La Fiscalía insiste en reabrir la investigación del metro de Valencia y critica a la juez

• Cree que la juez instructora se atribuye un papel de perito que no le corresponde
• Insisten en que no se tuvieron en cuenta descarrilamientos previos al accidente
• La juez instructora desestimó estos hechos al no considerarlos novedosas

La Fiscalía de Valencia ha solicitado de nuevo que se reabra la investigación por el accidente de metro ocurrido en Valencia en 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, al estimar que existen "nuevas" pruebas, como descarrilamientos previos al siniestro que no fueron contemplados en su momento.

Al mismo tiempo, en un recurso de apelación, ha criticado que la jueza instructora del caso se atribuya un papel "que no le corresponde", el de perito.

De esta forma, los fiscales Vicente Torres y Sandra Bonet han recurrido ante la Audiencia de Valencia el auto dictado por la magistrada del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, por el que se desestimaba la petición del ministerio público de reabrir las diligencias por este accidente al considerar que no se habían aportado argumentos novedosos y al entender que no cabía "la menor duda" de que el siniestro se produjo como consecuencia de una "velocidad inadecuada" del maquinista [consulte el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en .pdf].

Este recurso se fundamenta en que la resolución de la jueza de instrucción fue notificada una vez resuelta, sin que las partes se pudiesen pronunciar, e insiste en que hay hechos nuevos que motivan la reapertura de las diligencias.

La Fiscalía recuerda que en las diligencias previas estaban personadas las representaciones de las víctimas y que la jueza instructora resolvió la petición de reapertura del caso "sin dar tiempo a que el resto de partes personadas pudieran hacer efectivo su derecho".

Sobre la existencia de hechos nuevos, se insiste en la posible existencia de averías en el sistema de frenado de la unidad siniestrada y de descarrilamientos previos de los que Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) no informó.

Desde el 20 de junio de 2006 al día del accidente, según el fabricante del vagón siniestrado, constan 28 incidencias de activación del freno de emergencia y tres incidencias relativas al rebasamiento de señales de stop, expone el recurso.

“"Es el perito quien debe determinar la posible concurrencia de factores en el accidente"“

Sobre los descarrilamientos previos, el Ministerio Público indica que FGV "nunca informó al juzgado de que la unidad siniestrada descarriló hasta tres veces, dos de ellas por roturas en el bogie" (pieza integrada por un eje y dos ruedas) delantero, el mismo que se desprendió el día del accidente.

"La instructora, pese a que el perito judicial dijo que FGV le había informado de que la UTA 3736 no había descarrilado, no hizo nada por contrastarlo", señala el recurso.

La Fiscalía considera que la juez se ha atribuido "un papel que no le corresponde, puesto que es el perito quien debe determinar la posible concurrencia de factores en el accidente investigado".

Asimismo, lamenta que la jueza no dé "relevancia" a la posible responsabilidad de "quien ocultó a la instrucción de la causa que la UTA había sufrido descarrilamientos previos".

Los descarrilamientos no se valoraron como "indicio relevante"

Fue el ministerio público quien el pasado mes de julio presentó un nuevo escrito al juzgado para pedir la reapertura de la investigación tras haber recibido dos denuncias, la primera de ellas de la diputada del PSPV en las Cortes Valencianas Ana Barceló y otra de Antonio Marín Segovia, portavoz de Cercle Obert de Benicalap, después de la emisión del programa de televisión 'Salvados'.

La titular del juzgado recogió en el auto dictado la semana pasada los tres elementos que la Fiscalía presentaba como novedosos pero los desechó al entender que no aportaban ningún argumento novedoso para reabrir la causa.

En el caso concreto de los descarrilamientos anteriores al accidente, explicaba que fueron puestos de manifiesto por "algunas representaciones procesales", pero que no fueron valorados "como indicio relevante de fallo técnico" ni por ella misma, ni por la Audiencia Provincial "ni por el propio Ministerio Fiscal".