El Consejo de Europa advierte a España de que los recortes socavan los derechos humanos

• Subraya que los recortes en educación afectan a la igualdad de oportunidades
• El Consejo muestra su preocupación por el uso de balas de goma
• Publica un inforrme sobre España tras visitar el país el pasado mes de junio

El Consejo de Europa tira de las orejas a España por los recortes en sanidad, educación y políticas sociales. El comisario de Derechos Humanos de esta organización internacional, Nils Muiznieks, ha hecho público el informe que ha elaborado sobre nuestro país tras visitarlo el pasado mes de junio.

Muiznieks ha asegurado este miércoles que los recortes "han conducido al preocupante incremento de la pobreza de las familias en España" y que "tienen repercusiones desfavorables en el disfrute de los derechos humnos", según un comunicado del Consejo de Europa.

Los más perjudicados por esta situación, señala el comisario, son los niños, los jóvenes y los discapacitados, y pide para ellos una "protección especial".

Se deberían aprovechar los períodos de crisis "como oportunidad para ajustar sus sistemas nacionales de derechos humanos" y "mejorar la eficiencia de los sistemas nacionales de seguridad social", según el comisario europeo en su informe.

En este sentido, el texto dice que "España debería asegurar una protección social mínima para todos".

El comisario pide alojamientos alternativos cuando se produzcan desahucios de familias con hijos y que "no se excluya a ningún niño de la atención sanitaria independientemente de la situación legal de sus padres".

Muiznieks alienta al Gobierno a que España se adhiera a la Carta Social Europea (revisada) y a su sistema de reclamaciones colectivas, que pueden "prevenir el aumento de la tensión social y el menoscabo de los derechos sociales y económicos".

Preocupación por los recortes en materia educativa

En el informe se muestra la preocupación por los recortes presupuestarios, de entre un 14,4 % y un 21,4 %, en el ámbito de la Educación durante los últimos tres años, que afecta a la igualdad de oportunidades.

También pide a las autoridades que reconsideren la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, "instrumento esencial para promover el respeto por el pluralismo, los valores de la democracia y el Estado de derecho".

El comisario europeo destaca en el informe que 100.000 discapacitados carecen de hogar, que solo entre el 1% y el 4% de ellos se beneficia de la Ley de Autonomía y que 800.000 no pueden ejercer su derecho al voto.

En declaraciones a Efe, ha precisado que se ha hecho "un trabajo excelente con los discapacitados en las dos últimas décadas". Elogia por ello las mejoras para proteger los derechos humanos de los 3,8 millones de personas con discapacidad, en especial la Ley de Dependencia.

Preocupación por el uso de balas de goma

Muiznieks también aborda en el informe algunos casos de violencia policial. Expresa su preocupación por el uso de balas de goma en las manifestaciones contra los recortes y la dificultad para la identificación de los agentes de policía.

Así, pide que el nuevo modelo de identificación de la Policía Nacional sirva de modelo para el resto de fuerzas del orden.

El informe solicita al Gobierno que "erradique la detención incomunicada, porque genera más violaciones de derechos humanos".

Además, pide al Ejecutivo español que "ponga fin a la práctica de conceder indultos a miembros de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que hayan cometido graves vulneraciones de derechos humanos, tales como la tortura".

Muiznieks ha asegurado a Efe que España tiene una estructura nacional "muy fuerte" en protección de derechos humanos y ha destacado la labor del "excelente" trabajo que realizan las numerosas ONG implantadas en España.

Durante su visita a Madrid y Sevilla, Muiznieks se entrevistó, entre otros, con la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato; el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román; y el subsecretario de Educación, Cultura y Deportes, Fernando Benzo.

Además mantuvo reuniones con el director general de la Policía, Ignacio Cosidó; el embajador para los Derechos Humanos, Juan Manuel Cabrera; las delegadas del Gobierno andaluz, María del Mar Moreno y María Jesús Montero Cuadrado; y los defensores del Pueblo de España y de Andalucía, Soledad Becerril y José Chamizo, respectivamente.