Bruselas quiere tener la última palabra para decidir cuándo y cómo liquidar un banco

• Con su propuesta de una autoridad común, la Comisión desafía a Berlín
• Alemania defiende la creación de una red de autoridades nacionales
• La voz de alarma la daría el BCE, en su papel de supervisor bancario europeo
• El país donde esté el banco afectado no podría frenar su liquidación

Bruselas quiere tener la última palabra para decidir cuándo y cómo liquidar un banco

La Comisión Europea quiere tener la última palabra para decidir si es necesario liquidar un banco en dificultades y así lo ha introducido en la propuesta que presenta este miércoles sobre la creación de una autoridad común que se encargue de aplicar de forma unificada las normas de reestructuración y liquidación bancaria europeas diseñadas a finales de junio por el Ecofin. En ese documento, Bruselas también plantea establecer un fondo de resolución único con aportaciones de los bancos, que podría alcanzar los 70.000 millones de euros en diez años.

El proyecto de la nueva directiva -que ha recibido este miércoles la aprobación unánime del colegio de comisarios- debe ser debatido por el Parlamento Europeo y los  Veintiocho en un proceso que se anuncia complicado, ya que algunos Estados se oponen   a las intenciones de Bruselas, que sin embargo confía  en que la   iniciativa se apruebe antes de que termine esta legislatura  europea en   mayo de 2014.

"Hemos pensado que una institución comunitaria –con experiencia en ese ámbito y en las ayudas de Estado- apretará el botón que desencadene la puesta en marcha de la propuesta elaborada" por la autoridad de resolución, ha explicado el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, durante la rueda de prensa posterior a la reunión que ha dado luz verde a su propuesta.

Si se lograse aprobar la directiva antes de mayor del año que viene, la  autoridad común de liquidación -bautizada como Consejo Común de Resolución-  y el fondo de resolución europeo  entrarían en vigor en 2015.

Berlín, en contra

Según el derecho comunitario, una autoridad de este tipo no puede tomar por sí misma la decisión de liquidar un banco, por lo que la Comisión Europea pretende asumir esa tarea con el argumento de que es la única forma de tomar "decisiones de manera rápida y eficiente", según señala en un comunicado el comisario europeo de Mercado Único, Michael Barnier.

Esta propuesta de la Comisión Europea contradice la postura de Alemania, que apuesta por crear una red de autoridades de resolución nacionales, ya que considera que para crear una autoridad única de liquidación bancaria es necesario cambiar los tratados comunitarios.

España se ha mostrado"flexible" y el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado que se podría aceptar de  forma provisional  -como pide Berlín- "una coordinación entre las  autoridades de  resolución nacionales, que actúen de una forma  homogénea". No obstante,  Guindos ha defendido que el objetivo "a  medio plazo" debe ser crear una "única autoridad de resolución".

El Ejecutivo comunitario insiste en la legalidad de su fórmula. "Hemos trabajado escrupulosamente en la certeza jurídica de texto", ha asegurado Michel Barnier en una rueda de prensa tras la aprobación de su propuesta. El comisario ha explicado que la creación de la autoridad común de resolución está amparada por el artículo 114 del actual Tratado, ya que un sistema bancario saneado es imprescindible para la estabilidad del euro.

Sin embargo, Barnier no ha descartado una futura modificación del Tratado como la exigida por Berlín, con la que "se podría puntualizar y mejorar el sistema" ahora propuesto por Bruselas. "Estamos dispuestos a trabajar en ello, pero nuestra obligación inmediata es solucionar los problemas que tenemos. Esa es nuestra responsabilidad, hemos buscado la manera de hacerlo y la hemos encontrado dentro del Tratado actual", ha reiterado el responsable de Mercado Interior.

Autoridad directa sobre 6.000 bancos europeos

Según la propuesta de la Comisión, esa nueva autoridad sería responsable directa de los 6.000 bancos de la zona del euro y de los otros Estados miembros que deseen participar. Se trata de un nuevo intento de poner bajo el paraguas europeo a todas las entidades bancarias de la eurozona, después de que el diseño final del supervisor común europeo estableciese su control directo solo sobre unos 200 mayores bancos, dejando fuera, por ejemplo, a las cajas de ahorro alemanas.

