Alaya atribuye los ERE a "responsables a mayor escala" y a una decisión política de la Junta

• La juez imputa por malversación y prevaricación al exviceconsejero Salgueiro
• José Salgueiro se ha negado a declarar por "razones médicas"
• La juez le considera uno de los promotores de las "subvenciones ilegales"

Alaya imputa a Salgueiro consentir las modificaciones investigadas en los ERE

La juez instructora del caso de los ERE fraudulentos presuntamente gestionados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha reiterado su creencia de que el sistema fue diseñado por "responsables de mayor escala" de la Junta y por una decisión política.

Según señala la juez en un auto al que ha tenido acceso EFE,  el nexo entre todos los expedientes investigados no es solo el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, pues este ex alto cargo "ejecutaba un sistema diseñado por sus superiores y responsables a mayor escala, un sistema que respondía a una decisión política y que se crea, indiciariamente, en vía presupuestaria".

Por tanto, no sería Guerrero "el único responsable de las transferencias de financiación, y por consiguiente de la concesión de subvenciones sin observar el procedimiento legalmente establecido y los controles de la Intervención".

En el mismo auto, la juez rechaza la petición de la empresaria Encarnación Poto Monge de abrir una pieza separada para el ERE de su empresa, Aceitunas y Conservas (ACYCO). El objeto es evitar cualquier dilación en una causa que ya acumula 123 imputados.

Imputado el exviceconsejero Salgueiro por prevaricación  

Además, la juez ha imputado por delitos de  prevaricación y malversación de caudales públicos al exviceconsejero  de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004 José Salgueiro.

Salgueiro se ha  acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que su  abogado presentara un escrito acompañado de un informe médico que le  aconseja no someterse a situaciones de "estrés intenso".

De este modo, Salgueiro ha seguido los pasos de los exdirectores  generales de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera y Antonio  Vicente Lozano y del  exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad  Social y director del departamento de Administración y Finanzas de  IDEA Antonio Diz-Lois, quienes se acogieron igualmente a su derecho a  no declarar.

En el acta de su declaración, la juez Mercedes Alaya señala que el procedimiento "ilegal" de  concesión de subvenciones sociolaborales "consistía en utilizar un  crédito presupuestario, las llamadas transferencias de financiación,  no previsto para ejercer dicha potestad subvencionadora, sino para  financiar operaciones genéricas de las empresas públicas, y en usar  una de estas empresas, un ente instrumental como fue IFA, para  realizar los pagos a terceros ordenados por la Consejería de  Empleo".

Según añade la instructora, este procedimiento "al margen de la  ley" se iniciaría, "entre otros", por el inculpado, todo ello "en  virtud del interés de la Junta de dar mayor agilidad a los procesos  de ayudas sociolaborales, pretendiéndose como finalidad básica eludir  el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la  Intervención General, que tantos reparos suspensivos había opuesto en  expedientes pasados como el de Hamsa".

La juez asevera que "este uso ilícito de fondos públicos se  realizaría presuntamente con absoluta discrecionalidad, incumpliendo  los más elementales principios de actuación de la Administración,  consagrados en el Estatuto de Autonomía, como el de imparcialidad,  transparencia y no discriminación, y los principios rectores de la  actuación subvencionadora: publicidad, libre concurrencia,  objetividad e igualdad".

Modificaciones presupuestarias

Con ello, las subvenciones "se convertían en desplazamientos de  fondos públicos a terceros por mera liberalidad",  critica la  instructora, quien añade que para llegar a instaurar este  procedimiento y disponer de gasto público "el paso previo era lograr  dichos créditos presupuestarios, las denominadas transferencias de  financiación, que eran ajenas al procedimiento subvencional", una  actuación en la que se "incardinaría" la participación de José  Salgueiro.

Agrega que, durante los años 2000 y 2001,  "se optaría por actuar  de espaldas" a la Ley de Presupuesto a través de las modificaciones  presupuestarias. Así, la Consejería de Economía y Hacienda, de la que  Salgueiro era viceconsejero, a fin de dotar de fondos a la partida de  las transferencias de financiación, habría tramitado un total de  siete modificaciones presupuestarias "al margen de los presupuestos"  de los años 2000 y 2001 que supusieron una suma de 93 millones de  euros.

