La Audiencia lleva la ley de tasas al TC por creer que puede condicionar el acceso a la Justicia

• Plantea una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC por su subida
• Aunque son "lícitas", entiende que un coste elevado afecta a la tutela judicial

La Audiencia Nacional ha planteado este viernes una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales en la que consulta el Tribunal Constitucional sobre si esta normba vulnera la ley fundamental.

En un auto, los magistrados de la sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo consideran que el pago de las tasas puede condicionar el acceso de los ciudadanos a los tribunales y afectar a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional.

La sala estima que la finalidad de la ley puede ser "lícita", por cuanto supone sufragar el coste de la administración, pero apunta también que si el coste de las tasas rebasa ciertos límites puede obstaculizar el acceso de los ciudadanos a la justicia y la posibilidad de obtener la tutela judicial, lo que podría ser inconstitucional.

En este sentido, indica que "las consecuencias de la falta de pago de  las mismas sí pueden constituir trabas que resulten innecesarias,  excesivas y que carezcan de razonabilidad o proporcionalidad respecto de  los fines que lícitamente puede perseguir el legislador".

Asimismo, el auto, que afecta al orden contencioso-administrativo, recuerda que en algunos casos las tasas pueden suponer un gravamen igual o mayor que el propio contenido del acto administrativo, constituyendo "un impedimento innecesario y no justificado para poder acceder a obtener la tutela judicial efectiva".

Pese a que el Gobierno aprobó en marzo un real decreto ley que modificó  algunos aspectos de la ley de tasas tras un acuerdo alcanzado con la  defensora del pueblo, Soledad Becerril, el tribunal entiende que la ley  de tasas puede quebrantar los artículos 24.1; 14; 9.2 y 31.1 de la  Constitución Española.

La Audiencia Nacional duda de que la norma tenga en cuenta la proporcionalidad necesaria para conseguir financiar el servicio público de la justicia, en referencia a una posible vulneración de principios de igualdad, equidad y Justicia.