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Anticorrupción se opone al recurso de Andalucía contra la imputación de Álvarez en los ERE

  • La Junta de Andalucía había recurrido la imputación de 20 personas
  • También se opone a suspender la declaración del exinterventor Manuel Gómez

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La Fiscalía Anticorrupción se opone al recurso de la Junta de Andalucía contra la imputación de la exministra de Fomento y exconsejera andaluza, Magdalena Álvarez en el caso de los ERE, así como la de otras 20 personas, y pide además que se mantenga la declaración del exinterventor Manuel Gómez.

Anticorrupción, según fuentes del caso a las que cita Efe, se ha opuesto al recurso de la Junta de Andalucía contra la imputación de 20 nuevas personas en el caso de los ERE, entre ellas nueve altos cargos.

También se ha opuesto a la petición del Gobierno andaluz de que se suspenda la declaración como imputado ante la juez Mercedes Alaya del exinterventor de la Junta Manuel Gómez, prevista para el próximo día 25 de julio, posición que también mantiene la acusación particular que ejerce el PP, ha anunciado este viernes la vicesecretaria andaluza de dicho partido Alicia Martínez..

La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, rechaza que la juez Mercedes Alaya haya "criminalizado" las llamadas transferencias de financiación, las modificaciones presupuestarias y las sucesivas Leyes de Presupuestos de la Junta, sino que simplemente la magistrada "parte del uso perverso" de tales figuras y su "uso finalísticamente dirigido a burlar todos los controles de la Intervención de la Junta".

El objetivo: "poder dilapidar los fondos públicos"

El objetivo sería "poder dilapidar los fondos públicos, favoreciendo y enriqueciendo a terceros" y ese supuesto delito "implica a todos aquellos que, conociendo tal uso perverso, lo hicieron posible o simplemente no lo evitaron".

Anticorrupción niega el argumento de la Junta de que el auto de la juez Alaya no tuviese la motivación suficiente, pues tal aspecto no es "plenamente exigible" para el respeto al derecho de defensa de los nuevos imputados, entre los que se encuentran la exministra Magdalena Álvarez y nueve altos cargos o exaltos cargos.

En su escrito, Anticorrupción dice que le "llama la atención" que hasta el momento el único recurso interpuesto contra el auto de imputación no provenga de uno de los nuevos imputados sino de la Junta, que ejerce la acusación particular.

En cuanto a la vulneración del derecho de defensa, la Fiscalía entiende que "no es plenamente exigible que tal relato lo más pormenorizado posible" de los hechos delictivos sea hecho al imputado antes de comparecer ante el juez asistido de letrado "y con todas las garantía legales y derechos".

La Junta argumentó que, según el razonamiento de Alaya, deberían ser acusados todos los diputados andaluces que aprobaron las sucesivas Leyes de Presupuestos, pero la Fiscalía responde que la juez sólo "criminaliza" el "uso perverso" de las transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias.

Esa finalidad "sí es penalmente relevante e implica a todos aquellos que, conociendo tal uso perverso, lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron" porque "la fórmula montada tiene una apariencia formal de legalidad pero una ultima finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categoría de infracción irregularidad administrativa".

Todo ello "junto a la fórmula consagrada en el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA del mes de julio de 2001, que hábilmente, a los mismos efectos de evitar cualquier fiscalización que estorbara, separaba el expediente de la ayuda del pago", por lo que el interventor "al fiscalizar el pago no contaba ni podía contar con el expediente previo de la ayuda".

Griñán: "La seguridad jurídica no tiene tiempos"

Sobre la posible suspensión de la declaración del exinterventor de la Junta, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha señalado que "la seguridad jurídica no tiene tiempos".

La juez Mercedes Alaya ha pedido al fiscal y a las demás partes que se pronuncien sobre la petición de la Junta de suspender esta declaración, recogida en el recurso que sus servicios jurídicos han presentado ante la Audiencia de Sevilla contra el auto en el que, el pasado 28 de junio, ésta imputó a otras veinte personas, entre ellas varios altos cargos y la exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

Preguntado por los periodistas en Bollullos sobre si esa petición contradice las reiteradas solicitudes expresadas desde el Gobierno andaluz y los partidos políticos para que se dé celeridad al caso, Griñán ha asegurado, en relación con los imputados y el recurso a su imputación, que "la seguridad jurídica no tiene tiempos, se gana precisamente con el tiempo".

Recurso de la Junta de Andalucía

Asimismo, ha puntualizado que el auto "está recurrido" y hasta que se sustancie dicho recurso "no tiene nada de que decir", sobre el asunto. "Está recurrido y la Audiencia ha de pronunciarse", ha recalcado el presidente de la Junta.

En su recurso, además de que se suspenda la declaración de Gómez Martínez, la Junta ha solicitado que no se acuerden nuevas citaciones hasta que resuelva la Audiencia Provincial, lo que previsiblemente no ocurrirá hasta después del verano.

La declaración de Gómez Martínez, que fue interventor general de la Junta entre el 2000 y el 2010, se produciría después de que haber declarado, en agosto del 2012 en la comisión parlamentaria de investigación sobre los ERE.