La Fiscalía Anticorrupción pide 48 años para el expresidente de Damm por fraude y blanqueo
- La Fiscalía solicita 14 años de cárcel para su hijo y actual presidente
- Anticorrupción también ha solicitado la apertura de juicio oral contra ambos
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este jueves en la Audiencia Nacional un escrito solicitando la apertura de juicio oral contra el que fuera presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Coll; su hijo y actual presidente, Demetrio Carceller Arce y otras dos personas como responsables de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales. Se solicitan 48 años y seis meses de prisión para el primero y 14 para el segundo.
En el escrito se señala igualmente una responsabilidad civil de más de 72 millones de euros por fraudes a la Hacienda Pública Estatal y a la de la Comunidad Autónoma de Madrid a la que deberán responder solidariamente los cuatro acusados, que además de los ya señalados son José Luis Serrano Florez, hombre de confianza de Carceller Coll, y el asesor Gabriel Ignacio Petrus labayen. La Fiscalía pide 41 años de cárcel para Pretus y 19 para Serrano Flórez.
Auto del juez Ruz
El instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, aseguró en el auto de transformación de sumario dictado el pasado 11 de septiembre que Carceller Coll, "con la finalidad de eludir sus obligaciones tributarias, inició, al menos desde los años 90, una actividad dirigida a ocultar que su residencia efectiva y real radicaba en España", en concreto en la calle Marqués de Riscal de Madrid.
El objetivo era "poder ocultar sus rentas y patrimonios a la Hacienda Pública española mediante la utilización de estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte en paraísos fiscales". El juez cree que, mediante este sistema, Carceller ha defraudado desde el año 2001 -los ejercicios anteriores han prescrito- más de 72 millones de euros, 42.348.099 euros por el IRPF y 29.698.772 del Impuesto sobre el Patrimonio.
En este proceso, Carceller habría contado con la colaboración de su hijo, Demetrio Carceller Arce, del abogado Gabriel Ignacio Pretus y del apoderado José Luis Serrano Flórez.
El hijo, según Ruz, "participa activamente en la gestión del patrimonio de su padre y, especialmente, en las inversiones inmobiliarias que tienen en Arizona", realizando las gestiones necesarias "para ocultar todas las rentas" de su padre y para simular su residencia fuera de España. El abogado Pretus se habría encargado "de articular todas las sociedades" de Carceller, mientras que el apoderado Serrano actuaba de intermediario en estas gestiones.