La Administración Central incumplió en el primer trimestre el plazo de pago a sus proveedores

• Tardó 58 días, de media, en abonar sus facturas por bienes y servicios
• La ley fija 30 días como máximo para realizar esos pagos
• Interior fue el ministerio que más se demoró y Presidencia, el que menos

La Administración General del Estado tardó 58 días, de media, en pagar a sus proveedores durante el primer trimestre del año, lo que supera el plazo máximo de 30 días fijado por la Ley de Morosidad, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

Este plazo de pago es también superior al registrado en el conjunto de 2012, cuando se situó en una media de 47,5 días. Durante el año pasado, la Administración disponía de un máximo de 40 días para efectuar el abono correspondiente, frente a los 30 marcados para este ejercicio.

No obstante, la tardanza en el pago del primer trimestre de 2013 fue inferior a la del cuarto trimestre de 2012, cuando los proveedores del Estado cobraron en una media de 60 días.

El plazo máximo de 30 días está establecido para las operaciones de las administraciones públicas de gastos corrientes en bienes y servicios, mientras que en el caso de pagos a empresas constructoras de obra civil con contrato en vigor, ese plazo se eleva a 60 días, el mismo previsto en la ley para las operaciones entre empresas privadas.

Casi 220 operaciones superaban en marzo el plazo legal

De acuerdo con el último informe trimestral de Hacienda, en ese tipo de inversiones, la administración tardó de media 38 días en abonar sus deudas.

A 31 de marzo de este año, había pendientes de pago 1.251 operaciones, que sumaban un importe de 48,2 millones de euros, y con un retraso en el pago de 42 días de media. Dentro de esas operaciones, en 219 de ellas (por importe de 8,7 millones de euros) se excedía el período legal de pago.

De las 219 operaciones en las que se sobrepasó este plazo legal, 150 (por importe de 7,6 millones) se habían pagado a 21 de mayo, con lo que en esa fecha había pendientes de abonar 69 operaciones por importe de 1,1 millones.

Hacienda explica que la mayoría de estas operaciones se encuentra en esta situación debido a la falta de datos bancarios o a incidencias, como embargos o compensaciones tributarias.

Interior, el ministerio que más tardó y Presidencia, el que menos

El Ministerio del Interior fue el que más tardó de media en pagar (88 días), seguido del de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (50) y Fomento (casi 45 días).

Los que pagaron más rápido fueron el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (15 días) y el de Presidencia (casi 13).

En el capítulo de inversiones, el Ministerio de Justicia fue el que demoró más el pago (cerca de 66 días), seguido del de Agricultura (65 días) y Economía y Competitividad (53 días). Los que menos tardaron en pagar fueron Industria, Energía y Turismo (16 días) y Presidencia (14 días).

Hacienda subraya que no figuran en este informe las operaciones que no están basadas en una relación comercial, como las que son consecuencia de una relación estatutaria o de personal o las que se deben a la potestad de expropiar de la Administración. También se han excluido las realizadas entre los distintos ámbitos del sector público estatal y las operaciones entre éste y los órganos centrales de las comunidades autónomas.

El informe recoge solo la morosidad de la administración central, por lo que no incluye ni a la administración autonómica ni a la local, donde la demora media en los pagos es mayor.