Ordenan abrir juicio oral contra Muñoz y Roca en el 'caso Goldfinger' por la finca de Sean Connery

• Es un caso relacionado con la recalificación de la parcela donde vivió el actor
• Hay otros 15 imputados, entre los que hay abogados y cinco exconcejales
• El fiscal solicita cuatro años de prisión para el exalcalde y ocho para Roca

El Juzgado número 1 de Marbella ha ordenado abrir juicio oral contra 17 personas en el caso Goldfinger, relacionado con la recalificación de la parcela en la que el actor Sean Connery tenía su casa, entre ellas el exalcalde marbellí Julián Muñoz y el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca.

En el auto, el juez dicta la apertura de juicio para dirimir si se han cometido los delitos de fraude, cohecho, contra la Hacienda Pública, contra la ordenación del territorio y falsedad documental.

La investigación judicial se centra en la recalificación de la parcela donde estaba el chalé "Malibú" de Sean Connery, en el que el actor y su esposa pasaron sus vacaciones hasta 1999, y sobre la que hoy hay 72 apartamentos de lujo en un edificio de cuatro alturas que se terminó entre 2004 y 2005.

El fiscal solicita cuatro años de Cárcel para Muñoz y ocho para Roca

Muñoz está acusado de un delito de fraude (para la acusación que ejerce el Ayuntamiento de Marbella en concurso con un delito continuado de malversación de caudales públicos), además de dos delitos contra la ordenación del territorio, por los que el fiscal solicita cuatro años de cárcel.

Por su parte, Roca está acusado de fraude (en concurso con un delito continuado de malversación, según el ayuntamiento marbellí) y cohecho, delitos por los que se pide una pena de ocho años de prisión.

Entre los otros quince acusados hay abogados y los cinco exconcejales de Marbella Rafael González Carrasco, Alberto García Muñoz, Pedro Tomás Reñones, María Luisa Alcalá y José Luis Fernández Garrosa.

El juez fija en el auto además las responsabilidades civiles que tendrán que pagar los acusados y sociedades supuestamente involucradas, que superan en su conjunto los 40 millones de euros.

Este procedimiento judicial se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí. Inicialmente, se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las sociedades Malibú S.A. -propietaria del chalé de los Connery- y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 viviendas, denominada Malibú.

Posteriormente, tras los informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, la investigación se amplió a las operaciones financieras realizadas sobre la promoción a través de un entramado societario en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados marbellí, que había representado los intereses económicos del actor escocés y su mujer en Marbella.

Una comisión rogatoria dirigida al matrimonio Connery

El pasado mes de mayo, el magistrado instructor acordó seguir la causa contra 17 imputados, dejando al margen en una pieza separada todo lo relativo a los Connery, ya que no se les había tomado declaración, a pesar de que fueron citados como imputados primero en el juzgado y se había remitido una comisión rogatoria, es decir, una petición de colaboración internacional, a Bahamas, donde supuestamente reside el matrimonio.

Por esto, el juez reiteró la comisión rogatoria y dio un plazo de seis meses para que prestaran declaración, al creer necesario que debían explicar "cuál fue su intervención y si resultaban conocedores de las actuaciones en las que aparecen inmersos".

Si transcurre ese plazo y no hay respuesta, el instructor indicó que decidirá "lo procedente en relación con el dictado de órdenes internacionales de búsqueda, detención y puesta a disposición, en su caso".