Los ayuntamientos con problemas económicos deberán proponer su fusión con otro municipio

• Según el proyecto de ley de reforma de la administración local aprobado
• Las entidades de ámbito inferior al municipio tendrán que presentar sus cuentas
• Se estima que el ahorro global de la reforma será de 8.024 millones de euros

Los ayuntamientos con problemas económicos tendrán que presentar una "propuesta de fusión con un municipio colindante de su misma provincia" en su plan de ajuste, de acuerdo con el proyecto de ley de reforma de la administración local aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes.

El proyecto establece que los ayuntamientos que incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados, el objetivo de deuda pública o la regla de gasto deberán presentar un plan que incluya "al menos" medidas como la supresión de las denominadas competencias impropias, la "gestión integrada o coordinada de los servicios obligatorios que preste para la reducción de sus costes" y el aumento de ingresos para financiar los servicios obligatorios que presta.

También deberá incluir otras medidas como la supresión de entidades de ámbito inferior al municipio.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho varias adaptaciones sobre el proyecto de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, al que ha tenido acceso Europa Press, después de más de un año de trabajo sobre la reforma presentada inicialmente.

Incentivos a la fusión de municipios y la gestión integrada

Uno de los objetivos de este proyecto de ley es fomentar la fusión entre municipios. Para ello, introduce una serie de incentivos como una mayor financiación per cápita, dispensa temporal para no prestar nuevos servicios que puedan resultar obligatorios por su aumento poblacional o una preferencia temporal en planes de cooperación local de infraestructuras, obras, servicios y subvenciones.

Además, se promueve la gestión integrada de todos los servicios de los municipios, de forma que si generan unos ahorros mínimos reciban mayor financiación. También se aumentan las trabas a la creación y escisión de municipios, que deberán contar con, al menos, 5.000 habitantes.

Mientras, las entidades locales de ámbito inferior al municipio tendrán que presentar sus cuentas ante el Estado y las comunidad autónomas en un plazo de tres meses. Si no lo hacen serán disueltas y se integrarán en los municipios de los que dependan como organización desconcentrada y corresponderá al municipio su prestación.

Se sustituye el coste estándar por coste efectivo

Tal y como ya anunció el pasado viernes el ministro de Hacienda y  Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el proyecto de ley  redactado por el Gobierno elimina el conflictivo 'coste estándar'  --que abría la puerta a la pérdida competencias municipales en favor  de las diputaciones-- y lo sustituye por el 'coste efectivo', en  virtud del cual los ayuntamientos deberán hacer público el coste de  sus servicios antes del 1 de noviembre.

El texto contempla que, cuando la diputación detecte que los  costes efectivos de los servicios prestados por los municipios son  superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella,  incluirá en un plan provincial de cooperación "fórmulas de prestación  unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos".

De esta forma, la reforma atribuye a las diputaciones la  competencia de realizar un seguimiento de los costes efectivos de los  servicios prestados por los municipios de su provincia y establece  que, cuando detecte que estos costes son superiores a los de los  servicios coordinados o prestados por ella, "ofrecerá a los  municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente  de los servicios que permita reducir estos costes".

Pero además, apunta que "el Estado y la comunidad autónoma, en su  caso, pueden sujetar sus subvenciones a determinados criterios y  condiciones en su utilización o empleo y tendrán en cuenta el  análisis de los costes efectivos de los servicios de los  municipios".

Precisamente, el texto aprobado por el Gobierno refuerza el papel  de las diputaciones y les otorga nuevas competencias, como la  potestad de vigilar la aplicación de los planes de ajuste  municipales.

Casi la mitad del ahorro en competencias "impropias"

El 46,55% del ahorro que supondrá la reforma local hasta 2019, estimado en 8.024 millones, procede de servicios que asumen ahora los ayuntamientos y que no les corresponden, las llamadas competencias "impropias", según la memoria económica de la ley a la que ha tenido acceso Efe.

Según esta memoria, Hacienda considera que el ahorro en gasto impropio para los entes locales se producirá en los dos primeros años de aplicación de la reforma local (2014-2016) y se elevará a los 3.735.163.594 euros.

El dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local estableció como competencia "impropia" aquella distinta a la obligatoria o atribuida por delegación.