La Fiscalía denuncia a Narcís Serra y otros cargos de Caixa Catalunya por cobros desproporcionados

• Pide la imputación de toda la cúpula de Catalunya Caixa en 2010
• Por "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas" aprobadas en 2010
• La Fiscalía cree que eran "ajenas a su situación real de solvencia"

La Fiscalía denuncia a Narcís Serra y otros cargos de Caixa Catalunya por cobros desproporcionados

La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona ha denunciado al  expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, al exdirector general  Adolf Todó y a otros 52 miembros del consejo de administración de la entidad en 2010 por "retribuciones e indemnizaciones  desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia" que, según el escrito del fiscal, "merecen ser investigadas,  máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis  económica imperante en nuestro país".

Concretamente, el fiscal Fernando Maldonado denuncia a los  miembros que adoptaron los acuerdos que constan en las actas del 19  de enero de 2010 y del 13 de octubre de 2010 donde se suscribieron  fondos de pensiones, seguros, pólizas e indemnizaciones que pudieron  suponer una "administración desleal", según la denuncia, surgida de las diligencias abiertas hace más de un año.

Para el fiscal, los 54 miembros del consejo de administración denunciados aprobaron aumentos retributivos y garantizaron indemnizaciones a los altos cargos "con evidente abuso del cargo", ya que "utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera".

Petición para imputar a todo el consejo

En su escrito, el fiscal pide la imputación de 54 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa en 2010 por un delito de administración desleal por aprobar en enero y en octubre de 2010 sendas resoluciones para aumentar el salario de los miembros del comité de dirección,  pese a que, debido a la "situación crítica" y de "insolvencia" de la entidad tuvieron que pedir en julio de aquel año 1.250 millones de ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En la denuncia se remarca que los directivos se subieron las retribuciones variables en contra del criterio de la Comisión Europea (CE), que las consideraba una forma inconveniente de retribuir a los altos directivos "por cuanto para su percepción procuran un beneficio rápido de la entidad, que desemboca en un perjuicio a medio plazo al asumir riesgos no deseados".

"Todo ello -según el fiscal- denota un reprochable y espúreo manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo debe ser procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de los altos directivos".

"Situación crítica" y de "insolvencia"

El primer acuerdo al que se refiere el fiscal se aprobó el 19 de enero de 2010, con la oposición de una única consejera y la abstención de otros dos, y consistió en aumentar el sueldo variable anual del entonces director general Adolf Todó del 35 al 50% y de su adjunto, Jaume Massana, del 35 al 45%. El segundo acuerdo se aprobó el 13 de octubre del mismo año -con siete votos en contra y siete abstenciones- para aumentar el sueldo para 2011 de los miembros del comité de dirección, de forma que Todó pasó a cobrar 812.501 euros (frente a los 800.481 que cobraba) y Massana 610.201 (frente a los 598.428).

El fiscal sostiene en la denuncia que estos acuerdos se aprobaron en una "situación crítica" y de "insolvencia" de la entidad y que, para comprender su alcance se debe tener en cuenta que una vez iniciada en 2007 la "importante crisis económica que todavía subyace", la entidad fue empeorando sus resultados económicos hasta tener que ser rescatada por el FROB.

A principios de 2008 Serra  acordó la contratación de Adolf Todó como director general y de Jaume  Massana como directo general adjunto, cuyos sueldos no dejaron de  subir durante los años 2009, 2010 y 2011. Todó cobró en estos años 4,07 millones de euros y Massana 2,89  millones,  en ambos casos sumando retribución fija y variable, a lo  hay que añadir dietas por ir a las reuniones del consejo de  administración.

Mientras tanto, dada la situación económica de la entidad, el FROB  inyectó 1.250 millones de euros en 2010; 1.718 más en 2011, y nuevamente 9.084 millones en 2012 (procedentes del rescate bancario español), con lo que se hacía con el 100% del capital en un año en el que perdió casi 12.000 millones de euros.

Retribuciones, cláusulas y privilegios

Según la Fiscalía, en este contexto, algunas de las cláusulas del contrato de Todó  son una prejubilación a partir de los 60 años por el que cobraría  hasta los 67 una renta mensual del 90% de la retribución fija. La retribución anual fija se estableció en 600.000 euros y una  variable del 35% por objetivos; además, a partir de los 67 se le  reconoce una renta vitalicia del 80% de la retribución percibida el  año anterior.

Los privilegios de Todó van más allá, y se incorpora un documento  que establece que en caso de su muerte en activo, su hija puede  elegir entre recibir el fondo acumulado de la póliza de seguro de  pensiones o bien una pensión vitalicia del 50% de la retribución  percibida el último año.

Massana tiene idénticas cláusulas de rescisión anticipada y de  prejubilación que Todó, si bien en su caso la renta mensual del 90%  de la parte fija del contrato es hasta los 65. También se suscribieron pólizas para cubrir fondos de pensiones  cuya cantidad aportada entre 2008 y 2012 fueron de 4,1 millones de  euros para Todó y 1,03 millones para Massana.

Por su parte, Narcís Serra, exministro de Defensa con Felipe González, tenía un cargo representativo "a pesar  de lo cual tenía elevados emolumentos en concepto de dietas"; además,  cobró 236.808 euros en 2007; 260.440 en 2008; 260.380 en 2009 y  246.393 en 2010.