Carlos Fabra, a juicio tras diez años de instrucción

• Anticorrupción pide 13 años de cárcel para el expresidente de Castellón
• Le acusan de valerse de su cargo en favor de la empresa fitosanitaria Naranjax
• La causa ha pasado por nueve jueces y varios recursos antes de ir a juicio

Arranca el juicio contra el expresidente de Castellón Carlos Fabra

Casi diez años después del inicio de la instrucción, tras varios recursos y que el caso pasara por manos de hasta nueves jueces diferentes, comienza este miércoles en Nules el juicio al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular de la Unión de Consumidores (UCE) piden para Fabra 13 años de prisión por un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y cuatro delitos de fraude fiscal por los que se solicita una multa de 1,98 millones de euros, además de una indemnización a Hacienda de 693.074 euros.

En la causa, conocida como caso Fabra o caso Naranjax, también están imputados la exesposa de Fabra, Amparo Fernández; el empresario que denunció a Fabra, Vicente Vilar; su exmujer Montserrat Vives, y el exsenador del PP Miguel Prim.

Anticorrupción y la acusación particular acusan a Fabra de haber aprovechado su cargo público para mediar ante instituciones públicas para la obtención de licencias para los productos fitosanitarios que fabricaba la empresa Naranjax, propiedad de Vicente Vilar.

A cambio, según la acusación, Fabra habría cobrado de Vilar cantidades de dinero, habría ocultado a Hacienda ingresos de 1,9 millones de euros y su exesposa de 1,47 millones de euros.

Un delito cometido en 1999

El origen de este proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios.

En el relato de los hechos, la Fiscalía Anticorrupción explica que en 1999 Vicente Vilar era administrador de la empresa de fitosanitarios Naranjax y su entonces esposa de otra empresa que trabajaba para esta.

Ambos se pusieron en contacto con el entonces presidente de la Diputación, Carlos Fabra, para que "valiéndose de dicho cargo y de los contactos que tenía, intermediara y tratara de influir ante los Ministerios de Agricultura y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios" elaborados por Naranjax.

Fabra mantuvo reuniones para tal fin, entre otros, con el entonces senador Miguel Vicente Prim, según el relato de la Fiscalía.

A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por  presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al  proceso ya abierto.

“Durante la instrucción, Fabra siguió al frente del PP de Castellón hasta julio 2012“

El exdirigente popular llega al juicio oral con el único cargo  público de secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón,  puesto que en junio de 2011 abandonó la presidencia de la Diputación  Provincial tras 16 años al frente de la institución, mientras que en  julio de 2012 dejó de dirigir el PP provincial. Este mismo año, dimitió  como presidente de la promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas)  tras el auto de apertura de juicio oral.

Una instrucción plagada de recursos

Carlos Fabra siempre ha defendido su inocencia y ha criticado duramente las numerosas voces que han pedido su dimisión durante todos estos años.

Se mantuvo en su último cargo público como presidente de Aerocas, participada por la Generalitat y por la Diputación de Castellón, hasta que se ordenó la apertura de juicio oral en marzo de este año.

Fabra se mostró entonces "muy satisfecho" porque la apertura de juicio oral acababa "con nueve años y medio de impunidad para diferentes colectivos, grupos políticos y gentuza -afirmó en declaraciones a Efe-. Lo único que han hecho es insultar, mofarse y vejarme a mí y a mi familia", subrayó en aquel momento.

En los diez años de instrucción se han resuelto numerosos recursos de las partes, e incluso la causa fue devuelta al juzgado de Nules cuando se ordenó por primera vez la apertura de juicio oral, ya que la Audiencia intentó que se excluyera el delito de cohecho de la causa.

Finalmente el Tribunal Supremo dio la razón al juez instructor, Jacobo Pin, quien llegó a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial al considerar que se había "perturbado" su independencia, y le dio libertad para ordenar la apertura de juicio oral por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.