La Fiscalía urge a la juez de los ERE a que tome declaración a imputados desde hace dos años

• Anticorrupción pide un "calendario razonable de declaraciones" a la juez
• Entre los imputados esta el hermano del expresidente andaluz Borbolla

La Fiscalía Anticorrupción ha urgido a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, a que tome declaración a 24 imputados, algunos de ellos desde hace dos años, en esta presunta trama de corrupción que habría malversado fondos públicos durante al menos diez años desde la Junta de Andalucía.

El Ministerio Público ha pedido a la instructora en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, que se establezca un "calendario razonable de declaraciones" que permita garantizar los derechos de los imputados y al mismo tiempo avanzar en la investigación.

Entre otros cita el caso de Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, imputado desde marzo de 2011 y que aún no ha declarado, así como Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, y el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet.

Reintegro de fondos "presuntamente malversados"

Además, Anticorrupción alerta sobre el riesgo de que prescriba la reclamación de cantidades a 14 empresas como Jerez Industrial, Algodonera de Córdoba, Hijos de Andrés Molina, San Carlos, Santana Motor, Yogures Andaluces, Refractarios y Derivados o el Bufete Olivencia Ballester.

En cuanto a los 24 imputados que aún no han declarado, la Fiscalía dice que deben declarar para garantizar sus derechos pero también para "avanzar sistemáticamente en la instrucción" y adoptar medidas cautelares que "permitan el mayor reintegro posible de los fondos públicos presuntamente malversados".

Entre otros, el fiscal pide que declare el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet, imputado desde marzo de 2011; el empresario Luis Morell, acusado desde enero de 2012; las funcionarias de la Junta María Angeles Gala y Rocío Sayago, imputadas desde junio de 2012; el exdigirente del PSOE Antonio Garrido Santoyo, implicado en marzo de 2011, y el empresario Angel Rodríguez de la Borbolla, cuya imputación data de marzo de 2012.

También recuerda que cinco personas detenidas en marzo pasado en la Operación Heracles contra aseguradoras y bufetes de abogados aún no han comparecido ante la juez.

Cobro y distribución de sobrecomisiones

De cara a la declaración como imputados en este mes de dos exdirectores generales de Presupuestos de la Junta, Anticorrupción pide que la Cámara de Cuentas aporte sus conclusiones sobre los procedimientos de ejecución presupuestaria de la Junta y a la Guardia Civil que informe sobre el estado de sus investigaciones en torno a la forma en que se articuló el pago de ayudas sociolaborales y a empresas.

En cuanto a los directores de los bancos, la Fiscalía recuerda que la Guardia Civil ha detallado en sus informes, en especial en los relativos al exsindicalista Juan Lanzas y el bufete Villasís de Sevilla, la "operativa" que utilizaron para el cobro y posterior distribución de las sobrecomisiones que cobraban, proceso que "no debió pasar inadvertido" para los profesionales bancarios.

Por ello, solicita que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales informe sobre las posibles denuncias o actuaciones de las que haya tenido conocimiento en esas cuentas y que las asesorías jurídicas de dichos bancos informes sobre las personas responsables de las respectivas sucursales.

Anticorrupción reconoce que el caso de los ERE -que ya acumula 116 imputados- es de gran "complejidad y extensión", pero alerta de los riesgos que existen para el buen fin de la causa y por ello pide a Alaya que adopte "todas las medidas de refuerzo que permitan afrontar la causa con refuerzos humanos y materiales suficiente".