La comisión de la ley de transparencia aprueba el texto con los votos de PP, CiU y PNV

• El PSOE se ha abstenido por un error en la votación del articulado
• IU, UPyD y CiU coinciden en considerar el texto "insuficiente"
• La norma se tendrá que debatir en el pleno del Congreso en septiembre
• PSOE, IU y Grupo Mixto regresaron este martes a las negociaciones

La Comisión Constitucional del Congreso ha dado luz verde al dictamen del proyecto de ley de transparencia con los votos del PP, CiU y PNV, mientras que el resto de los grupos parlamentarios no lo han apoyado al considerar que no cumple con las expectativas de los ciudadanos y es mejorable.

La Ley de  Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ha cosechado el 'no' de IU-ICV-CHA, UPyD y el Grupo Mixto,  representado por ERC y Amaiur.

El PSOE que anunció su voto en contra del proyecto, finalmente se ha abstenido por error en la votación del articulado del informe, ya que reservaba su voto negativo para una votación de conjunto que no estaba prevista hoy en la comisión. Conforme al Reglamento de la  Cámara, esa votación no se ha producido, lo que ha llevado a los  socialistas a asumir en público su equivocación y a pedir que  constara en acta su intención de haber votado en contra.

Durante las votaciones sólo se han aprobado 32 enmiendas. Se trata  de 15 propuestas de PSOE --que no implican cambios en el texto porque  son muy similares a las presentadas por otros grupos que ya se habían  incorporado en la fase de ponencia--, seis de CiU, y once  transaccionales pactadas entre PP, CiU y PNV.

El PSOE, Izquierda Unida y Grupo Mixto regresaron este martes al debate  en el seno de la comisión, después de haberse ausentado en protesta por  la "falta de explicaciones" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,  en relación al caso Bárcenas.

El PSOE no descarta apoyarla en septiembre

El ponente del PSOE para la tramitación de la ley, José Enrique Serrano había anunciado el sentido en contra de su voto durante en la sesión que se ha celebrado este miércoles en la Comisión Constitucional.

Sin embargo, Serrano también ha dejado abierta la posibilidad de que los  socialistas varíen su voto el próximo mes de septiembre cuando la  norma vuelta a debatirse en el Pleno del Congreso antes de su  remisión al Senado.

El PSOE se implicó "durante muchos meses"  e hizo "esfuerzos" para pactar la norma con el Gobierno en una  negociación que, según ha admitido, el Ejecutivo y los 'populares'  afrontaron con espíritu abierto.

Hace falta "abrir el contenido" de la ley

"Hoy es un día ingrato para el PSOE porque será la primera ocasión  en que el PSOE queda fuera de la mayoría que en esta Cámara apruebe  una ley que se vincula con elementos estructurales de nuestro sistema  político", se ha lamentado Serrano.

El diputado socialista ha admitido que la ley ha mejorado durante  su paso por la ponencia y ha recordado que su grupo se ausentó de la  misma por la inicial negativa del presidente del Gobierno, Mariano  Rajoy, a comparecer en el Congreso por el 'caso Bárcenas'.

"El PSOE no estará en una ley de estas características  porque para ello hacían falta dos requisitos,  abrir el contenido de  la ley y acompañar esa apertura de un compromiso real de  transparencia en el quehacer diario de todos los responsables  públicos", ha explicado Serrano. "No es la ley que queríamos y por la  que hemos trabajado, será más corta más, más pobre, menos útil y  menos ambiciosa", ha añadido.

Enmiendas aceptadas por el PP

Las enmiendas del PSOE aceptadas por el PP coinciden con algunas de las planteadas por la mayoría de los grupos parlamentarios, incluidos los populares, y, entre otras cosas, amplían el ámbito subjetivo de aplicación de la ley a organismos como la Casa Real.

En concreto, como ya se había anunciado, quedarán sometidos a los criterios de publicidad que establece la norma, la Casa Real, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General de Poder Judicial, según el artículo 2 del proyecto.

También se incluyen "el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas en relación a sus actividades sometidas a derecho administrativo, y, en todo caso, en materia de personal, bienes y contratación".

Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y organizaciones empresariales también deberán someterse a los criterios de transparencia, así como las entidades privadas que reciban al menos un 40 por ciento de financiación pública anual.

Este porcentaje se ha incluido a través de las enmienda de CiU y UPyD aceptadas en el trámite de ponencia y que también establecen que las entidades privadas que reciban ayudas o subvenciones públicas de superiores a 100.000 euros deberán acatar las mismas normas de publicidad y transparencia.

IU, UPyD y CiU coinciden en que es "insuficiente"

El diputado de la Izquierda Plural, Joan Josep Nuet ha criticado el "engaño" del Ejecutivo, que pretende dar "gato por liebre" con esta ley que, en su opinión, "sigue siendo de segunda división".

A su juicio, las mejoras competenciales que se han aprobado a propuesta de CiU y PNV "no salvan" una ley que -ha vaticinado- será utilizada mañana por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando comparezca para explicar el caso Bárcenas.

El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha coincidido en que es una ley "insuficiente" y concebida en función de las necesidades de gobernabilidad del PP y ha criticado que no se incluya el acceso a la información como un derecho fundamental.

Al texto final se han incorporado mas de 90 enmiendas de la oposición, la mayoría de los nacionalistas vascos y catalanes, que consideran que la ley puede frenar la corrupción y disminuir la desafección de los ciudadanos hacia la clase política.

Jordi Jané, de CiU, se ha congratulado de que se haya aceptado que las administraciones publiquen los bienes que son de su titularidad, pero ha lamentado que no se haya admitido la enmienda de su grupo para dar publicidad a las balanzas fiscales.

CiU ha dado su "apoyo crítico" al proyecto porque cree que en el ámbito competencial la ley es mejorable; una posición similar a la del diputado del PNV Emilio Olabarria, que admite que el proyecto se ha mejorado pero no se han solucionado algunos aspectos que invaden competencias autonómicas.