El Gobierno recurre ante el Constitucional el decreto andaluz de expropiación de viviendas

• El ejecutivo propone la apertura de una "vía informal de diálogo" sobre el tema
• De admitirse el recurso, el decretó quedará suspendido durante cinco meses

El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal constitucional el decreto andaluz sobre desahucios y le ha ofrecido a la Junta la apertura de una "vía de diálogo informal" sobre el asunto, aunque se realizará al margen de la permanencia de dicho recurso.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha informado que el decreto de inconstitucionalidad entró ayer en el registro del Constitucional. De ser admitido a trámite, algo que se producirá previsiblemente mañana, esto supondría la suspensión de dicha norma durante un plazo de cinco meses.

La junta de Andalucía aprobó el texto del decreto de expropiación de viviendas frente a desahucios el pasado 10 de abril con la intención de asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.  

Con este decreto en funcionamiento, la autoridad competente puede expropiar temporalmente el uso de viviendas en proceso de ejecución hipotecaria instado por los bancos  para destinarlas a personas en especiales circunstancias de emergencia  social.

Además, el decrero incluye medidas para fomentar el alquiler de pisos vacíos propiedad de bancos e inmobiliarias con multas de hasta 9.000 euros en el caso de que no las saquen al mercado y las mantengan cerradas.

Estudiar el "encaje legal"

En su momento, el Gobierno andaluz apeló al "derecho a la vida  y a la integridad física y psíquica" de las familias afectadas por un  desahucio para justificar esta medida basada en la Ley de Expropiación  Forzosa de 1954.

El mismo día de la publicación del texto, el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, anunció que el Gobierno estudiaría la legalidad de las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía. En respuesta, el presidente de Andalucía, José  Antonio Griñán, aseguró que el decreto-ley es "plenamente  constitucional" y prometió nuevas medidas contra la exclusión social.

Según el ministro, la  respuesta al problema de los desahucios debe ser común para el conjunto  de los españoles "al margen de la comunidad en la que vivan".