Andalucía seguirá defendiendo "un territorio libre de desahucios" pese al recurso del Gobierno

• Instan al PP a sumarse a la petición de una moratoria a los bancos
• El recurso del Gobierno se debate en un pleno en el Parlamento andaluz

La Junta de Andalucía va a seguir defendiendo la función social de la vivienda recogida en su decreto ley para la expropiación temporal de viviendas bajo la ejecución hipotecaria de bancos, a pesar del recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC). La consejera de Fomento y Vivienda Elena Cortés ha asegurado ante el Parlamento andaluz que "va a perseverar por hacer Andalucía un territorio libre de desahucios".

En su comparecencia, Cortés ha señalado que no hay "Plan B" porque los planes "de la A a la Z" son "defender a la ciudadanía de la estafa hipotecaria", y ha reclamado al PP que se sume a la petición que hará la Junta a las entidades financieras para que haya una moratoria en materia de desahucios hasta que el TC se pronuncie.

En el Pleno extraordinario del Parlamento de Andalucía que se  celebra este miércoles se debatirá, entre otros asuntos, el recurso  presentado por el Gobierno de la Nación ante el Tribunal  Constitucional (TC) y que el Alto Tribunal admitió a trámite el  pasado jueves, suspendiendo así cautelarmente el mismo durante cinco  meses.

Según el orden del día aprobado por unanimidad, la consejera de  Fomento y Vivienda, Elena Cortés, comparece en un debate conjunto  para explicar la posición del Gobierno andaluz en relación al acuerdo  del Consejo de Ministros del pasado 28 de junio por el que se elevó  dicho recurso ante el 

Recurso ante el Constitucional

Mientras el TC se pronuncia sobre un decreto "que se encardina perfectamente en la Constitución", Cortés considera que el PP "ya lo han perdido" porque los españoles han conocido "que hay gobiernos que hacen cosas distintas".

Ha manifestado que la suspensión del decreto "ha privado al pueblo trabajador de un arma poderosa", ya que era el "antídoto" contra la especulación y contra el "atracón" de los bancos.

"El decreto es plenamente constitucional y se pone al servicio de la gente", ha añadido la consejera, quien se ha preguntado qué intereses persigue la 'Troika' y si la razón es "intentar hacer ver que no hay alternativa al neoliberalismo, al dolor, al sufrimiento".

Ha agregado que "inquietar a las entidades financieras será todo lo grave que se pueda considerar pero no es en absoluto anticonstitucional". Ha recordado que hasta la suspensión de la norma se estaba desplegando "con efectividad y diligencia" en la comunidad, con 18 familias para las que ya se había iniciado el expediente de expropiación temporal del uso de la vivienda.

El PP pide a Andalucía que rectifique

La portavoz del PP, Alicia Martínez, ha pedido al Gobierno andaluz que rectifique y "acepte la mano tendida" de su formación porque "hay solución" aceptando medidas de modificación de la norma y aplicando la ley estatal para evitar los desahucios.

Ha exigido al Gobierno regional "que no ponga excusas de ningún tipo" y que trabaje para que las personas afectadas "no se vean expulsadas de sus viviendas" y "se juegue con su angustia", por lo que cree que es momento de elegir entre "confrontación y solución".

"No tienen intención de arreglarlo, prefieren utilizarlo como ariete contra el Gobierno", ha dicho Martínez sobre el decreto, a la vez que ha reclamado que "se construya una ley constitucional" porque tienen "la pelota en su tejado" y la disponibilidad presupuestaria es "fundamental" para ayudar a esas familias.

Martínez considera "vergonzoso y lamentable" que se diga que cualquier desahucio "va a llevar la firma del PP", sobre todo cuando el vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas (IU), "se aprovechó de un desahucio para hacerse con una vivienda" y no ha pedido perdón hoy, aunque la consejera le ha respondido que al PP "le queda grande" hablar de él.

Por su parte, el portavoz socialista, Enrique Benítez, ha criticado que el PP "no tenga piedad con los más vulnerables" y que haya decidido "arrasar con todo y con todos, que el país se hunda con ellos", con una "persecución a Andalucía".

Para los socialistas, Andalucía "se ha rebelado" contra ese "desidio", y lo ha hecho desde el Parlamento, "con un decreto que será ley después del verano", ya que entiende que el recurso sólo es "el último paso de una gran pataleta partidista".

Ha asegurado que "no hay ni una sola línea en la Constitución que se vea desafiada por este decreto" y ha criticado que el PP se oponga al derecho de las familias que están amenazadas por ejecuciones hipotecarias por un asunto "partidista".