FMI: España debe vigilar las cuentas autonómicas cada mes y sancionar automáticamente

• Propone eliminar desviaciones en 6 meses con un esquema basado en la ley
• Como fija esa norma, se intervendría una autonomía si incumple dos trimestres
• El organismo internacional cuestiona la vigilancia aplicada en 2012
• Sugiere que se aumente la independencia del nuevo supervisor fiscal

El FMI quiere que España aplique de forma rigurosa el control de las cuentas autonómicas previsto en la actual Ley de Estabilidad Fiscal. Para eso, reclama que las comunidades autónomas fijen objetivos presupuestarios interanuales que permitan al Estado realizar controles mensuales sobre la evolución de su déficit público. Además, propone que se definan previamente las medidas de presión y sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento, de manera que se apliquen de forma pública y automática.

En un anexo a su informe anual publicado el pasado 11 de julio (ver documento en .pdf, en inglés), el organismo internacional define un esquema de vigilancia con aplicación automática de medidas y sanciones basado en lo establecido por la propia ley española.

Pero para que su ejecución sea rigurosa y transparente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda que se acuerde todo previamente, que se publiquen objetivos de déficit interanuales para todas las comunidades y que la autoridad responsable de la supervisión y aplicación (la Autoridad Fiscal Independiente) sea realmente independiente.

"Desarrollar un aplicación gradual y previsible de las herramientas de la Ley podría ayudar a mejorar la supervisión regional, desestigmatizar su ejecución y diluir las tensiones entre el centro y las regiones", opina el organismo.

Seis meses para corregir las desviaciones autonómicas

Así, el sistema que propone permitiría comparar los resultados mensuales y trimestrales de cada autonomía con los objetivos fijados previamente, aplicar las medidas preestablecidas en el momento fijado y "devolver a las regiones que se hayan desviado a la senda de consolidación fiscal acordada en seis meses".

"Incumplir dos objetivos mensuales consecutivos o un objetivo trimestral significaría una 'tarjeta amarilla', que ocasionaría una advertencia y la imposición de medidas", explica el FMI.

Si esas medidas no se aplican o se incumplen los objetivos de dos trimestres consecutivos, el FMI propone "una 'tarjeta roja' y la intervención" de la autonomía por el Gobierno central, tal y como se establece en los artículos 25.2 y 26 de la ley española. (Ver en .pdf la Ley de Estabilidad Financiera)

Entre los controles trimestrales se realizarían controles mensuales intermedios. Si un mes se incumple el objetivo, se realizaría una advertencia informal, que se convertiría en tarjeta amarilla si no se aplican las medidas correctoras marcadas y, al mes siguiente, se vuelve a incumplir el objetivo.

Más independencia para el supervisor fiscal

Según indica el Fondo, "la fuerte autonomía regional en España necesita un árbitro para separar la presión política de una consolidación racional y efectiva". Ese papel es el que debe jugar la recién creada Autoridad Fiscal independiente, un órgano cuya independencia -advierte el FMI- será vital para el funcionamiento del sistema.

Para garantizar esa independencia sugiere que el mandato de su presidente sea de cinco años, en lugar de los tres previstos, para que no sobrepase el ciclo electoral español.

También insta a que ese puesto no dependa del Ministro de Economía, encargado de nombrarlo por la norma vigente. Así, defiende que sea un organismo independiente del Gobierno, similar al Banco de España, y que su máximo responsable sea elegido por el Parlamento a propuesta del presidente del Gobierno.

Críticas a la vigilancia en 2012

En el anexo del informe titulado "Mejora de la disciplina fiscal regional", el Fondo Monetario Internacional (FMI) critica que en 2012 no se aplicaron las advertencias y sanciones previstas en esa Ley de Estabilidad.

"El control mensual y la imposición de medidas se realizó en gran parte entre bambalinas, en conexión con los mecanismos extraordinarios de liquidez", concluye el documento en referencia al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y a los fondos de pago a proveedores, cuyas entregas se han condicionado a determinados ajustes.

Así, continúa el FMI, en julio del año pasado, "se informó de reuniones informales, pero no se realizaron advertencias a ninguna región. No se publicaron los informes establecidos en los artículos 17.1 y 17.2, en parte porque las regulaciones no se habían desarrollado en el plazo previsto".

El 12 de julio de 2012 se celebró un Consejo de Política Fiscal y Financiera, tras el cual el ministro de Hacienda informó de que se había amonestado a ocho comunidades, pero no se citó a cuáles y el proceso que se dijo entonces iba a iniciarse no tuvo un seguimiento público.

También recuerda el informe que, "en diciembre, se publicaron cortos informes sobre riesgos de desviaciones, pero esas previsiones se cumplieron en muy pocos casos y se difundieron demasiado tarde para adoptar una decisión política significativa".