Rusia acusa formalmente de piratería a los activistas de Greenpeace detenidos en el Ártico

• La organización ecologista rechaza los cargos 
• Se arriesgan a penas de entre 10 y 15 años de cárcel

El activista de Greenpeace Anthony Perrett hace la señal de la victoria en el tribunal de Mumrmansk, Rusia.

Rusia ha acusado formalmente de piratería a los activistas de Greenpeace detenidos el pasado 18 de septiembre cuando protestaban contra la prospección petrolífera en el Ártico. El crimen de piratería está penado en Rusia con entre 10 y 15 años de cárcel.

El comité de instrucción del tribunal de la ciudad rusa de Murmansk ha comenzado a presentar los cargos a lo largo de este miércoles contra los 30 activistas de diversas nacionalidades detenidos a bordo del barco Arctic Sunrise.

Entrada la tarde, había presentado acusaciones formales de piratería contra 14 de ellos y se esperaba que la audiencia se reanudara este jueves para los 16 restantes.

"Cargos infundados"

Los activistas del Arctic Sunrise protagonizaron una acción contra la plataforma petrolífera Prirazlomnaya, en el Mar de Barents, en la que la empresa rusa Gazprom intenta obtener petróleo de las aguas del Ártico.

"Un grupo de personas a bordo del Arctic Sunrise y con una gran equipación destinada a un fin que todavía no se ha esclarecido violaron la zona de seguridad de 500 metros de la plataforma Prirazlómnaya y se acercaron a ella", explicó el martes un portavoz del Comité de Instrucción para resumir los argumentos de la acusación.

El abogado de la ONG en Rusia, Mijail Kreindlin, ha calificado los cargos de piratería "absolutamente infundados, arbitrarios e ilegales". "Nuestros activistas no tenían ninguna intención de apoderarse de la  propiedad de nadie. No había ningún acto criminal", ha aegurado.

Gazprom planea comenzar la producción de petróleo en esa plataforma en el primer trimestre de 2014,  lo que, según la ONG, aumenta el riesgo de que se produzca un vertido  de petróleo en un área que contiene tres reservas naturales protegidas  por la propia legislación rusa.

Greenpeace afirma que la plataforma se encuentra en un estado técnico "amenazante para el ecosistema ártico" y que fue puesta en marcha "con un gran número de fallos técnicos y sin un plan de liquidación de fugas".