La CNE pide que se justifique mejor la nueva retribución a las renovables y a la distribución

• El regulador se queja del poco tiempo que ha tenido para analizar la ley

El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía  (CNE) pide al Gobierno que justifique metodológicamente en la nueva  Ley del Sector Eléctrico (LSE) el diferencial que utilizará para  fijar, sobre la base del bono del Tesoro, la nueva retribución a las  actividades reguladas, entre ellas renovables, transporte y  distribución.

Esta nueva retribución es uno de los pilares de la reciente  reforma energética, con la que el Gobierno quiere acabar con el  déficit de tarifa y que incluye tanto recortes a las actividades  reguladas como mecanismos para compensar automáticamente cualquier  desviación en los desajustes del sistema eléctrico.

Al pedir una mejor justificación de la medida, la CNE recomienda  dar más visibilidad en la nueva LSE al WACC (coste medio de capital).  Si el Gobierno garantiza una rentabilidad equivalente a las  obligaciones del Estado a diez años más un diferencial, el regulador  propone definir la rentabilidad como la diferencia entre el WACC  (coste medio de capital) de referencia y el rendimiento de las  obligaciones del Estado.

En esta línea, propone que antes del inicio de cada periodo  regulatorio de seis años y dentro de la revisión de los parámetros de  retribución se incluya el cálculo del WACC de referencia de cada  actividad.

La CNE se queja del poco tiempo que ha tenido para analizar la ley

Esta propuesta aparece recogida en el informe de la CNE acerca del  anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico remitido por el Gobierno, en  el que el regulador vuelve a quejarse del "insuficiente" tiempo  concedido por el Ejecutivo para analizar la nueva regulación.

Al pronunciarse sobre los nuevos mecanismos de ingresos y costes  del sistema eléctrico, el organismo presidido por Alberto Lafuente  pide además que las auditoras que se adjudiquen el control, análisis  o auditoría de la información utilizada en el cálculo de actividades  reguladas no puedan establecer relaciones contractuales con las  empresas afectadas por estas retribuciones.

El informe contempla de forma positiva el nuevo mecanismo de  corrección automática del déficit de tarifa, por el que el desajuste  anual no podrá superar el 2,5% de la previsión de ingresos, ni el  déficit acumulado el 10% de dichos ingresos. No obstante, pide que se  justifiquen los motivos por los que se fijan estos porcentajes.

Tampoco se muestra en contra de que sean los participantes en las  actividades reguladas los que financien el déficit de tarifa, y no  solo las cinco grandes eléctricas, pero pide que la devolución de  esta financiación se realice en dos años, en vez de en cinco. Eso sí,  las empresas financiadoras podrán disfrutar de un tipo de interés  equivalente a quince años.

Por otro lado, la CNE propone al Gobierno que fije por ley un  nuevo procedimiento "transparente, sencillo y gratuito" que permita a  los consumidores poner en conocimiento de las entidades alternativas  de resolución de conflictos de consumo los problemas que tengan con  su suministro eléctrico.

Las resoluciones que se dicten como parte de este procedimiento,  según la recomendación del regulador, podrán obligar a la devolución  de los importes indebidamente facturados por parte de las eléctricas  o cualquier medida de restitución de los derechos e intereses  legítimos de los afectados.

El regulador pide también que se reconozca la misma protección  tanto a  los consumidores que cuenten con un contrato regulado como a  los que se  encuentren en el mercado libre.

Derecho de acceso a la red para productores y consumidores

Otro de los puntos en los que hace énfasis el regulador es el del  derecho de acceso a la red para productores y consumidores. Frente a  la postura del Gobierno, que lo condiciona a la sostenibilidad del  sistema, el regulador lo considera un pilar básico de la  liberalización y, por ello, rechaza que se fijen condicionantes.

Dentro del mercado eléctrico, la CNE propone modificaciones en las  subastas trimestrales Cesur para fijar el coste de la energía, pero  solo para dar cabida al previsible mayor número de comercializador de último recurso, que antes era de cinco y que ahora podrá ampliarse.  Los cambios también afectan a los periodos de entrega de los  productos.

Otras recomendaciones se refieren a incluir los ingresos de los  agentes que exporten electricidad a países no comunitarios o a pasar  el coste del servicio de interrumpibilidad a la parte del mercado, y  no de los peajes.

En su informe, el regulador energético alude además en varias  ocasiones a la necesidad de preservar las competencias de la nueva  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). "Se  considera necesario  introducir mención expresa a la CNMC en el  ejercicio de las funciones que tiene legalmente atribuidas", señala.

La nueva ley debe permitir a la CNMC "supervisar las medidas  necesarias para garantizar el suministro eléctrico", así como  establecer su competencia para establecer la metodología de  asignación de los costes regulados.