La Abogacía Española rechaza el anteproyecto de ley de Colegios y Servicios Profesionales

• La profesión quedaría dividida entre abogados y asesores jurídicos, que no necesitan colegiarse
• Perjudica a los ciudadanos y la calidad de los servicios por no ofrecer garantías

Luis de Guindos, tras el Consejo de Ministros.

El Consejo General de la Abogacía Española ha manifestado hoy su rotundo rechazo a la aprobación del anteproyecto de ley de Colegios y Servicios Profesionales aprobada el pasado 2 de agosto porque lo considera un intento de dividir la profesión entre abogado y asesor jurídico, figura que no necesita una colegiación obligatoria.

El organismo alerta del perjuicio a los ciudadanos y a la calidad de los servicios ofrecidos, ya que los asesores jurídicos no tienen la garantía que aporta el Colegio de Abogados. Más allá de las exigencias formativas que ofrece el Colegio de Abogados, este organismo también controla las normas deontológicas y profesionales para ejercer como letrado.

Asimismo, denuncia la falta de diálogo entre el Ministerio de Economía y Competitividad y las instituciones colegiales para la elaboración del anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales.

Aparte de los servicios al ciudadano, la nueva ley genera problemas al devolver el poder de intervención a la Administración central, lo que invade competencias autonómicas y recorta grave e innecesariamente la autonomía e independencia de las organizaciones colegiales, con un régimen de tutela y control propio.

Para el Consejo General de la Abogacía, es imprescindible acatar esta reforma con la voluntad de acercar los servicios a la sociedad y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Para el Gobierno, este anteproyecto supone una necesaria modernización del sector ya que, según el Ministro de Economía Luis de Guindos, "es un sector dinámico y relevante, que representa el 9% del PIB, el 6% del empleo en España y el 30% del empleo universitario".

De Guindos también destacó el  impacto económico que tendrá este proyecto de ley, que superará a medio y largo plazo los 7.000 millones de euros. Añadió que esta ley forma parte del plan de reformas del Ejecutivo y ha añadido que responde a las recomendaciones de la Comisión  Europea, del FMI y de la OCDE.