viceconsejero de la Junata ha expuesto que ante el hecho de que un alto cargo o funcionario en activo de la administración pida acogerse a la norma vigente, esto es, el Reglamento de los Servicios Jurídicos, la Junta tiene la  "obligación de cumplir la ley".

Ha expuesto que, de acuerdo con esa normativa, se puede defender o no a esos cargos o se "puede abonar la asistencia letrada privada". Ha indicado que, por norma general, las personas imputadas ocupando cargos en la Junta han buscado una defensa privada. 

Vázquez ha manifestado que, sin duda,  estamos en el "mundo al revés", porque desde la semana pasada se conoce que hay un auto donde se imputa a 20 cargos y excargos de la administración autonómica y estos todavía no han recibido la notificación oficial por parte del juzgado.

“El sistema debería funcionar de otra manera“

"El sistema debería funcionar de otra manera, y la parte afectada debería ser la primera en recibir la información y no enterarse a través de los distintos medios de comunicación", ha indicado el portavoz del Ejecutivo. 

Preguntado sobre si la defensa de esos imputados la va a asumir la Junta, Vázquez ha señalado que la administración autonómica va a aplicar "estrictamente" el Reglamento de sus servicios jurídicos, lo que quiere decir que aquellas personas que ocupen un cargo actualmente o funcionarios en activo "podrán pedir el servicio o el pago de la defensa en causas judiciales".

Ha apuntado que no puede dar más información al respecto porque aún no se sabe cuántos van a recurrir al no haber recibido la notificación oficial del juzgado.

Un auto "perfectamente recurrible"

Para el portavoz, ese auto de la juez en el que imputa a 20 cargos y excargos de la Junta es "perfectamente recurrible" y en él se señala a personas que son "honestas, honorables y que han hecho un buen servicio a Andalucía".

"Es un auto que parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal", según ha indicado el portavoz del Ejecutivo, quien ha apuntado que la Junta opina, al igual que importantes juristas, que hay cierta "inconsistencia" en el propio auto. 

Preguntado sobre si la Junta como tal va a recurrir el citado auto, ha señalado que la administración autonómica quiere andar con "pies de plomo" y, al igual que va a colaborar estrechamente con la justicia hasta el final, va a hacer públicas sus discrepancias.

"La Junta no va a adoptar inicialmente esa posición", ha indicado el portavoz sobre un posible recurso de la propia administración.

Sin motivos para imputar a Griñán

Asimismo, el portavoz del Ejecutivo ha expresado que "no hay motivos" ni para la imputación del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el caso de los ERE ni de ningún otro miembro del Consejo de Gobierno.

"Nosotros no vamos a avanzar acontecimientos, esperemos a que la justicia actúe y en función de los acontecimientos que ocurran, tomaremos las decisiones pertinentes", Vázquez, quien ha insistido en que el Ejecutivo no va a caer en hacer "juicios apriorísticos ni futuribles".

La Fiscalía pide "avanzar en la instrucción"

Mientras, la Fiscalía pide un calendario razonable ante "la necesidad de avanzar en la instrucción" de la  causa "garantizado adecuadamente los derechos y garantías de todos los imputados hasta la fecha", que suman un centenar.

En un escrito presentado ante el juzgado de Alaya, la Fiscalía exige "la  fijación de un calendario razonable para la declaración de todas estas  personas imputadas, de forma que se pueda proceder a la concreción de  los hechos delictivos que se imputan conforme el artículo 775 de la Ley  de Enjuiciamiento Criminal".

La Fiscalía hace esta petición ante  "la necesidad de avanzar en la instrucción" de la causa "garantizado  adecuadamente los derechos y garantías de todos los imputados hasta la  fecha", que suman un centenar.

En el auto con las nuevas  imputaciones, la juez había fijado la primera declaración para el 25 de  julio del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez.

En su escrito, la Fiscalía reitera las peticiones hechas en anteriores  ocasiones para contar con más personal que estudie la "ingente cantidad  de documentación" del caso, así como que el equipo técnico de la Cámara  de Cuentas aporte sus conclusiones tras el trabajo sobre los  procedimientos de ejecución presupuestaria.

Tras el auto con las  veinte nuevas imputaciones, la Fiscalía señala que sus peticiones  adquieren "si cabe, una mayor relevancia", y recuerda que una de ellas  es que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Intervención  General del Estado informen de sus investigaciones sobre el pago de  ayudas sociolaborales y a empresas.