La Fiscalía pide archivar la causa contra dos hermanos de la ministra Báñez por prevaricación

• El Ministerio Público no ve indicios suficientes contra estos empresarios
• Después de que la juez declarara prescritos delitos de fraude y maquinación

La Fiscalía de Sevilla ha pedido que se archive la causa por prevaricación contra dos hermanos de la ministra Fátima Báñez y otros cinco empresarios que concursaron para comprar los terrenos de Mercasevilla, lo que puede suponer su salida definitiva de la causa al estar prescrito el delito de fraude y maquinación.

La Fiscalía de Sevilla, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, dice que aunque el delito de prevaricación no está prescrito, "no ve indicios suficientes para imputar ese delito a los empresarios" que concursaron y que declararon como imputados el pasado 14 de junio.

Este escrito se produce después de que la juez instructora del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, declarase, el pasado 30 de septiembre, que habían prescrito los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales, pero no el de prevaricación, que imputó a los empresarios.

La juez había imputado a los empresarios José Romero González, presidente de PRASA; a los hermanos Juan Nicolás y Eduardo Báñez como responsables de la empresa Juan de Robles; a Ignacio Bayón, de Realia; a Bárbara Gutiérrez-Maturana, presidenta de Azucarera Larios; y a Martín Sánchez-Ramade y su hijo, de EDAMAR.

Estos siete empresarios elevaron a 24 las personas acusadas en este sumario, uno de los cuatro en que se desgajó el caso Mercasevilla, entre las cuales figura el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU).

La juez investiga lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" del concurso de venta de los terrenos a la inmobiliaria Sanma, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga.

La Fiscalía no ve "indicios suficientes"

Ahora, la Fiscalía afirma que "no hay indicios suficientes, a día de hoy, para considerar acreditada mínimamente la participación de los imputados" en el delito de prevaricación.

Añade que los empresarios fueron acusados de presentar ofertas "de relleno y con un posible pacto de fijación artificial del precio" para que Sanma fuese la adjudicataria, y aunque eso puede constituir un delito de alteración de precios en subastas públicas, "no llega a constituir, per se, también un acto de cooperación necesaria de un 'extraneus' en un delito de prevaricación posterior".

La juez Mercedes Alaya ha dado traslado de este escrito de Anticorrupción a las partes acusadoras -el PP, el PSOE, el PA, la propia Mercasevilla y la Asociación de Mayoristas de la lonja- para que se pronuncien.

De confirmarse el archivo respecto a los siete empresarios, sería el primero que se dicta respecto a alguno de los 150 imputados en el caso Mercasevilla y en el de los ERE, que se derivó de él, desde que comenzó a instruirse hace tres años, pues la juez Alaya solo ha declarado prescrita la responsabilidad penal de un "intruso" en los ERE debido a su fallecimiento.