La juez culpa al exdirector de Presupuestos de fingir cambios para seguir con el fraude

• Imputa prevaricación y malversación al exdirector general de Presupuestos
• La juez le ha negado un tiempo para estudiar la imputación con su abogado
• Buenaventura Aguilera se ha acogido entonces a su derecho a no declarar

El ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, Buenaventura Aguilera, se ha acogido este martes a su derecho a no declarar después de que la juez instructora del caso de los ERE no le diera tiempo para estudiar el auto de imputación.

Aguilera ha sido imputado de presuntos delitos de prevaricación y malversación por la utilización de las llamadas transferencias de financiación para pagar las ayudas investigadas.

Su comparecencia ha durado poco más de una hora, después de que la juez Mercedes Alaya le haya leído sus imputaciones y a continuación se haya negado a concederle un tiempo para estudiarlas con su abogado.

La juez se ha basado en que no se trata de acusaciones sorpresivas  porque todo lo que se le imputa figura en las actuaciones y su abogado  las conoce sobradamente, según han informado abogados personados en la  causa.

Le culpa de fingir cambios para seguir con el fraude

En concreto, la juez que investiga los ERE falsos de la Junta de Andalucía ha acusado al exresponsable de los Presupuestos de haber llevado un cambio "meramente aparente" en las partidas investigadas para seguir otorgando ayudas sin fiscalizar por la Intervención. 

En el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Efe, Alaya le ha  imputado que a los 45 días de tomar posesión, en el 2009, Aguilera  emitió una instrucción "no publicada en ningún boletín informativo" y  destinada a "aparentar un cambio".

Aguilera, según la juez, "conocía las consecuencias a lo largo de la  década de falta de control y de distorsión de la financiación que  generaba el uso inadecuado de las transferencias de financiación para la  concesión de subvenciones".

De este modo, a partir de ese momento y para el presupuesto del 2010  "desaparecía la partida fraudulenta 440.51.31.L, siendo sustituida por  los artículos correspondientes a los beneficiarios últimos de las  subvenciones, por ejemplo empresas privadas o familias e instituciones  sin fines de lucro".

"Pero fue un cambio meramente aparente porque  el hoy inculpado no trasladaría, como le competía, este cambio  trascendental de la concesión de subvenciones a la reunión de técnicos  que tendría lugar con carácter previo a la elaboración del Anteproyecto  de 2010".

Por ello, la Consejería de Empleo "decidió continuar con  el mismo sistema de no tramitar subvenciones y de no fiscalizar las  mismas", según el acta.

Pese a que Aguilera presuntamente conocía  "las ilícitas consecuencias de la ilícita partida presupuestaria", poco  después tramitó dos modificaciones presupuestarias en la que "la partida  de destino era radicalmente inadecuada, incumpliendo los requisitos que  le son exigibles como director general de presupuestos en la  tramitación de tales modificaciones".

La primera fue en diciembre  del 2009 por 300.000 euros y la segunda en noviembre del 2010 "por nada  menos que 20 millones de euros, aprobada por el Consejo de Gobierno,  significando ambas un aumento de las transferencias de financiación" a  costa del crédito destinado para la concesión de subvenciones.

Manos Limpias solicita una fianza civil de 20 millones

Tras estas decisiones, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares  en la que la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medida alguna y  la única acusación que ha pedido algo es la ejercida por el sindicato  Manos Limpias, que ha solicitado que se le imponga una fianza de  responsabilidad civil de 20 millones de euros más el tercio legal  previsto.

En este sentido, y según las fuentes consultadas, el abogado de  Manos Limpias ha acusado al Ministerio Público de seguir  "instrucciones jerárquicas y políticas".

El pasado jueves, el exviceconsejero de Presidencia y antecesor en  el cargo de Aguilera, Antonio Vicente Lozano, también se acogió a su  derecho a no declarardespués de que la instructora le acusara de  estar haciendo "teatro".