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Madrid alega que el PSOE no tiene "legitimidad" para recurrir la privatización de hospitales

El Gobierno regional argumenta ante el TSJM que no es "perjudicado directo"

  • Defiende que la rebaja de los avales favoreció la concurrencia
  • Tomás Gómez asegura que es un "mal negocio" para las empresas
  • "Un fondo de capital riesgo" advirtió del cambio a las empresas según el PSM

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El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty en rueda de prensa
El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, este jueves en rueda de prensa (archivo)

La viceconsejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha alegado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que el Partido Socialista de Madrid (PSM) no tiene "legitimidad" para reclamar la suspensión cautelar del concurso para la privatización de la gestión de seis hospitales al no ser un perjudicado directo ni parte interesada en el proceso.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha confirmado la presentación de las alegaciones contra la suspensión cautelar dictada y ha defendido que el PSOE no tiene legitimidad procesal para solicitar la suspensión porque no sufre un perjuicio "directo" ni es directamente "una parte interesada" en un acto sobre asistencia a infartados.

Entre las alegaciones, Lasquetty ha señalado que una de las razones es que "mantener la suspensión cautelar" supondría un "perjuicio" para los madrileños porque impediría la aplicación de una medida de ahorro y sostenibilidad del sistema sanitario.

Asimismo, Sanidad alega que el PSM utilizó "durante semanas" una estrategia que empleaba "incluso la intimidación y las amenazas", con el objetivo de "ninguna empresa se presentara al concurso".

Sin embargo, ahora el PSM "justifica su solicitud en un deseo de que se hubieran presentado más" empresas, lo que para el consejero constituye una "contradicción evidente en los argumentos del PSM", que con tal de llevar adelante sus intereses partidistas "es capaz de utilizar primero un argumento y luego su contrario", lo que "no es admisible".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó este jueves la petición urgente del PSOE de Madrid de suspender provisionalmente la ejecución de la decisión de la viceconsejería de Sanidad de la Comunidad que hacía público este concurso, que afecta a los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y Del Tajo.

El pasado 4 de julio los socialistas madrileños pidieron la suspensión con carácter cautelarísimo de este concurso alegando la modificación realizada por el Gobierno regional que bajaba la garantía del 5% del total del contrato al 5% del importe anual del mismo.

La corrección de los pliegos favoreció la concurrencia de las empresas

Además, Lasquetty ha indicado que otro motivo que sustenta el recurso es que precisamente la corrección de un error en la expresión de la frase que recogía los requisitos de garantías de las aspirantes a la externalización de los seis hospitales (al introducir el término anual) favoreció, frente a lo que sostiene el PSM, la concurrencia de las empresas.

Del mismo modo, la corrección del importe de la garantía que deben abonar los licitadores "se publicó el 3 de junio y cuando el Partido Socialista presentó recurso contencioso-administrativo el 12 de junio la conocía perfectamente", ya que fue publicada en el BOCM y, sin embargo, "no pidió la suspensión cautelar por este motivo, no se les ocurrió o no lo pensaron", ha explicado el consejero.

El PSM utiliza una estrategia de acoso judicial

Fernández-Lasquetty también ha indicado que el recurso del PSM es "contradictorio" en sus argumentos y que los socialistas emplean una estrategia de "acoso judicial" contra el proceso de externalización, puesto que este partido solicitó la suspensión cautelar no en el momento de conocer las condiciones de los pliegos sino cuando sabía que iba a cerrarse el proceso.

En este sentido, ha manifestado que la Comunidad de Madrid sostiene que el PSM, con ese recurso, intenta que la Justicia "le haga el trabajo que corresponde al ámbito político" y que "debería haber hecho" en la Asamblea y en el debate público.

"Nos parece que es una actuación torticera para utilizar a los tribunales al servicio de la justicia por un interés partidista", ha recalcado Lasquetty para aseverar que el Gobierno regional va a seguir comprometido en su objetivo de mantener una sanidad pública de máxima calidad y sostenible.

