Alaya impone 46,6 millones de fianza civil al exviceconsejero de Presidencia de la Junta

• Antonio Lozano está imputado por prevaricación y malversación de caudales
• La juez considera que tuvo conocimiento de transferencias irregulares

El ex director general de Presupuesto de la Junta, Antonio Lozano

La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de  responsabilidad civil de 46.6 millones de euros al exviceconsejero de  Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de  Andalucía, Antonio Vicente Lozano, por su papel en las transferencias de financiación que se usaron para "obviar el procedimiento legal".

La juez dice que Lozano reconoció en su declaración que la partida de transferencias de financiación "no podía utilizarse para conceder subvenciones" y que, al obviar el procedimiento legalmente previsto para gastos de esta naturaleza, se evitaba "la fiscalización previa por parte de la Intervención General".

Lozano está imputado en la causa por los  presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales  públicos, "a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que  puedan declararse procedentes", según reza en el auto judicial hecho público este lunes.

Hace cuatro días que Antonió Lozano fue interrogado por la juez Alaya, el exdirector de Presupuestos interrumpió su declaración tras  responder a una decena de preguntas acogiéndose a su derecho  constitucional a no declarar al entender que no se estaban  "respetando" sus garantías, máxime después de que la instructora le  reprochase que estaba haciendo "teatro".

En el auto, Alaya adopta  estas medidas cautelares por considerar que Lozano, que reconoció que  "la partida 440.51 de transferencias de financiación al Instituto de  Fomento de Andalucía (IFA) no podía utilizarse para conceder  subvenciones" durante su declaración, "pudo o debió conocer el uso de  las transferencias de financiación por Empleo para otorgar  subvenciones y que IFA era solo mera pagadora", así como que "podía  impedir el uso de la partida de transferencia de financiación".

Hasta 12 modificaciones presupuestarias

Al finalizar la declaración el pasado jueves, se celebró una  comparecencia de medidas cautelares en la que ni la Fiscalía  Anticorrupción ni la Junta de Andalucía pidieron medida alguna.

Mientras que las acusaciones ejercidas por el PP y Manos Limpias  solicitaron a la juez que impusiera al imputado una fianza de  responsabilidad civil de 57 millones de euros, correspondientes a  las modificaciones presupuestarias que tramitó, más el tercio legal  previsto, en total 76 millones.

En concreto, la magistrada imputó a Lozano, que fue director  general de Presupuestos desde abril de 2002 hasta abril de 2009,  haber "ordenado ilícitamente, en connivencia con otros, la inclusión"  del sistema de las transferencias de financiación al IFA, cuando  éstas "solo podían destinarse a equilibrar la cuenta de pérdidas y  ganancias de la agencia o a enjugar pérdidas de ejercicios  anteriores", todo lo cual "significaba presuntamente permitir el  incumplimiento flagrante de la Ley General de Subvenciones y la  normativa concordante, como la Ley General de Hacienda Pública".

La juez, que también le atribuye haber tramitado 12 modificaciones  presupuestarias entre 2002 y 2009 por valor de 57 millones de euros,  sostiene que "la inclusión de esta partida inadecuada en el  presupuesto conllevaba la elusión de la fiscalización previa por  parte de la Intervención General de la Junta, evitando el control de  legalidad que la misma significaba".

"Que el uso inadecuado de dicha  partida presupuestaria generaba tales consecuencias era  indiciariamente conocido por el inculpado", ha dicho la juez.

Al hilo, la instructora concluye que "parece pues que lo que se  pretendía por el inculpado, en connivencia con otros, era conseguir  un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma  que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social se otorgaran  las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier  control, vulnerando los principios de objetividad, libre  concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no  discriminación".

Los imputados podrán compartir letrado

En otro auto notificado este lunes, al que ha tenido acceso Efe, Alaya anula su anterior prohibición de compartir letrado, medida que afectaba a 13 imputados en la causa, en su mayor parte ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

“La juez insiste en posibles situaciones de "intereses contrapuestos" en una misma defensa pero esgrime razones de "agilidad"“

La juez acuerda ahora permitir que compartan defensa, dado que ha sido una decisión tomada "con el conocimiento y la entera voluntad de los interesados" y con el objeto de no causar nuevos retrasos en la instrucción.

La prohibición de compartir abogado motivó que el Consejo General de la Abogacía Española encargase un dictamen jurídico sobre las causas de incompatibilidad, ya que según José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogados de Sevilla, se trata de una medida que "vulnera el derecho a la libre elección de abogado".

Pese a ello, Alaya se ratifica en su impresión de que "realmente puede existir esa contraposición de intereses" como en el caso de Lozano, cuyo sucesor en el cargo, Buenaventura Aguilera, está citado este martes como imputado con el mismo abogado defensor.