Anticorrupción se opone a investigar la destrucción de los discos duros de Bárcenas

• Considera que no aportaría ningún resultado de interés para la causa
• El PP destruyó los dos discos duros de los ordenadores de Bárcenas

El extesorero del PP Luis Bárcenas en una de sus comparecencias en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción se opone a abrir una investigación  sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas utilizaba en su despacho de la sede madrileña de Génova y que quedaron en poder del partido tras su  dimisión, porque considera que no aportaría ningún resultado de interés para el avance de la causa que investiga la presunta contabilidad B del partido.

El Ministerio Público se posiciona así en contra de la petición realizada por varias acusaciones personadas en la causa y que habían solicitado la apertura de una investigación por encubrimiento y obstrucción de la justicia.

El Partido Popular (PP) destruyó en abril de este año el contenido  de los discos duros de los dos portátiles, un mes después de que  agentes de la Policía Nacional acudieran a Génova tras la denuncia  que el exsenador presentó contra el abogado de la formación, Alberto  Durán, por abrir sin su consentimiento un espacio que tenía a su  disposición en el edificio.

Denuncia de Bárcenas

La Policía Nacional visitó la sede del PP el  1 de marzo, el mismo día que Bárcenas interpuso su denuncia, y fue  justificada con el objetivo de comunicar a Durán la acción judicial  emprendida por el ex tesorero, sin que los agentes practicaran otras  diligencias, según señalaron entonces a la agencia Europa Press  fuentes policiales.

Bárcenas denunció a Durán por un posible delito contra la  intimidad y otro de robo por forzar la puerta del despacho y examinar  de forma exhaustiva toda la documentación allí guardada, parte de la  cual argumentaba que era de carácter personal, así como los  ordenadores portátiles que estaban guardados en la sala Andalucía de  la formación.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid archivó en abril  esta denuncia argumentando que los ordenadores estaban en una sala,  por lo que "no se trataba de un despacho personal" y "en definitiva,  no se ejerció fuerza alguna para entrar".