El concurso es "mal negocio" para las empresas

Por su parte, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha asegurado que las empresas que optan a la gestión de los seis hospitales públicos de Madrid pueden estar "seguras" de que, si su partido gobierna, lo primero que hará es revertir todas las privatizaciones, por lo que estas son "un mal negocio para ellas".

El secretario general de los socialistas madrileños se ha mostrado seguro de que se va a cumplir el "objetivo de la mayoría de la sociedad" que, según ha indicado en una visita a la localidad de Majadahonda, es lograr la paralización de la adjudicación de estos hospitales.

No obstante, Gómez ha agregado que el objetivo que ahora mismo tiene el PSM es parar el proceso antes de que lleve a cabo, para que no haya que revertirlo y ha indicado que los socialistas están "muy orgullosos" de ser un instrumento "útil" de la sociedad, de los "auténticos protagonistas" en la lucha contra la privatización sanitaria, que según ha indicado, son los participantes de la marea blanca y la "sociedad madrileña".

Además, ha reclamado a la Comunidad de Madrid que se "anticipe" a la Justicia y que, si quiere privatizar la sanidad que lo haga "honestamente", incorporando esta medida en el programa electoral del PP cara a las próximas elecciones.

Oliva: el cambio lo motivó un "fondo de capital riesgo"

Para la diputada socialista Laura Oliva la presión de algunos inversores hizo al Gobierno de la Comunidad de Madrid modificar a última hora los avales exigidos a las empresas que optan al concurso para la gestión de seis hospitales públicos madrileños.

En concreto, la secretaria de Sanidad del Partido Socialista Madrileño (PSM) se ha referido a la influencia que un "fondo de capital riesgo" tuvo en que el Gobierno cambiara las garantías económicas exigidas las empresas, de un total de 244 a 44 millones de euros.

"Hemos conocido en las últimas horas que algún fondo de capital riesgo advirtió a las tres empresas que se han presentado al concurso de que las condiciones de los avales fijados en los pliegos impedirían que les prestara financiación", ha indicado Oliva.

Según la diputada, el Gobierno regional reaccionó ante esa advertencia, lo que explicaría la modificación de las garantías que realizó cuatro días antes de cerrarse el plazo de presentación de las ofertas por parte de las empresas.

Un error legal muy importante

"En un grado importante de desesperación por si el proceso de privatización no salía, y cometiendo un error legal muy importante, el Gobierno modificó a la baja esas garantías que se piden a las empresas", ha argumentado la diputada en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Coslada.

La responsable socialista ha mostrado su confianza en que el supuesto "error legal" cometido por el Gobierno regional sea suficiente para que la paralización temporal del proceso de privatización ordenada esta semana por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se convierta en definitiva.

Enfrentamiento madrileño por la sanidad

Con esta confirmación, se cumplen los pronósticos que realizados este miércoles por el consejero de Sanidad que declaró en rueda de prensa que el auto del TSJM es "una medida provisional de suspensión durante unos días" del proceso de externalización que no se pronuncia sobre el "fondo de la cuestión", y que la consejería presentaría sus alegaciones antes de tres días.

Para Fernández-Lasquetty esta es "una consecuencia más de la irresponsabilidad" del PSM, que utiliza cualquier herramienta para poner palos en la rueda sin aportar nunca ninguna idea sobre como sostener la sanidad en tiempos de crisis.

Por su parte, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, afirmó que la suspensión provisional "es un paso importante para la paralización del proceso de privatización y desmantelamiento de la sanidad madrileña".

En declaraciones del pasado jueves en el Senado, Gómez se ha mostrado muy satisfecho y ha recordado que los socialistas ya dijeron que iban a hacer todo lo que estuviera en su mano "para parar el proceso de desmantelamiento del sistema sanitario público de Madrid".