El juez impone fianza civil de 1.200 millones para diez directivos y seis sociedades de Pescanova

• Las fianzas impuestas lo son en concepto de responsabilidad civil
• El expresidente de Pescanova deberá depositar 178,8 millones de euros

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto una fianza de 1.200 millones de euros a diez directivos de Pescanova y seis sociedades, entre ellos su expresidente Manuel Fernández de Sousa, quien tendrá que pagar una fianza de 178,8 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Los directivos y las sociedades tienen un plazo de diez días para presentar las fianzas, según el auto.

Por su parte, el expresidente de Pescanova presentará esta semana un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la fianza, según han comunicado a Europa Press fuentes cercanas al empresario. La defensa de Fernández de Sousa considera que dicha fianza no se justifica ni por la causa, ni por lo prematuro del momento, ni por la cuantía, que está basada únicamente "en lo que dicen los querellantes sin escuchar a los querellados".

Otros de los directivos son el consejero Alfonso Paz-Andrade, para quien ha dictado una fianza de 125 millones de euros, y José Antonio Pérez Nievas, quien tendrá que entregar 54,7 millones. El magistrado ha impuesto también fianzas de 69,4 millones a los directivos Pablo Javier Fernández Andrade, F.F.S, Robert Albert Williams, Jesús García García, Joaquín Viña Tamargo, Antonio Taboas y Alfredo López.

Por su parte, la sociedad Pescanova S.A. tendrá que entregar en el Juzgado una suma de 54,8 millones mientras que Inverpesca S.A, Sociedad Gallega de Importación de Carbones S.A, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, ISS Holding Limited y Inverlema S.L deberán depositar 69,4 millones de euros cada una.

En el auto notificado este lunes, pero fechado el 16 de agosto, el juez impone las fianzas teniendo en cuanta el número de querellas y denuncias dirigidas contra cada uno de los directivos y sociedades. Esta suma servirá para garantizar las eventuales responsabilidades derivadas de la causa, en la que se investiga el falseamiento de cuentas de la compañía que condujo a varios inversores a la compra de acciones.

El juez concede un plazo de 10 días a los directivos y sociedades afectadas para que hagan efectiva la fianza y advierte de que en caso contrario se procederá al embargo de sus bienes. Está previsto que los imputados prestarán declaración ante el magistrado los próximos 16 y 17 de octubre.

Imputados por falsear las cuentas presuntamente

Fernández de Sousa-Faro y los demás directivos de Pescanova están imputados en la Audiencia Nacional por haber presuntamente falseado las cuentas de la entidad para ocultar sus dificultades económicas y poder atraer así a los inversores. Se les atribuyen delitos de falseamiento de información económica-financiera, falseamiento de cuentas anuales, uso de información relevante, estafa y falsedad en documento mercantil.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 aseguraba en un auto fechado el pasado 23 de mayo que los administradores de Pescanova "valiéndose de una información reflejada en las cuentas anuales (...) que no se ajustaba a la realidad" proporcionaron públicamente una imagen irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los querellantes a adquirir paquetes de acciones. De hecho, el auto precisaba que entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en estos valores en base a estos datos falsos.

Ruz agregaba que las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2010 y 2011, los folletos informativos y otros informes financieros "no reflejaban la imagen fiel" de la compañía como se deduce del hecho de que solo unos meses después su presidente comunicara a la CNMV su decisión de no formular sus cuentas de 2012 y manifestara sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa. El pasado mes de marzo quedó suspendida la cotización de la acción y en abril, Pescanova solicitó la declaración de concurso de acreedores.

Venta de acciones

El magistrado, además de por ocultar la quiebra de la empresa, acusa entre otros a Fernández de Sousa-Faro y a Paz-Andrade de haber vendido sus acciones antes de anunciar públicamente el pasado 28 de febrero los problemas financieros de Pescanova, que tuvo finalmente que recurrir al concurso de acreedores. Estas prácticas acarrearon cuantiosas pérdidas económicas a centenares de accionistas.

En concreto, según los datos que constan en la causa, Fernández de Sousa vendió, a través de la Sociedad Anónima de Desarrollo y Control (Sodesco), 1,6 millones de acciones a un precio medio de 16,26 euros entre enero y febrero de 2013, mes en el que la empresa de declaró en concurso de acreedores. El expresidente obtuvo de este modo 27,4 millones de euros y evitó una pérdida de 15,6.

Por su parte los consejeros Paz Andrade y Pérez Nievas vendieron en los mismos meses 344.972 y 110.000 títulos los que les supuso sendos ingresos de 5,8 y 1,8 millones de euros respectivamente.