La juez declara prescritos delitos imputados a siete empresarios, entre ellos hermanos de Báñez

• De los tres delitos, el único que no ha prescrito es el de prevaricación
• La juez investiga supuestas irregularidades en el concurso público

La juez que investiga las supuestas irregularidades en el caso Mercasevilla, ha declarado prescritos dos de los tres delitos que imputa a dos hermanos de la ministra Fátima Báñez y a otros cinco empresarios que concursaron para comprar los terrenos de la lonja.

Según ha avanzado Mercedes Alaya en una providencia a la que ha tenido acceso Efe, ha reconocido que están prescritos los delitos de fraude y exacciones ilegales y maquinación para alterar el precio de las cosas, pero no el de prevaricación.

La juez atiende al razonamiento que le hizo la Fiscalía Anticorrupción, que consideró que el plazo de prescripción para esos delitos es de cinco años.

Por su parte, el contrato para la venta de los terrenos entre Mercasevilla y la empresa Sanma fue firmado en febrero de 2006 y la causa no se dirigió "de manera directa y concreta" contra los empresarios hasta el auto del pasado 7 de junio de 2013.

El empresario José Romero González, presidente de PRASA, fue el encargado de presentar el recurso para declarar prescritos los delitos. Asimismo, su abogado solicitó el archivo de las actuaciones al entender que "no hay indicio directo o indirecto que acredite que se posicionó como inductor o cooperador necesario de los delitos imputados".

No obstante, la Fiscalía pidió que la prescripción se aplicase a los seis restantes: los hermanos Báñez como responsables de la empresa Juan de Robles; Ignacio Bayón, de Realia; Bárbara Gutiérrez-Maturana, presidenta de Azucarera Larios; y Martín Sánchez-Ramade y su hijo, de Edamar.

Estos siete empresarios declararon en junio como imputados ante Alaya y negaron que se concertaran para permitir que el concurso de la venta de los terrenos se adjudicara a la constructora Sanma. Su comparecencia elevó a 24 las personas acusadas en este sumario.

Anticorrupción viene advirtiendo desde hace tiempo este riesgo

Alaya investiga lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" del concurso de venta de los terrenos a la inmobiliario Sanma, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga y ha pedido al fiscal que se pronuncie sobre la posible prescripción del delito de prevaricación.

La Fiscalía Anticorrupción viene advirtiendo desde hace tiempo el riesgo en varios sumarios del caso de los ERE o el caso Mercasevilla.

Según la Fiscalía, los delitos prescritos deben declararse así respecto a los empresarios al concurrir en todos ellos "las mismas circunstancias temporales e identidad en la calificación jurídica de la imputación, por realización de unos hechos semejantes".

Aún así, la juez recuerda que los empresarios pudieron presentar voluntariamente unas ofertas con "carencias" que "cooperaron necesariamente en la adjudicación del concurso a favor de Sanma".