Industria se reúne hoy con el sector naval para estudiar la respuesta a la devolución de ayudas

• Bruselas ordena a parte de los inversores devolver bonificaciones fiscales
• Gobierno, patronal, sindicatos y autonomías afectadas analizan el impacto
• El Ejecutivo no descarta recurrir al Tribunal de Justicia de la UE

El astillero de Pasaia en San Sebastián.

El Gobierno ha convocado una reunión para este lunes con la patronal del sector naval, los sindicatos y las tres comunidades autónomas que cuentan con astilleros (Galicia, Asturias y País Vasco) para debatir la estrategia de respuesta a la decisión de la Comisión Europea sobre la devolución de parte de las bonificaciones fiscales que beneficiaron a algunos inversores del sector entre 2007 y 2011.

En declaraciones a los periodistas tras intervenir en el XI Encuentro del Sector Eléctrico, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha señalado este lunes que quiere escuchar a todas las partes antes de decidir cuál es la mejor forma de actuar ante la resolución comunitaria.

"La posibilidad del recurso esta ahí, pero antes debo escuchar a todas las partes implicadas", ha subrayado Soria tras recordar que hasta ahora todos los pasos dados han sido "acordados y consensuados" y así seguirá siendo.

"Nosotros seguimos pensando que los argumentos jurídicos que dimos entonces siguen siendo válidos y sólidos, pero lo que hagamos en el futuro dependerá del consenso y el acuerdo con comunidades autónomas, sindicatos y armadores", ha reiterado el ministro.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que los servicios jurídicos y financieros de los ministerios de Hacienda e Industria habían analizado la resolución de Bruselas y sus consecuencias para los astilleros, pero querían evaluar cómo actuar junto a todos los afectados para consensuar cuál de todas las respuestas es mejor para asegurar el futuro del sector.

"Siempre hemos ido con ellos en este proceso", explicó Sáenz de Santamaría, quien aseguró que esa unidad ha logrado suavizar las duras condiciones que se habían barajado desde Bruselas en algunos momentos.

Dos meses de plazo para recurrir

Según reiteró la vicepresidenta, el objetivo español es "defender los 85.000 puestos de trabajo, defender un sector con futuro en España y Europa, y defender la propia estrategia empresarial de un país que puede aportar mucho valor añadido".

Fuentes de la Administración han señalado a Europa Press que, antes de presentar el recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, no solo hay que tener claros los argumentos, sino también la factura que tendrá que pagar el sector naval español. "Hay dos meses de plazo para recurrir", precisaron esas mismas fuentes.

Este cálculo, que tendrá que realizar el Ministerio de Hacienda, podría llevar "semanas", pues se trata de un proceso complejo en el que habrá que analizar uno a uno 200 expedientes de compra de buques y coordinarse con Bruselas para "tener claros los criterios" con los que concretar el dinero que tendrán que pagar a Hacienda los inversores ajenos al sector naval que invirtieron en construcción de barcos y se beneficiaron por ello de desgravaciones fiscales.

Tras conocer la resolución de Bruselas, tanto la patronal de los astilleros privados como el ministro de Industria indicaron que se reservaban el derecho a recurrirla ante el tribunal europeo, aunque se mostraron prudentes y avisaron que estaban estudiando todas las posibilidades.

Sindicatos de Vigo , en contra del recurso

Sin embargo, los sindicatos mayoritarios en la comarca de Vigo -CC.OO., UGT y CIG- ya han advertido de que recurrir la resolución del expediente de las bonificaciones fiscales del naval puede resultar "contraproducente" y generar "más inseguridad" al sector cuando la prioridad debe ser despejarla.

Los responsables del naval y del metal de las centrales sindicales lo han dicho tras reunirse para consensuar sus actuaciones en este caso y acordar "mantenerse a la expectativa" e ir "reaccionando" conforme se vayan "concretando los escenarios", ha señalado Ramón Sarmiento, responsable del sector naval privado de CC.OO.

Los sindicatos creen que para hablar de la interposición de un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo, "antes hay que conocer los detalles" de la resolución de la Comisión Europea, que aún no ha sido publicada, y exigen que las medidas que se adopten provengan de "una decisión colectiva" de todos los afectados

"No permitiremos, bajo ningún concepto, que se gestione la resolución de forma unilateral. Nos movilizaremos, si hace falta, en agosto", ha advertido Sarmiento, quien confía en que "no esté en el ánimo de nadie romper el consenso" del frente común formado por administraciones, patronales y sindicatos.