La sentencia del 'caso Malaya' pone fin este viernes a casi ocho años de investigación

• El juicio, que tuvo 199 sesiones, quedó visto para sentencia en julio de  2012
• Los principales acusados se enfrentan a penas de entre siete y 30 años
• Roca y Muñoz llegarán a la Audiencia desde la cárcel de Alhaurín de la Torre

La sentencia del 'caso Malaya' pone fin este viernes a casi ocho años de investigación

A las 11:00h de este viernes se pondrá punto y final al caso de corrupción urbanística más importante de la historia de la democracia española, el caso Malaya. En la Audiencia de Málaga se hará pública la sentencia de una trama que provocó el desmantelamiento y disolución del ayuntamiento de Marbella, y que ha juzgado a 95 acusados.

La solución al caso llega tres años después de que comenzara el juicio y casi ocho desde que se  iniciara la investigación. Pasó por dos jueces de instrucción y el macrojuicio, en el que desfilaron los acusados, más 400 testigos y peritos, ha desembocado en el escrito del tribunal formado por los magistrados José Godino, presidente de la Sala; Rafael Linares y Manuel Caballero Bona, que han dado forma al texto cuidadosamente desde el verano de 2012.

Todo ha sido descomunal en este proceso judicial: la duración del procedimiento, iniciado en el año 2006, con cuatro años de instrucción hasta llegar a un juicio que empezó el 27 de septiembre de 2010 y que duró casi 22 meses; el tamaño ingente de la documentación (200.000 folios de sumario que tuvieron que ser custodiados en un búnker); la magnitud de una trama que afectó a todo el desarrollo urbanístico de Marbella y cuyos tentáculos se extendieron por varias provincias andaluzas y llegó a las comunidades valenciana, murciana y madrileña; el número de procesados, solo superado por el actual caso de los ERE, también en Andalucía. Por todo ello, más de 300 periodistas están  acreditados.

Escándalo político en entregas y folletín televisivo

El 29 de marzo de 2006 explotó la operación policial con registros en el  Ayuntamiento y otras dependencias municipales, sobre todo relacionadas  con el urbanismo, y con la detención de una veintena de personas. Entre  ellas, la entonces alcaldesa Marisol Yagüe; Juan Antonio Roca, que era su asesor  urbanístico; y la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos.

Desde entonces, el  número de detenidos e imputados se multiplicó y tras dos sucesivas fases de detenciones, el número de causas y procedimientos abiertos creció hasta la treintena.

Los ríos de tinta no solo corrieron en el sumario, sino también en los medios de comunicación, por la escalada social de un caso en el que se vieron implicados conocidos abogados y empresarios  de sectores tan dispares como la construcción, el fútbol o los toros.

La detención en mayo de 2007 de la cantante Isabel Pantoja, pareja entonces del alcalde Julián Muñoz, causó la irrupción en el caso del ingrediente 'rosa'. Tertulias televisivas con entrevistas exclusivas incluidas han teñido el escándalo político de sensacionalismo, triángulos amorosos y un juicio paralelo catódico.

Este viernes, dos serán los protagonistas: el principal acusado y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca,  y el exalcalde Julián Muñoz, los únicos que siguen en la cárcel además del constructor José Ávila Rojas -este por otra causa-, y que vendrán conducidos desde la  prisión malagueña de Alhaurín de la Torre.

Roca cumple condena por los procedimientos  denominados Saqueo, Urquía y Belmonsa, tres de los procedimientos iniciados a raíz de la operación Malaya, mientras que Muñoz está en  prisión preventiva por un delito de blanqueo de capitales en el caso Blanqueo, conocido  también como caso Pantoja, en el que también fue condenada a dos años su expareja, Isabel Pantoja, que no ingresó en prisión por no tener antecedentes penales.

Lectura "pública y sucinta" del fallo

Debido a su extensión, la sentencia será notificada en formato digital tras la lectura "pública y sucinta" del fallo, que está previsto que dure 40 minutos. La resolución cuenta con un índice y un apartado respecto de cada uno de los acusados, aunque Roca acapara gran parte del documento. Además, se dedican unos 150 folios a resolver las cuestiones previas planteadas por las defensas.

Una vez que se conozca el fallo del Tribunal, alguna de las acusaciones podría solicitar a la Sala la  celebración de una "vistilla" para determinar si se toman medidas  cautelares contra los procesados que hayan sido condenados a penas de  cárcel elevadas o no hayan comparecido.

La Fiscalía Anticorrupción, pendiente del caso desde el primer momento, acusó finalmente a 86 personas de las 95 iniciales -dos de los acusados han fallecido, el tasador José Mora y el marchante de arte Jean Fournets-, ya que el fiscal Juan Carlos López Caballero, que se ha encargado de la causa desde el inicio de la investigación y también durante la vista oral, retiró la acusación a nueve personas, entre ellas la hija de Roca, y alcanzó un acuerdo con tres procesados. Además del ministerio fiscal, ejercen la acusación el Ayuntamiento marbellí, la Junta de Andalucía y la Agencia Tributaria.

Peticiones de cárcel de entre siete y 30 años

El entramado gira alrededor del asesor urbanístico del Ayuntamiento  marbellí, Juan Antonio Roca, quien, pese a no ser un cargo electo,  ejercía supuestamente una posición de dominio sobre la Corporación, por  lo que está considerado el presunto cerebro de la red. No solo habría amasado un gran patrimonio personal, sino que habría constituido "una verdadera organización" que, "bajo su dirección,  gestionaba y administraba su patrimonio".

“Piden 30 años de prisión para Roca y 10 para el exalcalde Julián Muñoz“

Por eso, el fiscal pide para él la pena más alta, 30 años de cárcel y 880 millones. Roca está acusado de blanqueo de capitales, prevaricación, malversación, fraude y cohecho. El exalcalde Julián Muñoz se enfrenta a 10 años por malversación y cohecho, aunque también se le acusa de prevaricación.

Para la también exalcaldesa Marisol Yagüe, a la que se acusa de malversación de caudales, fraude, cohecho, alteración para el precio de concursos y cohecho pasivo para acto injusto, el fiscal pide 16 años de prisión, además de inhabilitación y multa.

Hay varios exediles acusados, como Isabel García Marcos, para la que demandan 12 años de prisión por cohecho, malversación y alteración de precios de concursos; o Tomás Reñones, exfutbolista del Atlético y alcalde transitorio, que se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel por los mismos tipos delictivos que Julián Muñoz. Para el exedil Pedro Román se piden 21 años de cárcel por delitos contra la hacienda pública y blanqueo.

En cuanto a los empresarios, se les solicita siete años de prisión a cada uno por fraude y cohecho; al constructor José Avila Rojas, diez años de cárcel por cohecho y blanqueo; y a Rafael Gómez, conocido como Sandokán, 18 meses por cohecho.