El Constitucional mantiene la suspensión de la declaración soberanista de Cataluña

• La decisión se ha tomado por unanimidad
• Los letrados alegan que el mantenimiento afecta al sistema democrático

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad, mantener la suspensión de la resolución del 23 de enero del Parlamento de Cataluña, que aprobó la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.

Esta decisión ha sido tomada por los doce magistrados del Tribunal Constitucional en pleno, encabezados por su presidente Francisco Pérez de los Cobos Orihuela.

Los magistrados entienden que la resolución "versa sobre una cuestión de gran trascendencia constitucional" por lo tanto, al analizar los diversos intereses en juego, se han inclinado "a favor de la ratificación de la suspensión".

El recurso presentado por el Gobierno contra la "declaración soberanista" fue admitido a trámite por el Pleno del Tribunal el pasado 7 de mayo.

En su providencia, el Tribunal acordó la suspensión automática con efectos desde el 8 de marzo, desde el día en que quedó registrado el recurso en el Constitucional.

El pasado 7 de junio, los letrados del Parlamento de Cataluña solicitaron el levantamiento inmediato de la suspensión. Por ello, el Pleno ha tenido que pronunciarse de nuevo antes de que transcurrieran los cinco meses que la Constitución prevé como plazo máximo inicial para que el Alto Tribunal ratifique o levante la suspensión de las disposiciones o resoluciones recurridas.

Para el TC, la impugnación del Gobierno a la resolución del Parlamento, versa sobre una cuestión de gran relieve constitucional. Por lo que según añade el auto, es un hecho suficiente "para inclinar el juicio de ponderación" que debe realizarse, en estos casos, en favor de la ratificación de la suspensión acordada, durante el tiempo indispensable para la resolución de la impugnación.

Las razones de Cataluña

En su recurso, los letrados del Parlamento de Cataluña aducían que la suspensión, obligada por la propia Constitución, plantea una situación "novedosa y problemática" al recaer sobre un acto parlamentario que no tiene carácter normativo ni alcance jurídico.

Alegaban que la "lógica de la suspensión" se veía claramente superada en este caso al tratarse de la expresión de una voluntad política, "de modo que no existe daño real y efectivo a la Constitución y a los intereses generales". Por el contrario, su mantenimiento "sí afecta a principios básicos del sistema democrático y parlamentario".

Insistía en que la resolución "se ha producido en ejercicio de la función de impulso político y responde a la expresión del principio democrático, del pluralismo y del debate público de los cuales el Parlamento es el eje central".

El Abogado del Estado se reafirmó en sus alegaciones en la "manifiesta inconstitucionalidad" de la resolución y defendió su "claro efecto jurídico sobre el Gobierno autonómico" incluso sobre la ciudadanía.

El pasado 23 de enero, el Parlament dictó una primera declaración soberanista que no contó con el apoyo del PSC y sí recabó el aval de CiU, ERC e ICV. En esta primera declaración, el Parlament defendía que Cataluña es "sujeto jurídico y político soberano". 

Posteriormente, el pasado 13 de marzo el Parlamento catalán aprobó por una amplia mayoría, más de dos tercios de la Cámara (104 votos), una resolución en la que se instó al Govern de la Generalitat a "iniciar un diálogo" con el Gobierno del Estado para celebrar una consulta de autodeterminación en Cataluña. Esta iniciativa fue votada a favor por CiU, ERC, ICV-EUiA y PSC. 

"No se puede suspender ni anular la voluntad del pueblo"

El portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull, ha asegurado que "no se puede suspender la voluntad de un pueblo que se mantiene tercamente comprometido para ser consultado sobre el futuro político del país". Ha añadido que esta decisión no altera su 'hoja de ruta'.

Según Turull, los diputados de CiU estarán "al servicio y asumiendo las consecuencias del mandato del pueblo de Cataluña de poder ser consultado" y seguirán con el proceso desde la radicalidad democrática, el diálogo, la legalidad, la transparencia y la participación.

"Los ciudadanos quieren ser consultados y nosotros queremos ser leales a la voluntad del pueblo de Cataluña", ha insistido.

ERC lamenta los "criterios políticos del Constitucional

La portavoz parlamentaria de ERC, Marta Rovira, ha lamentado que el Tribunal Constitucional, aplique "criterios políticos" y no argumentos jurídicos para suspender la declaración soberanista y le ha pedido profesionalidad cuando entre a valorar la cuestión de fondo.

Además, Rovira ha asegurado que su confianza en el Alto Tribunal "es baja" porque aplica criterios políticos y no jurídicos y que detrás de la resolución hay legitimidad democrática "que responde a un impulso político a favor del derecho a decidir".