La devolución de ayudas fiscales afectará a inversores de 200 buques, según los astilleros

• La patronal naval insiste al Gobierno en que minimice el coste a los inversores
• Asegura que costaba "dios y ayuda" convencer a inversores ajenos al sector
• Los armadores temen daños indirectos por el perjuicio de la decisión al sector

Almunia dice que se ha jugado con el miedo de los trabajadores de los astilleros

El presidente de la patronal de astilleros privados Pymar, Álvaro Platero, ha concretado este jueves que los inversores afectados por la orden de Bruselas de devolver las bonificaciones fiscales y ha insistido en que confía en que el Ejecutivo español "minimice" el impacto de esa decisión comunitaria para que sea lo menos "dramática" posible.

"La letra pequeña la tiene que poner el Gobierno y no dudamos de que harán un esfuerzo para minimizar el daño que ya nos ha hecho este expediente en dos años de sequía contratadora", en los que los astilleros han perdido la construcción de 50 barcos valorados en más de 2.000 millones de euros, ha afirmado Platero durante su intervención en el Fórum Europa.

La Comisión Europea ha dictaminado que los inversores ajenos al sector naval que se beneficiaron de bonificaciones fiscales por invertir en la construcción de buques mediante un procedimiento de tax lease (arrendamiento financiero) tendrán que devolver las cantidades que no pagaron a Hacienda entre 2007 y 2011.

Platero ha recordado que, inicialmente, Bruselas barajaba solicitar las devoluciones desde 2005 y que también las tuvieran que reembolsarlas los armadores, condiciones que -de haberse mantenido- habrían supuesto el fin del sector, ha asegurado.

Además, en su opinión, los inversores no se van a quedar quietos y reclamarán el dinero a astilleros y armadores. En su resolución, la Comisión Europea prohíbe a los inversores que repercutan esas devoluciones "en terceros", incluidos astilleros y armadores, "ni siquiera" por la aplicación de contratos preexistentes.

"Moderadamente optimistas"

El presidente de Pymar ha añadido que son "moderadamente optimistas", porque aunque se trata de una resolución "injusta y discriminatoria", es mejor que la que se barajó inicialmente y porque su aplicación depende de las autoridades españolas.

"El Gobierno hará el trabajo que tenga que hacer. Son muchos barcos los que están implicados y hay que hacer un análisis uno por uno. No todas de las partes de este sistema son consideradas ilegales. No hay duda de que Hacienda será dura y hará lo que tenga que hacer", ha puntualizado posteriormente Platero.

También ha destacado el daño "mediático" que han sufrido los inversores que participaron en el sistema, como Inditex o El Corte Inglés, es mucho mayor que el "pequeño beneficio" que obtuvieron y que habría sido igual que el que habrían logrado invirtiendo en bonos del Estado.

"No era un chollo para ellos, nos costaba dios y ayuda que invirtieran en estos sistemas", ha aseverado Platero, quien ha confiado en que el expediente se cierre pronto para que los inversores se animen a participar en el nuevo sistema de tax lease -aprobado en noviembre 2012 por Bruselas- y se pueda cerrar la contratación de 40 barcos que negocian actualmente.

Respecto a la afirmación realizada por el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, de que espera que los que han vaticinado el cierre del sector por la resolución comunitaria se tengan que "tragar sus palabras" en cinco años, Platero ha asegurado que ojalá se las tenga que comer mañana.

"Almunia tenía en su mano que nos comiéramos nuestras palabras, él fue quien nos metió en este berenjenal. Tenía en sus manos habernos sacado", ha dicho Platero, quien ha insistido en que, ante la resolución de Bruselas, la única "esperanza" que les queda es que el Gobierno español la aplique de la forma más sensata y menos dramática posible.

Platero ha deseado a Holanda y los seis países que denunciaron a España en 2011 -que disponen de sistemas similares al español que están siendo investigados- "prueben" la misma medicina que ellos han causado.

Los armadores temen daños indirectos 

Los navieros españoles ven "positivo" que la Comisión Europea les  haya eximido de devolver los beneficios fiscales que consiguieron por el tax lease, pero lamentan el  efecto sobre el sector naval asociado a la obligación a parte de  los inversores de reintegrar a Hacienda los impuestos que no pagaron, ha indicado a  Europa Press el director general de la Asociación de Navieros  Españoles (Anave), Manuel Carlier.

"La decisión tiene para nosotros dos caras", ha explicado Carlier. "La  parte positiva es que los armadores no están entre los participantes  en los esquema de tax lease a los que Hacienda les va a reclamar  directamente las ayudas, pero la parte negativa es que sí hay otros  componentes del sector marítimo que se pueden ver perjudicados", ha opinado.

En concreto, Carlier ha aludido a los astilleros como las empresas que  podrían verse especialmente afectadas, ya que "seguramente los inversores les revertirán" la  obligación de devolver las ayudas. Esa repercusión está prohibida expresamente por la resolución de la Comisión Europea.

Esta circunstancia no supone un daño "directo" a los navieros  españoles, pero sí "indirecto" en la medida en que, "si hay  dificultades para contratar barcos en España porque no esté claro el  sistema, tendrán que ir, les guste o no, a otros países", advierte Calier.

En todo caso, Carlier ha calificado de "muy positivo el resultado de  las acciones de Anave y de los navieros europeos para conseguir  argumentar ante los comisarios europeos que no existieron ayudas a  los armadores".

Anave calcula que, de los 273 barcos construidos en los años en  los que estuvieron en vigor los tax lease, dos terceras partes  fueron encargados por navieras extranjeras.