Un inspector jefe de policía niega que cobrara de macroprostíbulos a cambio de información

• Asegura que se reunió con los clubes para "investigar" a un superior suyo
• Según su testimonio, fingió ser corrupto para destapar la trama de prostíbulos
• Declaran 20 acusados de favorecer delitos de prostitución en Barcelona

Juicio contra una presunta trama que protegía a macroprostíbulos en Barcelona

El inspector jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación del  Cuerpo Nacional de Policía José Javier M.P., acusado en la presunta  trama de proxenetismo y soborno a policías vinculada a los  macroprostíbulos de Castelldefels (Barcelona) Riviera y Saratoga, ha  asegurado este lunes en el juicio que "nunca" cobró comisiones de los burdeles a cambio de información policial. 

Lo  ha afirmado en la Audiencia de Barcelona tras responder a las preguntas  del fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, que le ha preguntado por  qué se reunió con propietarios de los macroprostíbulos y les dijo que  "sería razonable" cobrar la mitad de lo que había cobrado un jefe suyo.

En su declaración ante el tribunal, el inspector, alias "Jordi", ha justificado que mantuviera conversaciones y encuentros con responsables de burdeles -en las que consta que pidió sumas de dinero- en que se estaba "infiltrando" para desenmascarar una trama en su unidad de la que sospechaba.

"Mi  intención era investigar, obtener información del señor Carmelo  (encargado del club Saratoga), que me había dicho que un jefe mío estaba  cobrando", ha dicho, y ha añadido que solo quería saber quién era ese  jefe suyo que realizaba prácticas irregulares. 

El inspector jefe denuncia una campaña contra él

El inculpado ha señalado como líder de esa trama corrupta al también inspector jefe Abundio N., su superior en el cuerpo, y le ha acusado de haber emprendido una "campaña" contra él, de la que formaría parte el registro de su taquilla, para apartarlo de la Policía y poder continuar con sus prácticas ilícitas.

Ha explicado que, después de su primera intervención en 2005 en el club Riviera, su jefe directo, el inspector jefe Abundio N., le dijo que era la "última vez" que su grupo trabajaba en Castelldefels, y que desde esa fecha podría trabajar en cualquier otro sitio menos en este. 

Poco después, ha detallado, se produjo un robo en su taquilla de la comisaría, en el que desapareció su ordenador y un sobre con informes sobre los macroprostíbulos de Castelldefels, y ha relatado que cuando llegó a la comisaría Abundio N. sacaba todo lo que había dentro y hacía un reportaje fotográfico. 

En ese momento se mostró sorprendido, pues, al ser un robo con fuerza, "lo que hay que hacer es investigar lo que han robado, no lo que hay en la taquilla", por lo que cree que Abundio N. y otros policías estaban realizando una campaña contra él.

Versiones contradictorias

José Javier M.P. fue detenido en 2007, después de una reunión que mantuvo en un hotel de Barcelona con Carmelo S., encargado del prostíbulo "Riviera", quien supuestamente le dio un sobre con dinero mientras la Guardia Civil vigilaba la "entrega controlada" para arrestarlo, aunque esa suma no se ha encontrado nunca.

Sobre ese encuentro, las versiones de "Jordi" y Carmelo S. son opuestas: el inspector jefe asegura que formaba parte de su proceso de infiltración para investigar la trama corrupta, mientras que el gerente del burdel mantiene que fue extorsionado por el agente, que le había pedido dinero bajo la amenaza de someter al burdel a inspecciones y redadas continuas.

Respecto a si se  alió con los tres abogados también acusados -Fernando M., Alex G. y  Carlos C.- para sacar cantidades de dinero de las inspecciones de otros  prostíbulos de Barcelona, ha negado que hubiera cobrado nunca de ningún  club.

El fiscal también le ha preguntado sobre una conversación telefónica en que supuestamente amenazó a un club si no pagaba: "Eso sería acoso policial" y nunca lo ha hecho, asegura.

Piden de 3 a 44 años de cárcel para los acusados

Según el fiscal, los propietarios y encargados de los  dos prostíbulos se lucraron de 2002 a 2008 de la explotación de mujeres  en situación irregular, que estuvo favorecida por los chivatazos de la entonces cúpula de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Barcelona, que dependía de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif).

Por  eso, el fiscal pide de 3 a 44 años de cárcel para los 20 acusados que  declararán esta semana en el juicio, por los delitos de favorecimiento  de la prostitución, pertenencia a organización criminal, asociación  ilícita para delinquir, cohecho pasivo, revelación de secretos, omisión  del deber de perseguir delitos, aprovechar información privilegiada,  falsificar documentos oficiales, extorsión en concurso medial con delito  cometido por funcionario público contra derechos individuales,  violación de información por razón de cargo e infidelidad en custodia de  documentos.