Incentivos para las agencias privadas de empleo por colocar a parados o notificar si defraudan

• Percibirán un incentivo si encuentran trabajo a personas en riesgo de exclusión
• También si el parado colocado se mantiene un año en su puesto de trabajo
• Si el empleado incumple con sus obligaciones y se demuestra serán compensadas

Las agencias privadas de colocación percibirán un incentivo por insertar en el mercado laboral a personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social y también si el desempleado colocado se mantiene un año en su puesto de trabajo. También recibirán una compensación económica si notifica al SEPE que el trabajador ha inclumplido con sus obligaciones, como el haber cometido fraude en el cobro de prestaciones, y se acaba demostrando.

Estas medidas están en el acuerdo marco de colaboración entre estas entidades y los servicios públicos de empleo (SEPE) para ayudar a encontrar trabajo a los desempleados, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Empleo.

Las entidades designadas se harán cargo de un determinado grupo de parados,  a los que tratarán de insertar en el mercado de trabajo, y entre sus obligaciones estará también la de regular mecanismos de comunicación para notificar incumplimientos en las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Según explican desde Empleo, si una agencia de colocación notifica que un trabajador ha incumplido sus obligaciones (por ejemplo, que ha cometido fraude en el cobro de prestaciones), el SEPE procedería a comprobarlo mediante un proceso de inspección. Si de dicha inspección se derivara una sanción en firme al trabajador, la agencia recibiría una compensación equivalente al 15% de lo que habría percibido por colocar al trabajador.

Incentivos de entre 300 y 3.000 euros

Los incentivos que ofrece el SEPE a las agencias de colocación oscilan entre los 300 euros por la colocación de menores de 45 años que lleven de 3 a 6 meses en el paro y los 3.000 euros por encontrar empleo a mayores de 45 años que lleven más de 2 años desempleados.

La cuantía por inserción se cobrará siempre que las personas colocadas en el mercado laboral estén contratadas por un plazo equivalente al menos a seis meses a tiempo completo en un periodo de ocho meses. En el caso de contratos fijos discontinuos, la duración mínima requerida es de seis meses a tiempo completo en el periodo de un año.

La cantidad a pagar podrá ser minorada si las inserciones se producen mediante contratos a tiempo parcial. La licitación ofrece también la posibilidad de pagar una cuantía fija por cada persona en paro encomendada a la agencia, independientemente de si se le encuentra trabajo, que no podrá superar el 50% de la cuantía por inserción, con un máximo de 400 euros.

A ello se suma el incentivo de hasta 1.000 euros por la especial dificultad de inserción de la persona encomendada (personas con discapacidad o riesgo de exclusión) y el incentivo por el mantenimiento continuado del empleo por otros seis meses adicionales, que podrá alcanzar hasta el 50% de la cuantía por inserción.

Serán los servicios públicos de empleo los que designen al grupo de personas desempleadas que cada agencia tendrá encomendado para su inserción laboral. Además, las agencias no percibirán pago alguno si obtuvieran también una remuneración por esas mismas personas por parte de su empleador.

Acuerdo marco aprobado por el Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de agosto este acuerdo  marco, que tiene por objeto complementar la intermediación de los servicios públicos de empleo en el mercado laboral mediante un sistema de colaboración público-privada con las agencias de colocación. Para que éstas puedan solicitar su participación en este acuerdo marco deben estar acreditadas como agencias de colocación y ser solventes económica y financieramente.

Las agencias privadas de colocación tienen de plazo hasta el  viernes 30  de agosto para solicitar su participación en este acuerdo marco, con el  que se seleccionarán aquellas agencias de colocación que podrán  colaborar con los servicios públicos de empleo en la inserción laboral  de los parados.

Este acuerdo marco implica el establecimiento un conjunto de reglas básicas comunes para la mutua colaboración entre los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación. El Ministerio prevé que se destinen a los contratos basados en el  acuerdo marco un total de 200 millones de euros durante los dos años  de su duración, prorrogables hasta otros dos, para el conjunto de  contratos celebrados por los servicios públicos de empleo.

Este acuerdo cuenta con el respaldo de la mayor parte de  comunidades autónomas, que han manifestado su deseo de participar en  él mediante la firma de los correspondientes convenios. Solo han  expresado su rechazo Cataluña, País Vasco y Andalucía.