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Torres-Dulce advierte de que "no hay zonas de penumbra" para la investigación de la corrupción

  • Es necesario "mostrar a una sociedad desmoralizada que el delito no renta"
  • La Justicia "queda en evidencia " si no responde con solvencia a la corrupción
  • El fiscal general ensalza el valor de una justicia "equitativa" y no "ejemplarizante"
  • Gonzalo Moliner alerta del "deterioro" de la Justicia si no hay más jueces

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El fiscal general del Estado advierte de que no habrá zonas de penumbra para los corruptos

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha advertido sobre la corrupción que "el delito no renta" y que "no hay zonas de penumbra" en las que se puedan agazapar "quienes se lucran a costa del interés común".

Durante su discurso en la solemne apertura del año judicial , presidida por el Rey, Torres-Dulce ha constatado contra este tipo de delincuencia "una creciente concienciación ciudadana" que ha motivado el incremento de las denuncias de irregularidades, "lo que constituye un prometedor síntoma de reacción social" [discurso de Eduardo Torres Dulce en .pdf].

Ha mostrado su preocupación porque el "inevitable sentimiento de desánimo" provocado por la crisis "derivase en desafección de la cosa pública", pero ha asegurado que "esta sombría realidad" no ha mermado de momento "el deseo de participación social de una ciudadanía".

Justicia "equitativa", no "ejemplarizante"

En este sentido, Torres-Dulce ha rechazado la idea de la Justicia como "ejemplarizante" y se ha mostrado más partidario de una justicia "equitativa", cuya verdadera finalidad es "restablecer el orden jurídico conculcado" y "no satisfacer sentimientos subjetivos de venganza, por legítimos que sean".

Por ello, ha dicho que ahora más que nunca es necesario "mostrar a una sociedad desmoralizada que el delito no renta,  que no hay zonas de penumbra en las que se puedan agazapar quienes se lucran a costa del interés común".

"Temo que estas expectativas ciudadanas se hayan podido ver defraudadas por resultados parcos"

La corrupción es, según el fiscal general, una de las cuestiones que más debilitan la fortaleza moral de la sociedad y ha mostrado su preocupación porque afecte al funcionamiento y prestigio de la Administración de Justicia, "que queda en evidencia cuando no es capaz de dar una respuesta solvente y tempestiva a cada una de sus manifestaciones".

Se ha constatado, ha asegurado Torres-Dulce, una creciente concienciación ciudadana que ha motivado el incremento de las denuncias de irregularidades, "lo que constituye un prometedor síntoma de reacción social".

"Me temo, sin embargo, que estas expectativas ciudadanas se hayan podido ver defraudadas por resultados parcos", ya que el problema es "espinoso" y requiere, según el fiscal general, "una extensa explicación de las importantes limitaciones que presenta el proceso penal como medio de control de la acción administrativa".

Según Torres-Dulce, el panorama se complica aún más cuando a la corrupción pública se une la corrupción privada, en la que los directivos y administradores de sociedades "se prevalen de su condición para lucrarse a costa de la entidad que gestionan y de las personas que tienen intereses en ella".

"Abordar adecuadamente este complejo fenómeno exige aumentar la eficiencia de los órganos de inspección y control de las administraciones, corporaciones y mercados, y el establecimiento de unos mecanismos de detección precoz que permitan abortar la corrupción en sus inicios", ha dicho.

Garantizar la autonomía de los fiscales

Para ello ha defendido incrementar los recursos de la jurisdicción contencioso-administrativa y del Tribunal de Cuentas, como instancias claves de control, así como una mayor autonomía de la actividad de los fiscales, para sustraerla de las presiones y el control sobre su actividad, como ocurre en otros países, sin que dejen de revisarse sus actuaciones.

Tras destacar el decisivo papel de la Fiscalía Anticorrupción para el esclarecimiento de gran cantidad de delitos relacionados con el manejo de caudales públicos y con el ejercicio abusivo o desviado de las atribuciones públicas, ha detallado que en el año 2012 se han incrementado las calificaciones por delito de prevaricación administrativa en un 23,85 %, y las de fraude cometido por autoridad o funcionario público en un 120,79 % [Consulte la Memoria de la Fiscalía General del Estado, en .pdf.

En cambio, han descendido las calificaciones por malversación de caudales públicos en un 31,23 %, por tráfico de influencias en un 22,37 % y por malversación de caudales públicos en un 31,23 %.

"Deterioro" en la Justicia si no hay más jueces

Continuando con la petición de reformas para la Justicia, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ha alertado de que el actual número de jueces y fiscales es "claramente insuficiente" y será difícil evitar que ello suponga en los próximos años "un deterioro en el servicio de la Justicia".

"La Justicia en nuestro país funciona bien, aunque necesite mejorar su agilidad"

"La importancia de la Justicia como un pilar del Estado que en nuestro país funciona bien, aunque necesite mejorar su agilidad, exige una mayor dotación de medios y ser considerada una cuestión de Estado por los partidos políticos, que deberían llegar a un consenso sobre ella y también en la próxima renovación del Consejo General del Poder Judicial", ha expresado en su discurso en el acto de apertura del Año Judicial.

Moliner ha recordado que en 2010 el CGPJ informó de que hacían falta 450 nuevos jueces sobre la plantilla de entonces, pero el Gobierno solo ha incrementado el número de jueces más que en 50 nuevas plazas (2013), y además ha eliminado la figura de los jueces sustitutos y suplentes, ha explicado.

"Con todo ello, se ha producido una clara reducción de efectivos en el personal judicial que trae consigo el reto difícil de conseguir evitar un deterioro en el servicio", ha señalado Moliner, presidente también del CGPJ.

"Consenso" y no "cuotas" en la elección de jueces

En su discurso de despedida, pues este mes acaba su mandato y el del actual CGPJ, cuyos vocales han de ser renovados por el Congreso, Moliner ha apuntado también la importancia del "reto" de mejorar la justicia en su conjunto que afrontará "el próximo" gobierno de los jueces.

"Y ello aún teniendo en cuenta que el nuevo diseño" que le ha impuesto el Gobierno al CGPJ "indudablemente ha introducido importantes limitaciones en su estructura".

Moliner ha expresado también su deseo de que el diseño y organización de la Administración de Justicia "se lleve a cabo con el mayor consenso entre las diversas fuerzas políticas", todas ellas comprometidas con una cuestión de Estado.

Este acuerdo debería también afectar a la elección de los miembros del CGPJ, "pues su legitimación mayor o menor no solo deriva del sistema de elección parlamentaria o corporativa que se elija, sino también del hecho de que esa elección se haga por consenso y no por cuotas" repartidas entre los partidos.

Moliner ha señalado también que la Justicia en España es mejor de lo que "suele afirmar": a pesar del incremento de asuntos, el número total de éstos se ha reducido en 2012 un 4,9 % respecto al año anterior. Pero ha reconocido que debe progresar en eficiencia y agilidad, sobre todo en los juzgados, por su excesiva carga de trabajo.

Silbidos y protestas en la puerta del Tribunal Supremo

Antes de que comenzara el acto, varias decenas de funcionarios de justicia se concentraron a las puertas del Tribunal Supremo en protesta contra las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, convocados por los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT. Los manifestantes recibieron a los asistentes al acto del Alto Tribunal con silbidos y protestas.  

Javier Hernández, de CCOO, ha indicado que se trata de luchar contra "la Ley de Tasas, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Demarcación y Planta, contra la reforma de la Ley del Registro Civil, etc" porque, en su opinión, "supone en todos los casos una lista de reformas legales con la única intención de reformar la justicia para privatizarla".