El dueño de un prostíbulo admite contactos con mandos policiales de toda España

• En el juicio sobre una presunta trama de corrupción policial en prostíbulos
• Antonio H. asegura que tenía una relación de amistad con el comisario Luis G.

El dueño del macroprostíbulo "Riviera", Antonio H., que ha gestionado una decena de burdeles en la Península, ha admitido su amistad con un presunto comisario corrupto de la Policía Nacional, así como contactos con altos mandos de cuerpos policiales de toda España en su declaración en el juicio contra él y una veintena de personas que integraban una presunta trama de corrupción policial.

El empresario no ha tenido reparos en reconocer sus contactos con altos mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y hasta la Ertzaina, como se desprende de una conversación intervenida en la que el dueño del Riviera alude a una comida de Navidad que iba a celebrar con "un coronel, un comandante y un capitán".

El acusado fue propietario no solo del "Riviera", clausurado por orden judicial desde 2009, sino de una decena de burdeles más repartidos por toda la geografía española, y también administra una empresa de seguridad encargada de vigilar los clubes donde, ha afirmado, habría empleado a exmiembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como a un exalto cargo de la Ertzaina.

En esos presuntos contactos con responsables policiales ha enmarcado Antonio H. su relación con el comisario Luis G., que afronta una pena de 17 años por avisar de redadas a los dueños de burdeles, y ha reconocido la "amistad" que le une a él, a cuya familia ha hecho varios favores.

El juicio contra Antonio H. y una veintena de personas investiga una presunta trama de corrupción policial que a cambio de regalos y dinero protegía a prostíbulos, como los macroburdeles "Riviera" y "Saratoga" de Castelldefels.

Una relación de amistad con el comisario

Concretamente, el empresario ha explicado que conoció al comisario Luis G. en 2002, a raíz de una redada en el "Riviera" en la que habría recibido un buen trato personal por parte de la Policía Nacional, por lo que una vez cerrado el caso acudió a la comisaría para agradecérselo.

Eso fue el inicio de una relación de amistad, en la que Antonio H. ha admitido que pagó al menos una consulta médica al hijo de Luis G. , adicto a la cocaína, y que posteriormente empleó en sus empresas de seguridad a dos de los hijos del comisario.

Años después, conoció al inspector jefe de Extranjería Abundio N., responsable de las redadas en burdeles y que afronta 17 años de cárcel, y acabó entablando con él una relación próxima, por lo que tenía su teléfono móvil personal y en 2007 le regaló una caja de vinos: "Son fechas en las que todos estamos acostumbrados a dar y recibir detalles", ha justificado el empresario.

Pese a insistir en que nunca ha pagado sobornos a ningún policía para ser avisado de redadas, Antonio H. ha reconocido que acabó siendo amigo del también imputado Manuel N. , agente de la brigada de Extranjería de la Policía Nacional, al que ofreció trabajo en una empresa suya.

Condiciones de vida de las prostitutas

El Fiscal ha preguntado en repetidas ocasiones al dueño del "Riviera" por las condiciones de vida de las prostitutas del burdel, que según la versión del acusado pagaban 75 euros por noche a los dueños del club por hospedarse en el hotel anexo, sin entregarles porcentaje alguno de lo que recaudaban con sus servicios sexuales, lo que supondría un delito de favorecimiento de la prostitución.

El dueño del "Riviera" ha negado que su local seleccionara a las mujeres que podían alojarse en el hotel anexo en función de su aspecto físico, que fueran controladas por las llamadas "mamis" o "gobernantas" y que se les obligara a ingerir hormonas para retrasar o eliminar la menstruación y que así pudieran trabajar más.

"El médico les manda un medicamento, y ellas se lo pagan. El 'Riviera' no tiene nada que ver con eso", ha afirmado Antonio H., pese a las recetas médicas que los Mossos d'Esquadra intervinieron en las oficinas del club.

En el juicio también ha declarado este miércoles Ignacio L., expolicía nacional que afronta 16 años de cárcel y quien ha insistido en que nunca ha recibido dinero ni regalos de ningún propietario de burdel. "Como así reflejan mis cuentas", ha añadido.

El acusado, que desde 2008 trabaja en la seguridad de una marca de relojes, ha admitido solo que en una ocasión llamó a un contacto en los Mossos d'Esquadra para averiguar si el encargado del "Saratoga" iba a ser detenido, por un favor personal que le pidió el exinspector jefe Andrés O., también entre los acusados.

Desacreditan al principal testigo de la acusación

En la jornada anterior del juicio, celebrada este martes, un exinspector jefe de la Policía Nacional y responsables del club "Saratoga" vinculados a la red de corrupción policial que protegía a prostíbulos negaron la existencia de la trama y desacreditaron al confidente policial y principal testigo de la causa, el presunto traficante Manuel G.C.

Tanto el inspector jefe de la Policía Nacional Andrés O., ya retirado cuando se precipitó el caso, como dos dueños y dos encargados del club "Saratoga" negaron ante el tribunal que los agentes recibieran sobornos a cambio de avisar de las redadas que se iban a practicar en los burdeles.

Por el contrario, la declaración de los cinco procesados que declararon este martes estuvo dirigida a desacreditar al confidente policial Manuel G.C., principal testigo de la acusación que destapó la trama al revelar que él mismo había ejercido de intermediario en el intercambio de regalos entre policías y dueños de burdeles.

Los acusados han apuntado que el confidente policial, durante largo tiempo cliente habitual del club "Saratoga" y amigo de algunos de los policías imputados, los involucró en la trama corrupta después de enemistarse con los dueños del burdel, porque estos le habían llamado la atención por vender cocaína en el local.