Magdalena Álvarez recurre el auto de imputación al entender que los delitos han "prescrito"

• Además, el abogado ha pedido la nulidad "por  falta de motivación"
• "No tenía competencias" sobre la "gestión del gasto" de las Consejerías, señala

La exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto de imputación dictado por la juez que investiga el caso de los ERE, al entender que los presuntos delitos que se le atribuyen, habrían "prescrito". Además, ha pedido la nulidad de la resolución judicial "por falta de motivación".

El abogado de Álvarez, Horacio Oliva, ha solicitado la nulidad del auto y el sobreseimiento de la causa "por manifiesta ausencia de caracteres delictivos en los hechos imputados", según ha adelantado la cadena Ser.

Por su parte, Oliva ha pedido que se revoque la resolución "por falta de motivación" y que se devuelva al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que "se dé razón suficiente de los elementos fácticos y jurídicos que hayan de sustentarlo".

El letrado alega en el recurso que la juez ha "vulnerado" el derecho a la tutela judicial efectiva "por manifiesta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación".

De este modo, dice que "el global encausamiento de 20 personas se sostiene sobre una genérica referencia a que, en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido un uso indebido de las transferencias de financiación, dando lugar con ello a un déficit de control en el pago de las ayudas sociolaborales por parte del IFA/IDEA y  la Consejería de Empleo".

"Brilla por su ausencia un mínimo juicio indiciario"

El abogado ha aseverado que "apenas permite adivinar las razones que sustentan la imputación penal, no solo por su escueta y genérica descripción sino también por  su carencia de todo viso delictivo". El abogado ha señalado que "brilla por su ausencia un mínimo juicio  indiciario" que "permita al menos afirmar una cierta apariencia delictiva y justificar la resolución que ahora combatimos".

Asimismo, ha rechazado "la existencia de todo indicio delictivo que permita vincular" la  actuación de Álvarez al frente de la Consejería de Hacienda, pues "ninguna conclusión de esa índole cabe extraer ni del  contenido del auto combatido ni de los informes institucionales a que  el instructor parece remitirse".

Oliva destaca que los hechos que "parecen imputarse" a la exconsejera de la Junta se concretan en la aprobación de la orden de 4 de junio de 2003, "por la que se introducen las transferencias de financiación de  las ayudas sociolaborales".

"Siendo ello así, y teniendo en cuenta la fecha del auto que ahora se recurre, tanto el delito de prevaricación administrativa como el de malversación estarían prescritos", ha argumentado.

La forma de financiación del IFA/IDEA era competencia de Empleo

En otro punto del recurso, el abogado asevera que "la forma de financiación del IFA/IDEA no era competencia de la Consejería de Hacienda, sino de la de Empleo".

Además, ha añadido que su cliente "no tenía competencias para controlar o supervisar la gestión interna del gasto efectuado por cada Consejería, ni debía conocer el procedimiento ni la aplicación y destino de las dotaciones económicas presupuestadas".

Por tanto, ha añadido que "dado el ámbito objetivo de sus competencias, ni conoció ni pudo conocer que los pagos efectuados estuvieran siendo indebidamente ejecutados, ni que ello derivara en una presunta malversación del dinero público".

De esta manera, concluye que "no es dable atribuir a Álvarez responsabilidad alguna por los hechos que han dado lugar al procedimiento, debiendo por tanto anularse el auto en lo relativo a la imputación de mi representada".

La juez del caso de los ERE,  Mercedes Alaya citó a declarar el pasado mes de julio a la exministra para aclarar su "participación" en el presunto "dispendio" de fondos  públicos al haber permitido supuestamente transferencias de dinero al  fondo del que salían las ayudas ilegales de tal forma que evitaban su  fiscalización.