La juez Alaya imputa cuatro delitos a un exjefe de servicio de la Junta de Andalucía

• Por delitos de prevaricación, malversación, societarios y de omisión
• Antonio Diz-Lois se ha acogido a su derecho a no declarar
• Gráfico: Quién es quién en el caso de los ERE

La juez que investiga los ERE irregulares en Andalucía, Mercedes Alaya.

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha imputado este martes cuatro delitos al que fuera jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social Antonio Diz-Lois, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Diz-Lois llegó a la Audiencia de Sevilla poco antes de las 10,30 horas para comparecer ante la magistrada, que le ha imputado sendos delitos de prevaricación, malversación, no promover la persecución de perseguir delitos y delito societario.

Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones ha pedido medida cautelar alguna para el imputado, que ha quedado en libertad con cargos tras su comparecencia ante la juez.

En un auto dictado el 12 de junio de 2012, ya la juez imputó a Diz-Lois al entender que como jefe de servicio de la Dirección de Trabajo, y en la época de Francisco Javier Guerrero, "era el que realizaba el seguimiento de los pagos", por lo que "indiciariamente debía conocer y participar, dado su cargo, en el sistema de pagos cruzados, o lo que es lo mismo, pagos sin convenio".

Asimismo, y según la instructora, el imputado también habría participado "en la concentración de ayudas a las mismas empresas; en el incumplimiento de la normativa en materia de subvenciones por la ausencia de fiscalización previa y la ausencia de justificación del destino dado a las ayudas, o en el incumplimiento de los filtros establecidos en el reglamento del IFA o estatuto de IDEA en materia de ayudas sociolaborales".

Se retoman las declaraciones

Con la comparecencia este martes de Diz-Lois, que se ha negado a declarar, la juez Alaya ha retomado la ronda de interrogatorios a los imputados después de las vacaciones de verano.

La Fiscalía Anticorrupción había urgido esta misma semana a la magistrada a que tome declaración a 24 imputados, algunos de ellos desde hace dos años, que aún no han comparecido en sede judicial. 

El Ministerio Público ha pedido a la instructora que se establezca un "calendario razonable de declaraciones" que permita garantizar los derechos de los imputados y al mismo tiempo avanzar en la investigación.

Así, y además de Diz-Lois, los días 17 y 19 de septiembre están citados a declarar como imputados, respectivamente, el que fuera viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos,  Antonio Vicente Lozano Peña, y el ex director general de Presupuestos  Buenaventura Aguilera, mientras que el 30 de septiembre le tocará el turno al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas y el día 9 de octubre al exparlamentario socialista Ramón Díaz.

Incumplimiento de la normativa comunitaria

En relación a Diz-Lois, en el auto de la imputación en 2012 la magistrada también le achaca haber participado "en el incumplimiento de la normativa comunitaria, pues debía conocer y ser partícipe de que las ayudas sociolaborales, pese a ser indiciariamente ayudas de Estado, no se notificaban a la Comisión Europea con carácter previo y la mayor parte de ellas se concedían a empresas en crisis", mientras que en relación a las ayudas directas, "en el supuesto de considerarse exentas de tal notificación previa, no se comunicaba su concesión a la Comisión Europea ni se llevaba un registro de las mismas para su control por parte de dicha comisión".

La juez relata que, cuando en mayo de 2008 pasó a ser director del Departamento de Administración y Finanzas de IDEA, "y pese al conocimiento de gran parte de lo que acontecía con la aplicación del convenio marco en la Dirección General de Trabajo, presuntamente fue uno de los promotores del mantenimiento específico a través del mencionado convenio, aunque su vigencia estaba concluida, considerándolo prorrogado tácitamente".

"Ello, pese a ser consciente en tal momento de las dudas que existían sobre la legalidad del procedimiento, siendo pues uno de los impulsores de que se siguiera el procedimiento específico pagando ayudas ya concedidas o nuevas ayudas mientras que se encargaba un informe jurídico o de legalidad sobre dicho procedimiento específico", dice la juez.

116 imputados en la causa

Agrega que este informe "ponía de manifiesto la ausencia del cumplimiento de la normativa en materia de subvenciones, fiscalización previa, y la falta del cumplimiento de la normativa comunitaria", mientras que el imputado también "tendría conocimiento, al menos cuando llegó a la agencia IDEA, de la ausencia de la documentación básica en los expedientes de concesión de ayudas".

En la causa figuran actualmente 116 imputados, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas; la exministra de Fomento y consejera de Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Alvarez, o el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, que ya declaró ante Alaya a finales de julio.