País Vasco no aplicará el copago de farmacia hospitalaria y Andalucía recurrirá la medida

• El gobierno vasco considera la medida "injusta, injustificable e incongruente"
• Andalucía presentará un recurso de alzada en contra de la medida
• Un grupo de trabajo cifró el ahorro en 1,7 millones hace un año

La ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Congreso de los Diputados.

El País Vasco no aplicará el próximo 1 de octubre el nuevo "copago" por medicamentos dispensados en las farmacias de los hospitales a pacientes no ingresados, mientras que Andalucía, que ya había manifestado su rechazo, ha anunciado que presentará un recurso de alzada.

El consejero vasco de Salud, Jon Darpón ha comparecido este miércoles en conferencia de prensa en Bilbao para explicar la posición del Gobierno Vasco ante esta medida, publicada este semana en el Boletín Oficial del Estado, y según la cual dichos pacientes deberán asumir una aportación por esos medicamentos, con un máximo de 4,2 euros por envase.

El titular vasco de Salud ha considerado esta medida "injusta e injustificable", así como "incongruente clínicamente, inconsistente e inapropiada", y que va en contra de la "solidaridad y equidad", además de invadir competencias y no mejorar la sostenibilidad del sistema.

"Afecta de forma arbitraria y desigual a las personas"

"Afecta de forma arbitraria y desigual a las personas: a unos enfermos sí y a otros no; a unos tratamientos sí y a otros no; a unas patologías sí y a otras no", ha criticado el consejero.

Ha relatado que este martes habló telefónicamente con la ministra de Sanidad, Ana Mato, y le solicitó que reconsidere su aplicación a la vez que le anunció que, en caso contrario, el Gobierno Vasco presentará primero un recurso de alzada y si fuera desestimado, acudiría a los tribunales.

Según ha explicado Darpón, la medida afecta a 43 medicamentos y afectaría a cerca de 4.000 pacientes en el País Vasco enfermos por cáncer, hepatitis crónica, artritis reumatoide, psoriasis o asma grave, entre otras.

Ha criticado que esa cifra supone "únicamente" el 20% de los pacientes que consumen farmacia hospitalaria ambulatoria, lo que, en su opinión, resulta "arbitrario" y demuestra que se trata de una medida "ideológica".

En su opinión, el ministerio ha tomado esta decisión "sin trabajarla, sin reflexión y sin debate", y ha criticado que este asunto "ni siquiera" se trató ni el Consejo Interterritorial de Sanidad del pasado 23 de julio, ni en el encuentro de consejeros de Salud del pasado 14 de septiembre.

"Nos hemos enterado por el BOE y no es de recibo"

"Nos hemos enterado por el BOE y no es de recibo", se ha quejado Darpón.

El responsable vasco de Sanidad ha mantenido que el proceso lógico sería que el Gobierno central retire este copago y se lleve a la Comisión Permanente de Farmacia para su análisis, y, si este órgano así lo considera, se traslade al Consejo Interterritorial de Sanidad.

Iñaki Betolaza ha subrayado que esta medida "causa un enorme perjuicio y ningún beneficio", y está "mal diseñada y poco madura".

Ha asegurado también que aunque se quisiera aplicar en Euskadi -"que no es el caso", según ha precisado- sería "imposible" hacerlo para el próximo martes.

"Es una medida sin sentido y no entendemos el interés en llevarla a la práctica", ha dicho, a la vez que ha manifestado que en la comisión de farmacia se había hablado de esta cuestión, pero aún requería "más reflexión".

La Junta de Andalucía presentará un recuso de alzada en contra

La consejera andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que la Junta presentará, antes del 1 de octubre, un recurso de alzada contra la medida que obligará a los pacientes a pagar parte del coste de los fármacos que retiran de las farmacias hospitalarias de forma ambulatoria.

Para Sánchez Rubio, se trata de una "decisión injusta que rompe con los principios de equidad del sistema sanitario público" y que podría poner en peligro la salud de las personas afectadas, como son pacientes con cáncer y enfermedades infecciosas. En Andalucía, son 90.000 ciudadanos los que tendrían que asumir este nuevo gasto para afrontar su enfermedad que plantea el Gobierno central.

Salud alerta de que este nuevo copago puede suponer un riesgo para la salud de los pacientes y tener graves perjuicios para la ciudadanía, ya que se corre el riesgo de que haya pacientes que pudieran renunciar a su tratamiento al no poder hacer frente al pago. La consejera ha recordado que "no pueden medirse en la misma balanza costes económicos y salud" y que esta medida representará un obstáculo para que los pacientes con rentas más bajas puedan asumirlo, con el peligro que ello conllevaría sobre el control de la enfermedad o la propia vida de los pacientes.

Supone "más costes que beneficios económicos"

"Queremos que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad retire esta medida y así lo trasladaremos nuevamente en la próxima Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial", ha subrayado, al mismo tiempo que ha insistido en que nadie del Gobierno de España responde a la pregunta de por qué se implanta esta medida si realmente no supone un ahorro para la administración sanitaria, y que supone "más costes que beneficios económicos".

Según las estimaciones realizadas hace un año por el grupo de trabajo a nivel nacional que planteaba esta decisión, se cifraba el ahorro en 1,7 millones de euros. No obstante, ha matizado Sánchez Rubio, para aplicar el copago habría que adaptar todos los sistemas informáticos actuales y establecerse un nuevo protocolo de trabajo.

Además, se suma el hecho de que la mayoría de estos pacientes están tomando fármacos que retiran mediante receta en las oficinas de farmacias y que están afectados por el copago que se aplica desde el 1 de julio de 2012. Por tanto, Andalucía se posiciona en contra de esta medida "improvisada" y "no consensuada" por penalizar, una vez más, a los sectores más desfavorecidos.