Twitter revela que el gobierno de Estados Unidos es el que pide más información sobre usuarios
- Suponen un 78% del global de peticiones
- Aumentan los casos de censura en la red social
- España realizó 13 peticiones de control
La red social Twitter explicó este miércoles que el gobierno estadounidense sigue siendo el que mayor número de peticiones realiza sobre información de sus usuarios, según el informe de transparencia publicado por la propia compañía, recogido por Efe y otras agencias internacionales.
En los primeros seis meses de 2013, Twitter afirma que las autoridades federales estadounidenses realizaron 902 peticiones acerca de datos de un total de 1.319 cuentas específicas de usuarios, la mayoría de ellas acerca de direcciones IP y correos electrónicos.
Eso supone un 78% de las peticiones globales recibidas y un aumento significativo respecto a la cantidad de solicitudes efectuada en ese periodo de tiempo el año pasado (815).
De las 902 solicitudes (la mayoría a través de citaciones judiciales y órdenes de registro), el 67% de ellas llevó a la publicación de información determinada.
Aumento del control y la censura
La presión de los gobiernos de todo el mundo a los gestores de Twitter para que rebelen información privada es creciente. En total, la empresa recibió 1.157 solicitudes por parte de los gobiernos de 25 países, un aumento del 40%.
Tras EE.UU., quienes más peticiones realizaron fueron Japón (87), Reino Unido (26), Brasil (22), Italia (22), Francia (18) y España (13). En este último caso, la red social no facilitó ninguna de la información requerida, según su propio informe.
Twitter no ha dado más detalles acerca de esas solicitudes, que van desde encargos realizados por oficinas de policía locales en busca de ayuda en la investigación de secuestros, hasta demandas hechas por funcionarios de seguridad nacional.
En un caso conocido, un tribunal francés ordenó a la red de microblogging en febrero que facilitara información sobre una cuenta que había difundido mensajes antisemitas, según recuerda Reuters. Twitter, que inicialmente se resistió alegando que los datos estaban almacenados en sus servidores de California, y por tanto fuera de la jurisdicción francesa, finalmente cedió en junio.
Los esfuerzos de censura también han aumentado acusadamente. "En los últimos seis meses, hemos pasado de bloquear contenido en dos países (desde comentarios de odio a difamación) a hacerlo en siete", ha revelado el gerente de asuntos legales de la compañía, Jeremy Kessel.
Twitter ha censurado sobre todo en Brasil, donde los tribunales han ordenado en 39 ocasiones la retirada de contenido difamatorio. En el caso de España hubo una petición en este sentido, pero no fue atendida por la compañía.
Sin datos sobre el control revelado por Snowden
El informe de transparencia no incluye datos acerca de peticiones realizadas bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), que justifica otro tipo de búsquedas de información como las reveladas por el ex analista Edward Snowden.
En junio, Google presentó una petición para poder revelar estadísticas más detalladas, protegidas por seguridad nacional, sobre su relación con las actividades de espionaje de el país.
La empresa invocaba de esa forma la primera enmienda de la Constitución, la que defiende la libertad de expresión en EE.UU., para argumentar que tiene derecho a ser específico sobre su relación con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
"Una conversación importante ha comenzado acerca de hasta qué punto se les debe permitir a las compañías publicar información acerca de peticiones de seguridad nacional", escribió Kessel.
"Creemos que es importante poder publicar los números de ese tipo de peticiones, incluidas las de FISA, de forma separada. Desafortunada, aún no podemos hacerlo", añadió.
El debate en la industria comenzó cuando Snowden reveló a los diarios The Washington Post y The Guardian que la NSA recaba datos directamente de los servidores de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube y Apple a través de un programa para espiar contactos en el extranjero de sospechosos de terrorismo.