El Gobierno espera sacar adelante la reforma local este viernes

• La reforma de la administración local suscita el rechazo de toda la oposición
• El Consejo de Estado critica el recorte de la autonomía local
• También estudia la estrategia sobre la violencia de género

El Gobierno tiene previsto dar luz verde a la reforma local -en la que lleva trabajando más de un año- y que ha suscitado el rechazo del PSOE y del resto de la oposición al considerar que supone un ataque al municipalismo y la privatización de los servicios públicos.

La reforma persigue reordenar competencias para evitar duplicidades entre las administraciones autonómicas y locales y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios al introducir el coste estándar, al que deberán ajustarse los municipios, podría suponer un ahorro de más de 7.000 millones, según los cálculos del Ejecutivo.

La aprobación del proyecto de ley llega después de que el Consejo de Estado emitiera un informe que incluía advertencias sobre una posible inconstitucionalidad por el recorte de la autonomía local y criticaba la regulación del coste estándar, el coste al que deberán ajustarse los municipios para prestar servicios.

Detalle del coste estándar

Según el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, el informe reconocía la capacidad del Gobierno para regular la materia e incorporaba diversas recomendaciones que se podían estudiar para incluirlas en el texto definitivo. Por ejemplo, se dará una redacción más exhaustiva al citado coste estándar.

"Se tendrá en cuenta el número de habitantes, la dispersión, las características del municipio, la densidad; en definitiva, reconocer que en una España con 8.117 municipios, de los que solo 400 tienen más de 20.000 habitantes, los costes son necesariamente diferentes. Lo pensábamos regular en una norma de desarrollo, lo incluiremos en esta", afirma.

Asimismo, defiende que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) avala asuntos clave como la potestad del Estado para "definir" las competencias municipales, la supresión de las competencias impropias o la obligación de formalizar convenios y de pagarlos para el traspaso de competencias y servicios entre administraciones.

Pérdida de apoyos en el PP

Conforme han transcurrido los meses, el Ejecutivo ha ido perdiendo apoyos incluso en sus propias filas, con alcaldes y concejales abiertamente en contra de algunos aspectos como el modo en que se redistribuyen las competencias con las comunidades y las diputaciones, la posibilidad de que los municipios pequeños sean intervenidos y pierdan sus atribuciones y el coste estándar.

Desde el primer borrador en julio del año pasado y el segundo, el pasado 15 de febrero, se han rebajado ya algunas pretensiones iniciales como limitar el número de concejales y las retribuciones de forma considerable. Sin embargo, el PSOE exige la retirada del borrador aprobado en febrero y comenzar de nuevo las negociaciones para lograr un texto consensuado, la misma postura que mantiene toda la oposición.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoce que le está costando esfuerzo sacar adelante una reforma de este calado, ya que atañe a un asunto que lleva pendiente 30 años y que no se puede resolver en unos días.

Violencia de género

El Consejo de Ministros va a estudiar la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género. Según explicó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en sede parlamentaria en mayo, la estrategia incluye aportaciones de distintos ministerios, comunidades autónomas, Fiscalía, CGPJ, así como de las asociaciones de mujeres.

Se articulará en torno a cuatro problemas: el silencio de las mujeres y su entorno, la necesidad de ofrecerles una respuesta personalizada, la atención a los grupos vulnerables y las otras formas de violencia contra la mujer (matrimonios forzados, mutilación genital y trata con fines de explotación sexual).

Así, prevé extender la medida de libertad vigilada a los delitos de violencia de género o articular un sistema de coordinación que permita constituir una "ventanilla única" a la que puedan acudir las víctimas de malos tratos.

La estrategia también prevé incrementar la información estadística y los estudios monográficos. El Gobierno estudia la posibilidad de realizar una estadística sobre las mujeres hospitalizadas por malos tratos, algo que ha suscitado polémica, porque deja fuera lesiones graves, aunque ha avanzado que se trabaja para ver si también se pueden incorporar las mujeres heridas y amenazadas.