El exalcalde socialista de Carboneras y su equipo imputados por declarar urbanizable El Algarrobico

• El juez les cita el 13 de agosto por presunta prevaricación urbanística
• Aprobaron una propuesta para declarar urbanizable el suelo donde se asienta el hotel
• También permanece imputado el actual alcalde de Carboneras

Activistas de Greenpeace mantienen su encierro en el hotel de El Algarrobico para exigir su demolición

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vera  (Almería) ha citado a declarar como imputados al exalcalde de Carboneras Cristóbal Fernández, del PSOE, y a los miembros que integraron su equipo de gobierno en  el marco de las diligencias previas para determinar si  incurren en presuntos delitos de prevaricación administrativa al  declarar como urbanizable el paraje de El Algarrobico en el que se  sitúa el polémico hotel de Azata del Sol.

El auto, consultado por Europa Press, cita a declarar a las 9:30  horas del próximo 13 de agosto en calidad de imputados a seis  miembros de la anterior corporación y al exalcalde, quienes en el  transcuro de un pleno en 2009 y bajo su mandato apoyaron una  proposición para declarar urbanizable el sector ST-1 en el que se  asienta el hotel de 411 habitaciones y una veintena de plantas; una  parcela que desde entonces aparece como urbanizable, según la  normativa municipal.

Entre los citados a declarar se encuentra la exteniente de alcalde  y hermana del exregidor, María del Rosario Fernández, así como los  ediles socialistas Francisco Ruiz, Miguel París, Josefa Cruz, Beatriz  Belmonte y Vanesa Fuentes.

Asimismo, y tras analizar la documentación requerida al  Ayuntamiento de Carboneras desde marzo, se ha citado también para que  comparezca en calidad de testigos a la exdirectora del Parque Natural  de Cabo de Gata-Níjar Rosa María Mendoza y el que fue asesor jurídico  del anterior equipo de gobierno, tal y como adelanta este miércoles  la edición impresa de 'El Mundo'.

En el marco de esta diligencias previas también permanece imputado  el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), quien ya  prestó declaración el pasado 14 de marzo y señaló ante la jueza que  las decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico, por las que  se le imputa una presunta prevaricación, se adoptaron bajo mandato  del exregidor del PSOE Cristóbal Fernández durante un pleno celebrado  el 11 de agosto de 2009 en el que él, desde la oposición, votó en  contra.

Restablecer el paraje tras la construcción del hotel

La Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, a raíz de la querella  presentada por Ecologistas en Acción, denunció que el actual primer  edil no ha modificado la calificación de urbanizable que el paraje  tiene en la normativa urbanística municipal ni ha procedido a revisar  de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia  de obras para construir el hotel en virtud de otras sentencias  judiciales que señalan que el inmueble viola la Ley de Costas.

Hernández mantuvo entonces que ninguna de las sentencias  judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que  declarar el paraje como no urbanizable y de especial proyección  ordenan al Ayuntamiento que tramite su cambio en el Plan General de  Ordenación Urbana (PGOU). En el mismo sentido, apuntó que la  adaptación de las normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana  de Andalucía se hizo bajo mandato socialista.

El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal  en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata  del Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de  su aprobación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)  resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones  urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que,  de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de  desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se  restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.

Denuncia contra el actual alcalde

El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla,  formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la  querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el  regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a  El Algarrobico. Tras la denuncia interpuesta por el colectivo  conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de  investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las  actuaciones.

La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad  a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la  Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido  no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al  Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días,  adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de  Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.

En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se  "negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho  de servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en  su sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía"  el fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección  que tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la  Junta en 1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir  el hotel".