El proceso de rescate de un banco se iniciaría cuando el BCE, ya como supervisor común de la banca europea, diese la voz de alarma. Entonces, la autoridad común de resolución estudiaría la situación del banco afectado y elaboraría una propuesta de plan de liquidación que pasaría a la Comisión Europea, que debería dar el visto bueno definitivo y decidir en qué momento se liquida el banco.

El Consejo Común de Resolución estaría compuesto por las autoridades competentes en cada país de la liquidación de bancos, así como representantes de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE). "Hemos pensado en una agencia con una plantilla 300 personas, que no son muchas si se tiene en cuenta que en EE.UU. trabajan en eso 7.500 personas", ha explicado Barnier.

El voto en contra del país al que pertenezca el banco afectado no podría frenar la intervención. Sin embargo, el comisario ha explicado una excepción: siempre se necesitará el visto bueno del Estado afectado cuando, dentro del plan de resolución, se considere necesario recurrir a ayudas estatales.

Ya con el visto bueno de Bruselas, las autoridades nacionales encargadas de liquidar entidades se encargarían de aplicar el plan de resolución bajo la supervisión de la autoridad europea, que podrá dar órdenes directas al banco afectado si considera que no se está siguiendo su programa de liquidación.

Un bote común de los bancos de hasta 70.000 millones

Además, la Comisión Europea prevé la creación de un fondo de resolución europeo dotado con aportaciones de los bancos, "que mutualizará los fondos similares nacionales", según ha señalado Barnier en su comparecencia.

La dotación de ese bote común se incrementaría gradualmente con una aportación anual mínima de 5.500 millones de euros por parte del sector bancario hasta alcanzar en 2025 una cantidad equivalente al 1% de los depósitos garantizados por el sistema (según los datos de 2011, ese porcentaje equivaldría a 55.000 millones).

Si los depósitos crecen, también debería aumentar el fondo de resolución, por lo que algunas fuentes comunitarias estiman que su dotación oscilará dentro de diez años entre los 60.000 y los 70.000 millones de euros.

Nuevas normas para ayudas estatales a la banca

Como la nueva autoridad se prevé entre en vigor en 2015 y las normas recogidas en la directiva no estarán en marcha por completo hasta 2018, si se necesita inyectar fondos públicos en alguna entidad en riesgo de quiebra en ese período intermedio, habrá que hacerlo siguiendo las nuevas normas de ayudas estatales al sector bancario, cuya nueva formulación ha aprobado también este miércoles la Comisión Europea y que se aplicarán a partir del próximo 1 de agosto.

Desde el comienzo de la crisis bancaria -tras el desplome del estadounidense Lehman Brothers-, las restricciones de las ayudas estatales a la banca se han ido modificando para adaptarlas a la excepcionalidad de la situación, que obligó a muchos Estados a socorrer a parte de sus sistemas financieros.

La última de esas modificaciones -elaborada por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia- se basan en la fórmula puesta en práctica en el rescate bancario español. Así, los bancos que requieran ayudas públicas deberán presentar un programa de reestructuración "convincente" que incluya un plan de captación de capital por sus propios medios. La Comisión Europea deberá aprobar ese programa antes de autorizar la entrega de los fondos.

En ese plan de reestructuración se incluirá un reparto de pérdidas entre los accionistas y los tenedores de deuda subordinada o preferentes -igual que se ha hecho en el caso español-, una asunción de pérdidas que reduzca en lo posible la aportación pública. Sin embargo, las directrices de Bruselas no van tan lejos como la futura directiva de resolución de entidades bancarias, que sí incluye el recurso en última instancia a los depósitos de más de 100.000 euros.

El dinero que, eventualmente, tengan que inyectar las autoridades públicas europeas hasta que esa directiva entre en vigor en 2018 se restituirá posteriormente con el fondo de resolución único, han explicado a EFE fuentes comunitarias. Esas mismas fuentes advierten que esta opción no tendrá carácter retroactivo, es decir: no podrá aplicarse en los países que hayan llevado a cabo procesos de rescate de su banca anteriormente, como España o Irlanda.