El ministro francés de Interior levanta una gran polémica sobre los gitanos

• Valls: "La mayoría de gitanos no se integran y deben ser expulsados"
• Las declaraciones llegan a seis meses de las elecciones municipales

Manuel Valls al concluir el Consejo de Ministros en el Elíseo este miércoles.

El ministro francés de Interior, Manuel Valls, ha reiterado que “la mayoría de los gitanos” deben ser expulsados de Francia, unas declaraciones tachadas de racistas por ONG y criticadas por algunos miembros de su propio grupo, el Partido Socialista.

"La mayoría (de los gitanos) debe ser llevados hasta la frontera (...) Nuestro papel no es acoger a estas poblaciones", ha asegurado el ministro un día después de haber generado una gran polémica al afirmar que "los gitanos deben regresar a Rumanía y a Bulgaria" porque en Francia no hacen "esfuerzos para su integración".

“Eso mismo se dijo de los españoles“

Varias figuras del Partido Socialista e, incluso, del Gobierno, consideraron erróneas esas palabras de Valls. El ministro de Industria, Arnaud Montebourg, declaró: "Eso mismo se dijo de los españoles, de los portugueses o de los árabes (...) decretar por anticipado que (la integración) es imposible me parece excesivo y debe ser corregido”.

Pero en un contexto en el que varios alcaldes expresan su desasosiego e incapacidad para hacer frente a los problemas derivados de los asentamientos clandestinos y a seis meses de las elecciones municipales, el titular de Interior ha ido más allá este miércoles.

Valls ha insistido en que hay que proseguir desmantelando los campamentos de gitanos que porque "suponen un problema para los vecinos y para los que los ocupan", desde el punto de vista "sanitario y de seguridad".

Apoyos en el PS

El ministro, de origen español, ha recibido también un apoyo indirecto de un peso pesado del PS, el alcalde de París Bertrand Delanoë, que se atribuyó el desmantelamiento de 18 campamenos en la capital a comienzos de este año, informa AFP.

Esta política de desalojo forzoso fue emprendida por el expresidente conservador Nicolas Sarkozy y ha sido criticada por Naciones Unidas. El actual presidente y líder del PS, François Hollande, que este miércoles ha presidido la reunión semanal del Consejo de Ministros, no se ha pronunciado aún sobre la polémica.

Diversas organizaciones humanitarias y judiciales, como la Liga de Derechos Humanos o el Sindicato de la Magistratura, tacharon las declaraciones de Valls de "intolerables" y consideraron que "estigmatizan a una categoría de la población".  Al tiempo, indicaron que contribuyen a identificar de forma "infundada" a "los culpables por sus orígenes étnicos".

Unos 20.000 gitanos, principalmente originarios de Rumanía o Bulgaria, viven en Francia. En 2012, Francia expulsó a 12.800 rumanos y búlgaros sobre un total de 37.000 extranjeros (cifra récord) de extranjeros expulsados.

La Comisión Europea critica las declaraciones

La comisaria europea de Justicia, Vivianne Reding, también ha tachado  de electoralistas las declaraciones de Valls y ha recordado que la UE ha puesto a  disposición de los Veintiocho gobiernos 50.000 millones de euros para políticas de integración que están sin utilizar. "La Comisión recuerda a Francia y al resto de Estados miembros que han  acordado entre ellos y con la Comisión una estrategia europea para la  integración de los gitanos", ha añadido después el portavoz de la Comisión, Olivier Bailly.

Este responsable ha recordado que todos los europeos tienen libertad de circulación y residencia y ha advertido que si estas libertades no se respetan, Bruselas "usará los medios a su disposición" para corregirlo. También se ha referido a la "confusión voluntaria o involuntaria" que existe en relación a las libertades de circulación, residencia y de trabajo en los Veintiocho.

Sobre la primera, ha explicado que es un derecho fundamental, que todos los ciudadanos de la Unión se benefician de ella y que no se ve alterada por la existencia del espacio Schengen o la "Europa sin fronteras", del que no forman parte Rumanía y Bulgaria "por falta de un acuerdo unánime de los Estados miembros". La no pertenencia a Schengen, precisó el portavoz, no impide a los ciudadanos de esos países circular en la UE, y la única restricción que se les aplica es que pueden verse sometidos a controles. 

En cuanto a la libertad para trabajar entre Estados miembros, a pesar de estar prevista en los Tratados desde el origen de la Unión, hay ocho países que imponen restricciones a los ciudadanos búlgaros y rumanos para trabajar en su territorio porque se contempló esa opción en la adhesión de ambos países a la UE. Los países en cuestión son Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Reino Unido y (solo para los ciudadanos rumanos) España, informa Efe. Esas restricciones deben terminar en todos los Estados miembros el 1 de enero de 2014.

Por último, la libertad de residencia de todos los ciudadanos, tiene la limitación de que pasados tres meses, se debe demostrar que se dispone de los medios financieros para subsistir, según ha recordado Bailly.