Desestimado el recurso de Munar contra el auto de prisión provisional sin fianza

• El 24 de julio la Audiencia de Palma decretó su ingreso en prisión
• Se desestima por creer que existe un alto riesgo de fuga

La Sala de vacaciones de la Audiencia Provincial de Palma ha desestimado el recurso de súplica contra el auto de prisión provisional sin fianza dictado por la Sección Segunda contra la expresidenta del Parlament y Consell de Mallorca, Maria Antonia Munar, que ingresó en la cárcel el 24 de julio.

La decisión de la Audiencia, de la que ha informado el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, confirma por tanto el auto de prisión que dictó el mismo organismo el pasado día 24 por considerar "elevado" el riesgo de fuga de Munar, sobre quien pesan dos condenas por corrupción que suman 11,5 años de prisión.

Munar permanece en prisión desde que la Audiencia atendió a la petición de medidas cautelares que hizo la Fiscalía Anticorrupción al día siguiente de que la Sección Segunda condenara a la expresidenta del Parlament balear y del Consell de Mallorca a seis años de prisión por el caso Can Domenge.

La pena por prevaricación, fraude y revelación de información confidencial en la venta de dicho solar público se suma a la de 5,5 años que pesa sobre ella por el caso Maquillaje.

Alta probabilidad de fuga

En el auto en el que ordenó la prisión incondicional sin fianza, el tribunal subrayó la alta probabilidad de que Munar intentara "eludir la acción de la justicia" por las dos condenas citadas, ambas recurridas ante el Tribunal Supremo, y las "acusaciones pendientes en otras causas" de corrupción en curso.

También señaló que la expresidenta de Unió Mallorquina (UM) "podría tener oculto dinero en el extranjero, como ha ocurrido con otros miembros de su partido, efectivo que bien podría utilizar para fugarse, o servir este de motivación añadida para propiciar su evasión".

El tribunal recordó en el auto que en la vista por el caso Can Domenge se puso de manifiesto que Munar sería presuntamente autora de un delito de cohecho ligado a la venta de esos terrenos "por el que habría recibido supuestamente la suma de 2.600.000 euros, de los cuales 600.000 habrían sido para ella y el resto para UM", aunque no consta que se ingresaran en las arcas del partido.

Este presunto cohecho, que aún se investiga, más otros casos de corrupción en fase de instrucción o pendientes de juicio en los que está involucrada, configuran para ella un panorama procesal que los magistrados definieron como "desolador", "desalentador y negativo" que podría llevarle a "considerar seriamente la posibilidad" de fugarse para eludir la situación que están atravesando excompañeros de partido con condenas firmes por casos de corrupción.

El tribunal descartó la posibilidad de sustituir la prisión provisional por la imposición de una fianza "cuantiosa" porque la propia condenada argumentó que todo su patrimonio está embargado.