Los inspectores de Hacienda piden una reforma fiscal que limite las deducciones

• También que se evite la rivalidad impositiva entre comunidades autonómas
• Advierten que hay pocos inspectores para combatir el fraude fiscal

El presidente de la Organización Profesional de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ransés Pérez Boga, defiende una reforma fiscal "de calado", que limite las deducciones, elimine los problemas de coordinación con las comunidades autónomas y evite la rivalidad impositiva entre ellas.

En una entrevista concedida a Efe, el presidente de IHE aboga por elaborar una normativa sobre los impuestos que sea "lo más clara y precisa" y que establezca cláusulas contra el fraude que permitan corregir "interpretaciones interesadas".

Asimismo, pide una administración tributaria bien dotada de recursos,  independiente del poder político y gestionada de forma unitaria para todo el territorio nacional. Ransés Pérez Boga señala que, a pesar de que se han suprimido deducciones en el impuesto de sociedades, "todavía sobra alguna".

También pide que se combatan las argucias fiscales de las multinacionales y que no se admitan las interpretaciones especulativas, que se coordinen y aproximen legislaciones, y que se hagan inspecciones comunes.

Pérez Boga incide en que los asalariados soportan el 80 % del peso del IRPF, "a lo que hay que sumar el impacto del IVA y de los impuestos especiales", frente a los bajos tipos efectivos del impuesto de sociedades, "que apenas supera el 10 % en algunos casos".

No hay suficientes inspectores en España

Además, subraya que no hay suficientes inspectores en España para combatir un fraude que supera el 20 % del PIB y añade que la cuestión no es subir o bajar impuestos, sino si se está dispuesto a luchar de forma decidida contra el fraude.

En este sentido, destaca que en España hay un funcionario de Hacienda por cada 1.928 habitantes, una cifra muy superior a la de Reino Unido (1 por cada 862 habitantes), Francia (860) y Alemania (729), "países con un fraude fiscal que es casi la mitad que el de España".

El presidente de IHE defiende que se amplíen los plazos de duración de los procedimientos tributarios y especialmente los relativos a las grandes empresas y contribuyentes que hacen operaciones internacionales y en las que hay que pedir información al extranjero.

Investigar a los que se acogieron a la amnistía fiscal

Asimismo, recalca que la denominada amnistía fiscal fue un desacierto, "como así ha confirmado su escasa recaudación", y añade que ha mermado la conciencia fiscal del ciudadano.

A este respecto, califica de "positiva y necesaria" la posibilidad de que los inspectores puedan investigar a las personas que se acogieron a ella, así como usar la información correspondiente.

A su juicio, lo contrario habría sido dar "un cheque en blanco" a los defraudadores que pudieron haber regularizado beneficios obtenidos con posterioridad al plazo de amnistía o haber camuflado como prescritas rentas que no lo eran.

Pérez Boga destaca que también permitirá comprobar otros impuestos no amparados por la amnistía y examinar a otros contribuyentes que se hayan relacionado con los amnistiados.

El presidente de IHE se muestra a favor de que se publique una lista de defraudadores y morosos y considera que el temor a verse sometido al "oprobio público" será un incentivo para declarar correctamente.

Plan de inspección para los políticos

También reitera su defensa de que haya un plan especial de inspección para los políticos, "máxime cuando han aumentado dramáticamente los casos de corrupción y han creado un clima de alarma social".

Sobre las inspecciones a establecimientos durante las Fallas y la Feria de Abril, indica que es "engorroso, pero necesario, porque en algunos festejos no se cumple con los impuestos y genera una zona sin ley, fiscal ni laboral, que no se puede tolerar".

En cualquier caso, subraya que dados los escasos recursos de Hacienda, es preferible dedicar los esfuerzos a atajar los grandes fraudes.

Pérez Boga muestra su desacuerdo por la tributación por módulos, "que provoca injusticias y propicia el fraude con facturas falsas" y pide que la competencia para controlar el régimen fiscal de las sicav (sociedades de inversión de capital variable) recaiga sobre la inspección y no sobre la CNMV.