El Gobierno aprueba la propuesta de Empleo para desligar la revalorización de las pensiones del IPC

• Los sindicatos piden su retirada y la CEOE apoya desligar IPC de pensiones
• CC.OO.: se perderá hasta un 28,3% de poder adquisitivo en 15 años
• El Gobierno asegura que con su propuesta las pensiones siempre subirán
• El anteproyecto de ley aprobado define también el factor de sostenibilidad

El Gobierno aprueba la propuesta de Empleo para desligar la revalorización de las pensiones del IPC

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley sobre factor de sostenibilidad y revalorización de las pensiones, calificada como "la reforma social más importante  que va a hacer este Gobierno en 2013" por la ministra de Empleo y  Seguridad Social, Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al  Consejo.

La propuesta, presentada hace dos semanas  a los agentes sociales, pasa ahora al Consejo Económico y Social  (CES), cuyo informe es preceptivo, y que el Gobierno ha solicitado en un plazo de diez días.

Por lo pronto, este viernes,  los sindicatos se han mostrado en contra y han pedido al Ejecutivo que retire el proyecto.  Lo han hecho tras reunirse con el secretario de Estado de Seguridad  Social, Tomás Burgos. La patronal, por su parte, ha respaldado que se  desliguen pensiones de IPC, tal y como propone el Gobierno.

El Gobierno pide diálogo

La propuesta del Ejecutivo para reformar el sistema de pensiones,  la presentada el pasado 2 de septiembre, tiene dos fórmulas: por una  parte se desliga la revalorización de  las  pensiones del IPC desde 2014  -que siempre subirán como mínimo un  0,25%-  y por otra se aplica un factor de sostenibilidad que tenga en cuenta la esperanza de vida, que entre en vigor en 2019 y que se actualice cada cinco años.

Mientras, desde el  Ministerio de Empleo se mantendrán diversos  encuentros de carácter  técnico con los agentes sociales, a la vez que  el factor de  sostenibilidad también es debatido en la comisión  parlamentaria del  Pacto de Toledo. "Queremos que haya el mayor consenso sobre algo capital, sobre el corazón del sistema de pensiones", ha dicho Báñez.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha aseverado que la voluntad del Gobierno es "escuchar y tomar en consideración" todas  las aportaciones que puedan hacerse para garantizar la sostenibilidad  y viabilidad del sistema público de pensiones. "Pero el Gobierno tiene que decidir y definir el factor de sostenibilidad, algo que está contemplado en la ley", ha asegurado Báñez.

El objetivo del Gobierno es que el proyecto de ley de  reforma de las  pensiones sea aprobado por el Consejo de Ministros en breve y empiece a  tramitarse en el Parlamento a finales  de este mes y se apruebe "antes del 31 de diciembre de 2013". El PSOE ya ha mostrado su oposición a la propuesta por entender que los pensionistas perderán poder adquisitivo.

CC.OO.: se perderá hasta un 28% de poder adquisitivo

Antes del Consejo de Ministros, el secretario general de CEOE, José María Lacasa, respaldó que ya no se ligue exclusivamente la revalorización de las pensiones a la evolución de la inflación. "Hay que desvincular pensiones del IPC e introducir nuevas  variables", ha dicho Lacasa en una rueda de prensa. Mientras, los sindicatos, tanto CC.OO. como UGT, han mostrado este viernes su rechazo y le han exigido que "retire su propuesta".

Para Comisiones Obreras, con este hecho se perderá entre un 14,8% y un  28,3% de poder adquisitivo  durante los próximos 15 años si esta medida se pone  en marcha tal y  como la ha formulado el Gobierno supondrá esta pérdida de  poder de  compra de las prestaciones públicas. Y critica que el Ejecutivo se  centre solo en el gasto, "olvidando cualquier medida de mejora de  ingresos que pudieran reforzar la sostenibilidad del sistema".

Sindicatos y patronal dan su opinión sobre la propuesta del Gobierno en relación al empleo

Por eso exigen una medida de aplicación inmediata, como es el incremento temporal de los tipos de cotización por contingencias comunes, mediante un esfuerzo adicional compartido entre las empresas, los trabajadores con empleo y el Estado. Esta medida tendría un impacto de 7.000 millones (0,67% del PIB).

Por otra parte, proponen medidas de aplicación progresiva (19.140 millones, el 1,82% del PIB) como el incremento de base máxima de cotización, la convergencia de la base media de cotización del RETA con la del Régimen General,  la asunción del Estado de los gastos de personal de la administración  de Seguridad Social y convertir los programas de reducciones a la  contratación en programas de bonificación.