"El segundo paso después de dos años de andadura", según la  magistrada, fue la introducción de dicha partida presupuestaria de  las transferencias de financiación en el presupuesto de 2002 y en los  sucesivos ejercicios económicos, una "tarea" en la que el encausado  "tendría una importante participación, sobre todo teniendo en cuenta  que el director general de Presupuesto Antonio Roig llevaba tiempo de  baja por una larga enfermedad y aquél atendía sus asuntos".

Leyes contrarias al ordenamiento jurídico

De esta manera, y a fin de incluir la partida "fraudulenta" en la  Ley de Presupuestos, "se aprovecharía la complejidad del lenguaje  presupuestario, pues la clasificación económica del gasto por  artículos y subconceptos sólo es accesible a expertos", dando como  resultado unas leyes de Presupuestos "que eran frontalmente  contrarias" a gran parte del ordenamiento jurídico, y en concreto a  la Constitución o al Estatuto de Autonomía.

La magistrada señala que la inclusión en el presupuesto de esta  partida de transferencia de financiación "dio lugar a un uso  completamente arbitrario de los fondos públicos, sin procedimientos  ni control, y además desmesurado, asumiendo compromisos por encima  del techo presupuestario" y generándose un déficit que en los años  2003 y 2004, siendo el imputado viceconsejero y luego consejero de  Hacienda, ascendió a 38 y 93 millones, respectivamente.

La juez, asimismo, acusa a Salgueiro de que, "conociendo el  procedimiento arbitrario instaurado, que podía generar menoscabo de  fondos públicos", habría contribuido a "alimentarlo" con cinco nuevas  modificaciones presupuestarias entre 2002 y 2004 ascendentes a 32,1  millones de euros.

"Alteración de la realidad del presupuesto"

En último lugar, y según el relato de la magistrada, José  Salgueiro "daría instrucciones o al menos sería sabedor" de que con  este procedimiento "era necesario alterar la realidad del presupuesto  de explotación del IFA", ya que al recibir los fondos de la  Consejería de Empleo y figurar éstos como ingresos, "hubo que simular  en la elaboración del citado presupuesto de explotación de la agencia  la existencia de gastos por parte de la misma, cuando sólo se  realizaban pagos con los fondos recibidos, gastos inexistentes que se  consignaban en la partida 'otros gastos de explotación'".

Tras lectura de la imputación por parte de la juez, se ha  celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que ni la  Fiscalía Anticorrupción ni la acusación que ejerce la Junta han  interesado medida alguna, mientras que el PP ha pedido que se adopten  las medidas que la juez considere "adecuadas a derecho" y el  sindicato Manos Limpias ha solicitado que se le imponga una fianza de  responsabilidad civil de 20 millones.

El abogado de Manos Limpias ha aseverado que Salgueiro "ha tenido  posibilidad de explicar su participación en los hechos y justificar  su inocencia", pero su negativa a declarar "lo que hace es poner de  manifiesto de una forma más que evidente los indicios criminales que  sobre el mismo recaen, habiendo participado activamente desde sus  puestos de responsabilidades en una ingeniería presupuestaria con un  fin fraudulento y arbitrario".

De su lado, el letrado del exviceconsejero se ha opuesto a la  imposición de una fianza civil "por la falta de fundamento" de la  imputación y por la "falta de necesidad" para su adopción en base a  que "ya se han adoptado multimillonarias medidas que en esta causa  garantizan sobradamente las eventuales y futuras resultas civiles del  proceso".

Además, ha alegado que dicha fianza civil es "innecesaria",  ya que  Salgueiro "tiene un patrimonio conocido reflejado en registro público  y transparente, sin que exista riesgo ni posibilidad de que sea  alterado, modificado u ocultado".

La próxima declaración por el caso ERE tendrá lugar el próximo  martes, cuando comparecerá ante la juez la exconsejera de Economía y  Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra de Fomento Magdalena  Alvarez.