Bolivia aprueba una ley que permite revocar concesiones mineras privadas sin compensación

• Espera recuperar el 70% de las que actualmente están en manos privadas
• Evo Morales: "La legislación anterior era prácticamente regalar la patria"

Bolivia ha promulgado una ley que permitirá al Estado revocar las concesiones mineras y con la que espera recuperar el 70% de las que actualmente están en manos privadas, sin ningún tipo de compensación, tal como ha anunciado el presidente Evo Morales.

El gobernante ha dicho que "en la concepción neoliberal sobre tenencia de concesiones, los derechos eran otorgados a personas individuales nacionales o colectivas, renunciando a toda declaración diplomática, y constituyéndose en bien inmueble transferible por concesión hereditaria".

"Es prácticamente regalar la patria, entregar los recursos naturales mediante las llamadas concesiones, que sean dueños eternamente", ha añadido, y ha reconocido que "con razón" las organizaciones sociales y mineras convocaron sus recientes protestas por este asunto.

Hay 2.454 concesiones mineras privadas

"Hay como 7.000 concesiones privadas y del Estado, y tal vez de carácter colectivo. De estas, 2.454 son totalmente privadas. Vamos a recuperar el 70%, volverán al pueblo boliviano", ha dicho el gobernante en un acto en el Palacio de Gobierno, en La Paz.

“Quiero que sepan algunos concesionarios que no hay ninguna indemnización“

Ha precisado, además, que de los 1,46 millones de hectáreas que suman las concesiones mineras en Bolivia, más de un millón volverán a pertenecer al Estado. La nueva ley pretende "recuperar esas concesiones mineras donde nunca han sido invertidas", ha dicho el presidente.

Morales ha señalado que muchas eran "concesiones de engorde que no podían recuperarse, algunas inactivas e improductivas". Además, ha anunciado que no se indemnizará a los titulares de explotaciones mineras revocadas.

"Quiero que sepan algunos concesionarios que no hay ninguna indemnización, no tenemos por qué indemnizar a los concesionarios", ha afirmado, aunque ha puntualizado que es obligación del Estado "respetar donde ha habido una inversión".