La ONU denuncia la práctica habitual de la tortura en las prisiones de Libia

• Según un último informe, 11 personas han sido torturadas en lo que va de año
• Alrededor de 8.000 personas permanecen detenidas por las milicias
• La ONU no dispone de una cifra definitiva y fiable sobre el número de prisiones

Miembros de las fuerzas de seguridad de la capital libia de Trípoli se preparan para desplegarse en las zonas cercanas al Congreso

La tortura y otros tratos degradantes son recursos habituales en los centros de detención en Libia  y, desde 2011, se han confirmado al menos 27 casos de muertes provocadas por tortura, de las que 11 se produjeron este mismo año. Son las conclusiones del último informe difundido este martes por la Oficina del Alto Comisariado de la ONU para los Derechos Humanos, que específica que la mayoría de estas muertes tuvo lugar en centros de detención.

Estas instituciones, aunque en teoría están bajo control gubernamental, en realidad las dirigen las mismas brigadas armadas que asumieron el control de las prisiones cuando estalló el conflicto armado en Libia en 2011 y se consolidaron tras la caída del régimen. Las once víctimas mortales contabilizadas en 2013 eran hombres de entre 24 y 56 años, que fallecieron con evidentes signos de tortura en centros de detención, fundamentalmente en Trípoli y Misrata, controlados por el Departamento de Lucha contra el Crimen y el Comité Supremo de Seguridad.

Estas instituciones están constituidas principalmente por miembros de las brigadas armadas que en 2011 se levantaron contra el depuesto régimen de Muamar al Gadafi. Entre 2011 y 2012 se registraron 16 de estas muertes, siete en centros de detención controlados por las brigadas de Ali Ibn Abi Taleb, Al-Fursan, Ahrar Libia y Rad Al-Madalim, en la localidad de Zawiya; y cuatro en prisiones bajo la autoridad del Comité Supremo de Seguridad, formado también por brigadas, en Misrata.

Misrata, la ciudad con más detenidos

La mayor concentración de detenidos por su relación con el conflicto armado alcanza la cifra de 2.700, repartidos en siete centros de detención formales o informales de la ciudad de Misrata. Aunque la ONU no dispone de una cifra definitiva y fiable sobre el número de prisiones que hay en Libia, los datos disponibles apuntan a 37 centros custodiados por el Ministerio de Justicia hasta septiembre de 2013, pero la mayoría han sido entregadas al control de brigadas armadas.

El informe distingue tres tipos de centros de detención en Libia, como los controlados por la policía judicial y cuyo personal trabaja allí desde antes de la revolución, como el de Kuweifiya en Bengasi o el de Jdeida en Trípoli.

También hay prisiones controladas por brigadas armadas que se han unido a la policía judicial, por lo que técnicamente están bajo control del Ministerio de Justicia, como es el caso del centro de detención de Mitiga en el aeropuerto militar de Trípoli, controlado por el Comité Supremo de la Seguridad.

En el otro extremo se sitúan los centros de detención informales o improvisados en apartamentos clandestinos o granjas, que escapan completamente a cualquier control gubernamental, sin conexión alguna con las instituciones del Estado. El informe, elaborado por el UNSMIL en colaboración con la Oficina del Alto Comisariado de la ONU para los derechos humanos, se basa en informaciones y testimonios de primera mano recogidos durante más de dos años y visitas a más de treinta centros de detención.

El caso de Saif Al Islam

Un caso que ha llamado la atención de la comunidad internacional es el del hijo de Gadafi, Saif Al Islam, que permanece en manos de una de las milicias más poderosas, la llamada Brigada Zintan, desde que fuera capturado en noviembre de 2011 cuando intentaba huir a Níger.

El caso de Said Al Islam ejemplifica la debilidad del gobierno libio frente a estas milicias, ya que ni siquiera ha podido ponerle bajo custodia en una cárcel oficial. Amnistía Internacional le ha visitado recientemente y ha denunciado sus condiciones de reclusión. La Corte Penal Internacional asegura que Libia es incapaz de someterle a un juicio justo, sobre todo por problemas de seguridad.

Amnistía Internacional denuncia las condiciones de detención de Saif al Islam Gadafi.

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha acusado a Saif al Islam y a Al Senusi de crímenes de guerra y contra la Humanidad, al considerar que desde sus cargos ordenaron o ampararon las masacres de civiles cometidas durante el conflicto bélico. El TPI ha solicitado en varias ocasiones a las autoridades libias que entreguen a Saif al Islam y a Al Senusi para que puedan ser juzgados en La Haya, pero Trípoli se ha negado, argumentando que es capaz de llevar adelante el proceso judicial.

El poder de las milicias

La revuelta de Libia contra la dictadura de Gadafi fue muy diferente a las de Túnez o Egipto,  produciéndose desde el primer momento una militarización que desembocó en una cruenta guerra civil. Estas milicias, con la ayuda militar de la OTAN autorizada por la resolución 1973 de la ONU que permitía la intervención militar aérea, consiguieron destronar al dictador, aunque después se convirtieron en uno grandes obstáculos para la reconstrucción.

Según los datos de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas a Libia (UNSMIL, en inglés), desde que terminó el conflicto unas 8.000 personas permanecen recluidas por su participación en la guerra, la mayoría de las cuales son prisioneros sin las debidas garantías procesales, sin acceso a abogados ni posibilidad de contactar con sus familias.

De estos detenidos, sólo la mitad están bajo custodia de la policía judicial, mientras que el resto fueron retenidos en su día por la policía militar y permanecen bajo control del Departamento de Lucha contra el Crimen o el Comité Supremo de Seguridad.

El informe indica que "muy pocos" de estos detenidos han tenido acceso a un proceso judicial, aunque el pasado 22 de septiembre el país aprobó una ley que establece el límite de 90 días de detención sin juicio para aquellos acusados de crímenes bajo el régimen anterior.

Además, en el último año, los atentados y asesinatos han aumentado desde hace un año en Bengasi, la cuna de la revolución que derrocó al coronel Muamar al Gadafi, hace más de tres años, y al menos 60 personas han muerto, muchos de ellos oficiales de cuerpos de seguridad, según recuentos no oficiales.

Uno de los ejemplos más representativos de la falta de seguridad en el país se vivió durante el ataque de milicias armadas libias contra la embajada de EE.UU.  en Bengasi, el 11 de septiembre del pasado 2012, en el que murió el embajador estadounidense, Christofer Stevens.