El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley que desvincula los precios públicos del IPC

• Esta ley entrará en vigor previsiblemente en enero de 2014
• El Gobierno la aplicará en las administraciones central, autonómica y local
• Se quiere promover su adopción voluntaria por parte del sector privado

El IPC dejará de ser la referencia para la actualización de los precios de los servicios públicos

El Gobierno ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Desindexación de la Economía, por el que la actualización de rentas, precios y otros conceptos de las Administraciones Públicas dejará de estar vinculada a la evolución del índice de precios al consumo (IPC).

El Ministerio de Economía y Competitividad ha informado en un comunicado de que esta ley, que entrará en vigor previsiblemente en enero de 2014, supondrá que cualquier revisión de precios regulados deberá estar justificada por la evolución de los costes y no por la inflación.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado en rueda de prensa que esta norma supone la "retirada de los efectos perversos" de la vinculación al IPC y que forma parte de una "cultura de estabilidad de precios que permita mejorar y ganar en competitividad".

El Gobierno aplicará esta ley en las administraciones central, autonómica y local, al tiempo que quiere promover su adopción voluntaria por parte también del sector privado, si bien, en los supuestos en los que falte un acuerdo explícito por contrato, se aplicará la no indexación de forma automática.

No afectará a pensiones, impuestos y negociación salarial

La nueva ley no afectará a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a los salarios del sector público o privado, pero sí a servicios como transportes, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, sanciones  y los precios de los contratos públicos.

Según los cálculos del Gobierno, los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 36.000 millones de euros anuales, el 3,5 % del PIB.

Hasta ahora, los precios de servicios básicos como el agua, la telefonía, los peajes, el tren o los servicios postales se actualizaban cada año utilizando la referencia del IPC y teniendo en cuenta algunos factores.

En concreto, el ministro de Economía Luis de Guindos ha dicho que afectará a los precios de los contratos públicos de obras y suministro y de fabricación, así como a los precios regulados como concesiones administrativas de autopistas, peajes eléctricos, la bombona de butano, el billete de autobús o metro, el agua, las cuotas de abono de telefonía, las tarifas de Renfe o la línea de servicio público de transporte marítimo.

Un ahorro de 700 millones para gastos de hogares

Economía cifra en 36.000 millones de euros los gastos de bienes y servicios con precios regulados que afectan a los hogares, de tal forma que si esa cantidad ya no se tiene que revalorizar conforme al IPC el ahorro podría llegar a 700 millones contando con una inflación del 2%.

También supone un ahorro de costes para las administraciones, ya que por ejemplo el Ministerio de Fomento destina 600 millones a las actualizaciones de servicios de prestación de servicios públicos, ha dicho de Guindos.

El Gobierno quiere además promover la desindexación voluntaria por parte del sector privado, razón por la que ha creado un Índice de Garantía de la Competitividad, que será aplicable a los contratos entre privados que voluntariamente lo acuerden y en aquellos casos en que se haya pactado una cláusula de revisión sin especificar cuál. Este índice tendrá en cuenta la inflación de la zona euro corregida por una parte de la competitividad perdida y, en todo caso, no podrá ser negativo ni superior al 2%.

La ley es retroactiva para contratos de servicio público

De Guindos ha explicado que, una vez entre en vigor, esta norma comenzará a aplicarse para todos los nuevos contratos que se firmen, en tanto que para los precios regulados se establecerá un periodo de seis meses para decidir si la norma será la congelación o el establecimiento de un índice que refleje la evolución de los costes.

En el caso de los contratos de servicio público (por ejemplo, telecomunicaciones o transporte de viajeros) se establece la retroactividad de la norma, lo que implica que desde que entre en vigor la ley se comienza a aplicar a todos los acuerdos ya existentes, aunque se concederá un periodo de tiempo para que el prestador del servicio pueda, si quiere, cancelar el contrato.

Según Economía, con esta ley se evitan los llamados "efectos de segunda ronda" en la economía, uno de los que "más tensiones inflacionistas ha generado en el pasado".

La inflación entre 1999 y 2013 ha sido 12 puntos superior a la media de la zona euro debido a la indexación, lo que genera una rigidez de precios que hace al país "menos resistente a los shock externos que ocurren de forma periódica en el mundo" y deja en el empleo la única opción para ajustar la economía, ha dicho de Guindos.